La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una carta a la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, quien hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde se discutirá el proyecto de Presupuesto para el 2026, que fue radicado por el Gobierno nacional.En la carta, Marín alerta de un recorte para los ingresos de la entidad y los problemas que esto podría traer a su funcionamiento. Según dijo, en lo planteado para el próximo año contaría con una cuota de inversión de 85.610 millones de pesos y un presupuesto de funcionamiento de 1,128 billones de pesos. El tema es que en el 2025 había recibido 1,252 billones de pesos, de los cuales 1.130 billones de pesos fueron utilizados en gastos de funcionamiento y 122.300 millones de pesos para inversión, lo que refleja una disminución de 38.291 millones de pesos con respecto al año anterior lo que afectaría directamente este rubro.La Defensoría había proyectado un presupuesto total para la vigencia de 2026 de 1,33 billones de pesos, de los cuales, 1.19 billones de pesos corresponderían a funcionamiento y 151.851 millones de pesos para inversión, por lo que Marín pide que se tengan en cuenta estas cifras para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad.“A partir de estas cifras, la variación porcentual entre 2025 y 2026 evidencia una reducción global del 3,06 % en los recursos totales asignados a la entidad. La mayor disminución se presenta en los recursos de inversión (30 %), mientras que el presupuesto de funcionamiento registra una reducción de -0,14 %”, reclamó.Marín se quejó porque este ajuste presupuestal podría comprometer la ejecución de proyectos estratégicos para el fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo.En consecuencia, Marín dijo que, frente a la necesidad real de contar con 1.34 billones de pesos de presupuesto, se identifica un déficit de 129.984 millones de pesos con respecto a lo planteado por el Gobierno.Entre las razones que explicó la defensora del Pueblo por las que necesita estos recursos está la respuesta humanitaria en contextos de alta presencia de grupos armados ilegales, que afectan gravemente los derechos de las comunidades más vulnerables del país.Asimismo, dijo que, actualmente, en 391 municipios de los 32 departamentos del país hay una alerta temprana vigente por riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, lo que se suma a las alertas electorales o relacionadas con líderes sociales, que incrementa los riesgos en estos territorios.El reclamo se presenta de cara a las elecciones del próximo año, en las que la Defensoría jugaría un rol fundamental para garantizar que se puedan prevenir casos de violencia en los comicios a la Presidencia y al Congreso.La discusión sobre el Presupuesto fue aplazada debido al duelo que se decretó por parte del Congreso mientras se le rinde un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
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