Felipe Morales Mogollón

La caída del preacuerdo que había establecido la Fiscalía con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), puso en evidencia cómo uno de los capítulos más escandalosos del saqueo a la entidad estaría pasando de agache con la venia del ente acusador, que se apresuró a brindar beneficios y permitió, por falta de medidas, la fuga de César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, quien hoy es prófugo de la Justicia.Barreto no es una ficha más en el rompecabezas corrupto de la UNGRD.

Emilio Tapia, quien podría ser calificado como uno de los contratistas más corruptos del país, salió nuevamente al ruedo. Pese a ser protagonista de los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá y de Centros Poblados, en medio de los cuales confesó sus delitos y pidió perdón, ahora estaría detrás de otro multimillonario contrato, esta vez en Barranquilla, para la ejecución de obras de infraestructura de la red hospitalaria. Tapia estaría moviendo los hilos de esta licitación que alcanza un monto de 100.000 millones de pesos.

El concurso de méritos para elegir notarios ha estado marcado por la polémica. El proceso que busca fortalecer la transparencia y garantizar que los cargos se adjudicaran con base en el mérito generó una dura división entre los integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) por posibles irregularidades.En una comunicación enviada el 19 de agosto al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, por primera vez en la historia dos miembros del CSCN presentaron su renuncia al órgano colegiado ante las posibles irregularidades y falta de transparencia.

La promesa de paz total del presidente Gustavo Petro se convirtió en un retrato de horror, muerte y terrorismo que sacude al país. El accionar de los fortalecidos grupos criminales revivió escenas que los colombianos quieren dejar atrás.En Antioquia, 13 policías fueron asesinados tras un ataque criminal de las disidencias de las Farc de alias Calarcá a un helicóptero que transportaba a uniformados para erradicar cultivos ilícitos.

En el magnicidio de Miguel Uribe Turbay aún hay muchas piezas sueltas y pocos avances sobre la autoría intelectual del crimen. La Fiscalía y la Policía hasta el momento han logrado desarticular la banda de Élder José Arteaga, alias el Costeño, pero este no es más que el jefe de una oficina de sicarios y de la olla de microtráfico ubicada en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

Un nuevo escándalo salpica al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por su gestión al frente de la intervenida Air-e. SEMANA obtuvo el documento que prueba que Hernán Alberto Silva, uno de los hombres de confianza de Edwin Palma y antiguo Jefe de Compras, envió un correo (ver imagen) para que, un día después de ser constituida la empresa Macro Integral Soluciones S.A.S., se ganara un contrato al que ya Air-e le ha girado 14.000 millones de pesos.Se trata de un contrato que fue suspendido por los cuestionamientos que generó, pero que se manejaba en voz baja.

Detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, está la sombra de un peligroso criminal sobre el cual cada vez se conocen más detalles de su violenta vida delictiva. Élder José Arteaga, alias el Costeño, pasó de trabajar en una barbería al tráfico de drogas, y de ahí a montar una peligrosa oficina de sicariato, en una red que ha llegado a otros países. Los asesinos a sueldo incluso cometían homicidios en otras ciudades.

La fuga del menor de edad relacionado con el atentado contra Miguel Uribe Turbay resulta un golpe demoledor a la investigación. No se trataba de un testigo cualquiera, era una de las personas más cercanas a Élder José Arteaga, alias el Costeño, cerebro de la acción criminal.

En la investigación por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía dio con un testigo hasta ahora secreto, pero determinante para establecer todo lo que se movió detrás del crimen.

Rechazar, por carecer de competencia para su estudio, las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 639 de 2025 “por el cual se convoca una Consulta Popular”.