El gigantesco escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) le acaba de dar un coletazo demoledor al exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Su exjefe de la oficina jurídica, Pedro Antonio Rodríguez, lo acusó por direccionar el contrato para la venta de aguardiente, por el cual está siendo investigado ante la Corte Suprema de Justicia.El asunto es así: Pedro Rodríguez está involucrado en el saqueo a la UNGRD, como asesor jurídico de Olmedo López en la entidad, donde aprovechó para hacer negocios oscuros y entregar millonarios contratos a cambio de coimas. Fue un eslabón clave en el préstamo y la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira por 48.000 millones de pesos, con sobrecostos y direccionado, del cual salió el dinero para entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros 1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara.El caso Camilo Romero Para que la Fiscalía le aprobara el principio de oportunidad, Rodríguez no solo confesó sus fechorías en la UNGRD, también aportó información sobre la participación del exgobernador de Nariño, hoy precandidato a la presidencia por el petrismo, Camilo Romero.El asunto resulta espinoso para Romero, quien justamente ha venido dilatando su juicio con diferentes maniobras al punto que en la Corte Suprema de Justicia le tuvieron que asignar un abogado de oficio, lo que generó un duro enfrentamiento en el alto tribunal, donde Romero argumentó que le estaban violando sus derechos.Sin embargo, el preacuerdo, que permitirá que Rodríguez recupere la libertad es claro: “Suministró información relevante de los hechos de corrupción que se presentaron en el 2016 en el proceso contractual del negocio de licores en Nariño. En este evento, el postulado en su entonces condición de jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Nariño, bajo la subordinación del gobernador de la época, Camilo Romero, hizo parte del acto de corrupción junto con otros funcionarios de este ente territorial” (ver foto).Advierte la información entregada por Rodríguez que su exjefe Romero se “interesó indebidamente en la suscripción del Decreto 364 del 24 de agosto de 2016, por medio del cual se fijó la escala de venta del aguardiente Tradicional Nariño y en la adjudicación irregular del contrato de compraventa del aguardiente a la Organización Licores Nariño”. En los interrogatorios entregados en la fiscalía, Rodríguez Melo dio detalles respecto a la forma cómo se desarrollaron todos los actos irregulares encaminados a lograr la adjudicación del contrato. La información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.Así las cosas, las dilatadas audiencias de Romero en la Corte Suprema de Justicia tendrán un nuevo e incómodo invitado para el exgobernador, quien declarará todo lo que conoce sobre el corrupto negocio de la licorera de Nariño.Pero lo que tiene sentado a Rodríguez Melo ante la justicia es su participación en el saqueo a la UNGRD, entidad en la que también fueron contratadas personas cercanas a Camilo Romero, como es el caso de Alethia Carolina Arango, subdirectora para la Reducción del Riesgo de la UNGRD, quien también trabajó con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.Melo dará información de seis contratos irregulares que entregaron en la UNGRD con el fin de enriquecerse y que superan los 108 mil millones de pesos.Lo más indignante es que se trata de contratos que debían ser entregados a poblaciones de escasos recursos que se quedaron esperando las obras.Por ejemplo, materiales de construcción por un monto de 519 millones de pesos, para obras en el municipio de San Pablo, Nariño. La ya conocida compra de 40 carrotanques, que fue la génesis del escándalo en la UNGRD; y otro para ayuda humanitaria en Quibdó, Chocó, por 1.340 millones, en este caso era para comprar tejas de zinc para los damnificados.En el inventario del saqueo, en el que participó Rodríguez Melo y que ahora está confesando, también está la compra de 20 carros de bomberos para atender la ‘situación de desastre de 2022′.Tenían lista la compra de otros 20 carrotanques, y otra compra de tejas de zinc para los pobladores del municipio de Guapí en el Cauca.Todos estos negocios ilegales iban en sociedad con el contratista pastuso, Luis Eduardo López Rosero, quien también está colaborando con la justicia.
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