El Gobierno del presidente Gustavo Petro que ha llenado de gabelas a los grupos criminales del país sin importar si se trata de disidencias, ELN, reductos paramilitares o simples organizaciones delincuenciales, ahora presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las asonadas y secuestros realizadas contra militares y policías en el país.Al búnker de la Fiscalía llegó el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Héctor Gabriel Rondón, para presentar la denuncia por presuntos crímenes de guerra, en esas actuaciones en las que los grupos armados están instrumentalizando a la población para obligar el retiro de los militares y hasta los han secuestrado por días con amenazas de muerte.Según el viceministro Rondón, estas organizaciones han cometido la “violación al derecho internacional humanitario, constreñimiento ilegal, extorsión, concierto para delinquir, asonada y uso de la población civil como escudo humano contra acciones militares”. Denuncia - Disidencias Huila by Felipe Andrés Morales Mogollón Estas acciones contra militares y policías vienen ocurriendo a lo largo del gobierno Petro sin que se tome ninguna medida, e incluso han sido justificadas de forma inexplicable, como “cercos humanitarios”.Sin embargo, parece que la gota que derramó el vaso fue la última acción emprendida presuntamente por la disidencia Carlos Patiño, al mando de Iván Mordisco, que secuestro a 72 militares en El Tambo, Cauca, hace apenas unos días.Por eso solicitó puntualmente a la Fiscalía, “investigación formal contra los máximos responsables de la disidencia Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado Estado Mayor Central, en especial sus cabecillas”. Para interponer su denuncia, el viceministro se refirió a información que recibió de primera mano en un consejo de seguridad que se dio en La Plata, Huila, el 13 de agosto de 2025. Según se lee en la denuncia: “el 2 de agosto de 2025, alrededor de las 10 de la mañana, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado Balén, en el municipio de La Plata (Huila), recibió una amenaza directa por parte de integrantes de la disidencia Hernando González Acosta. Le exigieron que movilizara a toda la comunidad hacia la vereda Las Acacias, con el objetivo de obligar al Ejército a abandonar el territorio”. Esta información, entregada de forma verbal al viceministro, advertía que “el líder comunal activó una alerta a través de un grupo de WhatsApp, donde convocó a los habitantes y propuso formar una comisión para dialogar con los soldados. Sin embargo, lo que en principio parecía un intento de mediación pacífica, pronto se convirtió en una maniobra de coacción por parte del grupo armado”.La narración advierte que, nuevamente, la presión de los ilegales contra la comunidad funcionó y finalmente “el Ejército, para evitar un enfrentamiento, accedió a retirarse temporalmente. La comunidad, creyendo que la situación se había resuelto, comenzó a dispersarse. Horas más tarde, los ilegales volvieron a contactar a los líderes, asegurando que no había certeza de que los militares hubieran abandonado por completo la zona”.El grupo armado ordenó una nueva movilización, esta vez más riesgosa: exigieron que una delegación se adentrara en los caminos de montaña cercanos al departamento del Cauca para “rastrear” al Ejército y asegurarse de su salida. Con esta información, el viceministro hizo un inventario de diferentes acciones de la población contra militares y policías coaccionadas por los ilegales, por los que pidió, puntualmente, las investigaciones. Sin embargo, esto resulta una contradicción, pues ha sido el mismo Gobierno quien ha dado carta libre a estos grupos para delinquir e incluso ha solicitado a la Fiscalía el levantamiento de las órdenes de captura.El documento, conocido por SEMANA, se refiere al secuestro de 31 soldados en La Plata, Huila, el 21 de junio de 2025, pero en el texto lo califican como retención.También hace referencia a otro secuestro de 57 militares, presionado por las disidencias de las FARC, en El Tambo, Cauca, el 22 de julio; y otro más el 11 de septiembre, en el que incluso trataron de prender fuego a los militares.Para el Gobierno esta instrumentalización de la población es violatoria de los tratados internacionales, “la presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares”.
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