Felipe Morales Mogollón

Hace poco más de una semana, en los últimos días de abril, un grupo de investigadores del CTI llegó de nuevo hasta las entrañas de las salas de video de la Casa de Nariño. Lo hicieron en medio de una diligencia de inspección que tenía como finalidad recaudar las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudieron haber capturado los denominados “cónclaves”.

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia tomó duras decisiones frente al escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El expresidente del Senado Iván Name y el de la Cámara Andrés Calle fueron enviados a la cárcel La Picota, en el marco de una medida cautelar de detención preventiva por considerarlos “un peligro para la comunidad” y porque en libertad podrían continuar con la “mercantilización de la función legislativa”.

En medio del escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se ha dado un tire y afloje entre la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz y la Fiscalía por los beneficios judiciales que recibiría a cambio de la colaboración con la Justicia, se dio una reunión de alto nivel en la que se habló del motivo por el cual le cerraron la puerta a un principio de oportunidad.

El evidente retroceso en seguridad en el país, reflejado en los asesinatos y plan pistola contra policías y militares, generó alarma en la Procuraduría que tomó la decisión de llamar al tablero al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para establecer si se está haciendo la debida verificación e inteligencia para proteger la vida de los uniformados. Plan Pistola.

REVISTA SEMANA: El exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, lo acusa de participar en una reunión, en agosto de 2023, en la que estuvieron, entre otros, Olmedo López y César Manrique Soacha, en la que acordaron no solo el traslado de 100 mil millones sino un porcentaje para los presentes en la reunión.Gerardo Vega: Debo indicar que ni en esa reunión, ni en ningún otro escenario se me ofrecieron o solicité porcentajes, dineros o cualquier otro tipo de beneficio. Nunca en mi vida he permitido que se me realicen ofrecimientos de esa naturaleza y eso es de conocimiento público.

Mientras avanza la investigación por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el escándalo más grande de corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a uno de los más importantes protagonistas de esta trama corrupta y quien habría dado la orden de torcer congresistas se le perdió el rastro.

El embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, acusado de graves maltratos contra su expareja Beatriz Niño y de secuestrar a sus hijos cuando, de común acuerdo, viajaron al país africano de vacaciones y no los regresó, sigue “atornillado” a su cargo pese a que supuestamente le habían pedido la renuncia.

Violencia de género y machismo, esos dos factores se han conjugado en el juicio por un caso de feminicidio ocurrido en Putumayo, en el que, en medio del proceso, el abogado del presunto homicida arremetió contra Andrea Arteaga, la jueza Primera Penal de Mocoa, generando incluso investigaciones de la Comisión de Disciplina Judicial y de la Fiscalía.En el crimen murió Mónica Patricia Guerra, presuntamente a manos de John Eduardo Pardo. Pero, llama la atención que el abogado del presunto feminicida, Jaime Cabrera, no solo ha buscado la forma de dilatar el proceso, sino que atacó a la jueza.

Cada vez que aparece en escena Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, hay polémica. Ha entrado a la cárcel a hablar con extraditables, ha solicitado esquema de seguridad, ha tratado de meterse en los procesos de paz y hasta le dieron pasaporte diplomático sin tener derecho. 25000234100020240103800_22_Autosinterlocu_20241038Declaratermi_0_20250411142448853_TAGrabarDetallereserva13... by felipemoralesprensa Justamente, ese capítulo de los pasaportes diplomáticos, que no tuvo ninguna respuesta clara por parte del Gobierno, acaba de ser cerrado.

El escándalo que se conoció cuando la representante de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, trató de sacar sin autorización a su hijo del país, falseando documentos y que fue atajada cuando inexplicablemente ya había pasado los filtros de migración, tiene un nuevo y extraño capítulo.Pese a que Albaladejo trató de sacar del país ilegalmente al menor el 25 de febrero de este año, él tiene nacionalidad colombiana y hay graves denuncias de posible maltrato y abuso sexual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) decidió dejar esto en el paisaje y ante una