Cuando César Manrique Soacha dirigía el Departamento Administrativo de la Función Pública, se desarrollaron unas polémicas capacitaciones con tinte político en las que se exaltó al antiguo grupo guerrillero M-19.SEMANA conoció, por fuentes que han formado parte de la entidad, detalles de estos momentos en los que fueron invitados conferencistas afines a las ideas del Gobierno para enaltecer los ideales del antiguo grupo criminal al que perteneció el presidente Gustavo Petro y montar una narrativa de defensa de sus causas.Una de las capacitaciones ocurrió en agosto de 2024, en el segundo piso del edificio de la Función Pública. Cientos de personas habían ingresado para ese entonces por concurso de mérito mediante convocatorias públicas hechas a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil; es decir, no tenían ninguna cercanía política ni nadie los había recomendado. Sin embargo, tuvieron que pasar por este filtro para entrar a la entidad. La convocatoria se hizo en 2022, las pruebas en 2023 y entraron el año pasado. Eran más de 100 personas.La inducción duró algo menos de tres horas y gran parte fue para escuchar a César Julio Zabala Archila, quien, según los presentes, exaltó al grupo guerrillero. Los asistentes dicen que eso no estaba contemplado en la agenda. En la charla se hizo un recuento de la historia de Colombia por capítulos en los que en varios momentos se destacaba la labor del M-19. “Era una historia para favorecerlos”, dijo una persona que estuvo allí, pero quien pidió la reserva de su identidad.Uno de los temas que se abordaron en esa capacitación fue la toma del Palacio de Justicia de 1985, en la que se montó la narrativa de que los victimarios fueron las Fuerzas Armadas y no los guerrilleros que asaltaron ese lugar. “Mostraban al M-19 como un salvador de Colombia”, agregó la persona que estuvo presente en esa charla.Zabala, según los presentes, habló largo y tendido sobre cómo los guerrilleros habían combatido las “injusticias” de ese momento, la “discriminación” y habían luchado contra la pobreza del país; y que el M-19 era un grupo de campesinos que estaba buscando otro camino distinto al de las armas. Fue tal la defensa que una persona lo comparó con las historias de Robin Hood, que les quitaba a los ricos para darles a los más pobres. Les sorprendió que no se mencionara nada sobre secuestros y robos, entre otros delitos que cometieron.No se trató de la primera capacitación bajo la administración de Manrique de ese estilo. Otras personas cuentan que, recién Petro posesionó al exdirector de la entidad, los llevaron a la Casa de la Paz, un espacio en el barrio Teusaquillo, en Bogotá, que ya es reconocido porque fue fundado por excombatientes de las Farc firmantes del acuerdo de paz de La Habana.Allí les mostraron parte de ese relato en el que dicen que también se exaltó lo que hicieron los exguerrilleros. Lo que sorprendió a muchos fue que se hiciera apenas ingresaban a la Función Pública, pues se trataba de un filtro para poder ejercer sus labores en esa entidad. “Era una información parcializada a su favor”, reclamó una de las personas.A varios funcionarios les molestó que desde la entidad se estuvieran llevando a cabo estas capacitaciones que, consideraban, que no tenían nada que ver con sus funciones y que claramente tenían un tinte político para contar solo un lado de la historia, ignorando a las víctimas del M-19.Aunque varios reclamaron en voz baja por miedo a represalias, una de las personas que asistieron a estos encuentros se quejó públicamente porque viene de familia de militares, por lo que consideraba que se estaba dejando una mala percepción sobre el trabajo del Ejército Nacional y no se estaba teniendo en cuenta esa visión del relato.“¿Qué tiene que ver esto con el Estado colombiano?”, reclamó alguien que formó parte de estos encuentros. Por ejemplo, en la posesión de los funcionarios que entraron por concurso de méritos el año pasado, él les reclamó en términos generales que sabía que había funcionarios que habían trabajado en otros Gobiernos y que, por lo tanto, formaban parte del “continuismo” y la “corrupción” de mandatos que, según él, estaban “desangrando” al país. Toda una paradoja, cuando hoy Manrique es prófugo de la Justicia por su papel en un sonado escándalo de corrupción. El exdirector habló de personas que iban a “rascarse la barriga” y prometió hacer filtros para contrarrestar a quienes no fueran cercanos al pensamiento del Gobierno durante el periodo de prueba, lo que varios consideraron que fue “un discurso maltratador”.Otro evento fue una novena navideña que se realizó el año pasado, un mes después de la renuncia de Manrique, tras resultar salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, por el que hoy está imputado. Varios funcionarios quedaron sorprendidos cuando, en medio del encuentro navideño, uno de los directivos pidió una oración por el exdirector y reiteró en varias ocasiones que sería inocente y estaba siendo “perseguido” por la oposición. Sin embargo, lo cierto es que hoy la Justicia ha encontrado que se le habría pagado una coima de 3.000 millones de pesos en efectivo, en medio del entramado de corrupción de la UNGRD. “Nos quedábamos callados, ese tema allá es vetado”, contó uno de los asistentes a ese encuentro.Además, aseguran que cuando Manrique fue condenado este año por el caso de las motos eléctricas en la Alcaldía de Bogotá de Petro, en la que él era el director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, algunos directivos reclamaron y se lamentaron reiterando que, supuestamente, es “víctima de persecución por parte de la oposición”.“Régimen del terror”Según las mismas fuentes, el trato de Manrique con los funcionarios no era el mejor. Una de las personas aseguró que se vivía un “régimen del terror”. Incluso, muchos de los funcionarios que entraron por concurso de méritos prefirieron renunciar ante la situación que se vivía. “Hay muchos casos de acoso laboral y maltrato”, afirmó una de ellas. Además, contó que en ocasiones no les daban permisos para ir a citas médicas o les pedían reponer esas horas.Todo eso generó que desde el año pasado hasta hoy se hayan creado dos sindicatos que antes no existían en la entidad: el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Colombia (SNTS) y el Sindicato del Departamento Administrativo de la Función Pública.Una de las razones para tomar esa decisión es que los funcionarios buscaban contrarrestar lo que estaban viviendo en el interior de la Función Pública con la dirección de Manrique. El tema es que eso habría generado presiones sobre algunos a los que les estaban pidiendo que se salieran, afectando el derecho sindical.Según las fuentes consultadas dentro de la entidad, hoy sigue habiendo personas cercanas a Manrique. Incluso, se dice que el Partido Esperanza Democrática, con el que ha hecho política en Fusagasugá, de donde es oriundo, todavía tiene incidencia.La colectividad nació en 1991 tras la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL). Los funcionarios aseguran que hay poca evidencia de las capacitaciones y espacios en los que se presentaron esas visiones, pues siempre les pedían dejar el celular fuera de los encuentros o eran muy cuidadosos en no permitir que se grabara cualquier tipo de contenido.Manrique hoy es buscado por la Justicia para que responda por el escándalo de la UNGRD y por las motos eléctricas. Por ahora, el presidente Petro no se ha referido a su caso, a pesar de que se trata del funcionario que tenía que velar por el correcto cumplimiento de la contratación de su Gobierno, fortalecer las instituciones y la confianza en la administración pública.
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