César Jiménez Flechas

Más de 180 ciudadanos recibieron un mensaje o una llamada de una entidad bancaria, una notificación de que el crédito o tarjeta de crédito fue aprobada, el problema es que ninguno había solicitado ese producto. Todos se convirtieron en víctimas de una banda de delincuentes sobrados en ideas y escasos de moral. La Policía adelantó una investigación que estableció un modus operandi, una forma efectiva para de sacar créditos a nombre de otras personas, con cédulas falsas o robadas.

La pena contra los exdirectivos de la multinacional Bananera Chiquita Brands, señalados de conformar y apoyar grupos paramilitares, llegó a los 11 años de cárcel y por el delito de concierto para delinquir. El caso, que estaba por prescribir, logró completar el juicio y fijar una sentencia condenatoria que se convierte en un importante logro para la Fiscalía y la confirmación de que los procesados sabían y apoyaban la conformación de los grupos paramilitares en norte del país.

La difícil y corta historia del menor de edad, quizá como la de muchos adolescentes en Colombia, pero que convirtió los problemas familiares y la pobreza en una herramienta para el crimen, en un intento de asesino, se volvió protagonista en el caso por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Ahora la Fiscalía lo acusó formalmente y el próximo 4 de agosto se realizará la audiencia. El ente acusador radicó el escrito de acusación en su contra por los delitos de tentativa de homicidio y tráfico de armas.

Ada Paola Baracaldo fue identificada y judicializada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Pasó de trabajar en el cielo a defenderse de señalamientos en la tierra. Era azafata y de acuerdo con la Fiscalía, aprovechó su cargo para meter miles de dólares a Colombia. La Fiscalía presentó a la mujer ante un juez de control de garantías para imputar cargos y explicar en detalle por qué su trabajo en el cielo se convirtió en la excusa para delinquir.

Ante un juez de control de garantías, fue presentado Cristian Camilo González, señalado de participar en el plan criminal para atentar en contra del senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en Bogotá.Cristian Camilo González, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, tenía una misión específica, sacar del lugar de los hechos al menor de edad que disparó al precandidato presidencial. Su objetivo terminó frustrado tras el alboroto luego de los disparos.A la cárcel fue enviado el sexto capturado por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Gabriel Ángel, un firmante de paz que estuvo por más de 30 años en las Farc, al lado de los máximos comandantes de esa guerrilla, reconoce que nunca, en esas tres décadas de conflicto, estuvo tan cerca de la muerte como ahora, fuera de la selva, en Bogotá, donde viste traje de paño y está custodiado por un robusto esquema de seguridad. A Ángel lo intentaron matar con una poderosa bomba lapa, que se pega con imanes a las latas de un carro; 15 kilos de pentolita, suficientes para despedazar cualquier vehículo.

Desde el pasado 13 de abril, cuando se vio por última vez a Tatiana Hernández, sentada en unas rocas, frente al mar en Cartagena, han surgido diferentes versiones sobre su desaparición. La Fiscalía adelanta una investigación que, después de tres meses, ha dejado pocas pistas y resultados, pero una nueva hipótesis podría cambiar la historia. La familia de Tatiana recibió una llamada en la que advertían que la desaparición de la joven médica estaba relacionada con hechos de corrupción en el Hospital Naval de Cartagena, donde realizaba una rotación de práctica.

Hace dos semanas, la fiscal Luz Adriana Camargo asistió a un evento internacional con autoridades judiciales de distintos países y como antesala a una cumbre de mayor nivel. Allí, resaltó la importancia del trabajo “proactivo” entre instituciones. Sin embargo, lo que dijo con contundencia, lo olvidó con su propia firma. La fiscal resaltó a los asistentes de la reunión anual del Programa de Asistencia de la Unión Europea, la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

La tragedia de una familia bogotana que llegó a la isla de San Andrés para celebrar el Día del padre, se convirtió en una investigación formal en la Fiscalía.

La fiscal Luz Adriana Camargo le recordó a la Justicia Especial de Paz (JEP) que fueron 17 los informes que entregó la Fiscalía a esa jurisdicción, con un total de 223.282 casos identificados, 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El balance de esclarecimiento y decisiones de la JEP está lejos de compararse con justicia. La jefe del ente acusador aseguró que hay un cuello de botella en la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP (SRVR).