César Jiménez Flechas

No hubo final feliz en la relación que, por años, compartieron Day Vásquez y Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. El matrimonio se desbarató cuando, entre otras cosas, el exdiputado confirmó una relación con Laura Ojeda, la entonces mejor amiga de Day Vásquez. Ahora le apunta a una demanda de divorcio.En ese momento, las fotos en las redes sociales de Day Vásquez y Nicolás Petro cambiaron por mensajes con fuertes advertencias por presuntos hechos de corrupción que, más tarde, se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía.

“Las discusiones se dan en los estrados judiciales y no en las redes sociales”, es la frase que abogados y funcionarios de la justicia tienen como himno para evitar afectar las propias investigaciones en las que tienen un papel protagónico.Sin embargo, para la defensa de Nicolás Petro, la frase parece ajena.Así quedó reflejado en una andanada de mensajes en redes sociales que lanzó el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, para criticar y reprochar a Day Vásquez, testigo en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente Gustavo Petro.

Recientemente, el presidente de la República, Gustavo Petro, atribuyó a una supuesta “junta del narcotráfico” en Dubái la mayoría de los problemas del país, incluso el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.De esa organización criminal no se tienen detalles. Ni siquiera los informes de inteligencia del propio gobierno nacional, a través de la fuerza pública, ha revelado detalles de un grupo criminal dedicado al narcotráfico que tenga como sede Dubái.

En Bucaramanga y Sabana de Torres, Santander, fueron ubicados los responsables de liderar una banda de falsificadores de pesos colombianos y mexicanos, dólares y euros, que eran comercializados por redes sociales. Cinco personas fueron capturadas y judicializada por la Fiscalía. “Se trata de los hermanos Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza, Eduar Fabián Sánchez Aro, Maycol Edwar Calvo Monroy y Nancy Rodríguez Núñez.

La pieza clave de las chuzadas que se ordenaron en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la investigación que realizaba la seguridad presidencial por un hurto en el apartamento de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete y mano derecha del primer mandatario, está en la oficina de anticipaciones, ubicada en el piso 13 del edificio de la Dian, diagonal a la Casa de Nariño. SEMANA conoció la investigación contra quien sería el eslabón perdido de este escándalo.

Hace más de un año, Mario Burgos, el entonces fiscal del caso contra Nicolás Petro, anticipó que se vendría una nueva imputación de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro, ahora por hechos de corrupción. La advertencia se cumplió y la fiscal del caso radicó la solicitud.

Los operativos de la fuerza pública en el norte del país se incrementan y en el curso de las operaciones adelantadas por el Ejército nacional en el departamento de César, logró el sometimiento de un grupo de delincuentes que harían parte de las estructuras criminales conocidas como el Clan del Golfo.Los delincuentes, de acuerdo la información del Ejército, eran responsables de mantener en zozobra a la comunidad de varios municipios de ese departamento, incluso de entregar información a otras estructuras, con el objetivo de atacar a la fuerza pública en algunos desplazamientos.

El juicio contra dos policías de la Dijín procesados por la manipulación de los informes judiciales que derivaron en la interceptación de comunicaciones Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos exempleadas de Laura Sarabia, terminó y la Fiscalía pidió una condena en su contra.

Un campesino que la Fiscalía identificó como Armando Javier Quenorán vivía en la vereda El Edén de Santacruz de Guachavés, en el departamento de Nariño, y estaba dedicado a la cría de ganado.En junio de 2010, lo señalaron de ser un informante del Ejército y el ELN lo asesinó.“Armando Javier Quenorán, un campesino de la vereda El Edén de Santacruz de Guachavés (Nariño), dedicado a la cría de ganado, fue señalado por una estructura del autodenominado Frente Comuneros del Sur ELN de ser informante de la fuerza pública.

Esta semana, miembros del Ejército fueron víctimas de un ataque demencial y los responsables se disfrazan de ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta. Los responsables rociaron gasolina y quemaron a dos militares en el departamento de Putumayo. Los militares participaban en un operativo de erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína, cuando fueron víctimas de una asonada de supuestos ciudadanos que terminaron rociando con gasolina a los uniformados y les prendieron fuego. Dos uniformados resultaron gravemente heridos.