El Estado colombiano tuvo que hacer gestiones diplomáticas ante la dictadura de Nicolás Maduro para evitar que el régimen suspendiera la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país.Las gestiones involucraron a varios actores que mantienen relaciones con el Palacio de Miraflores, entre ellos Suiza, que pidió la mediación, además, de España, Francia, Países Bajos, Alemania y la Unión Europea. Sus delegados se encontraron en una reunión en Caracas, capital venezolana, semanas atrás para evitar a toda costa que se rompiera la comunicación entre esa instancia y el Palacio de Miraflores.En la cita compartieron de manera confidencial sus apuntes sobre cómo conseguir apoyo diplomático para lograr una presencia permanente de esa oficina de derechos humanos en el territorio venezolano, por cuenta de las tensiones políticas que ha tenido Maduro con quienes denuncian las irregularidades que se cometen dentro de sus fronteras y en las que los actores estatales suelen ser responsables.Así quedó constatado en un memorando que envió la Embajada de Colombia en Caracas a la Cancillería, al que tuvo acceso SEMANA. En este se confirmó que los países están buscando un encuentro con el alto comisionado para ese asunto, Volker Turk, pues temen que se rompan las relaciones entre el Estado venezolano y la institución más importante de derechos humanos del sistema internacional.Aunque el Gobierno de Gustavo Petro no habla en micrófonos contra Maduro, en ese memorando sí se expresó que Venezuela no está autorizando el pleno funcionamiento de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues solo ha permitido la presencia de la representante Helene Devaux, “sin un marco de actuación claro”.“Desde las elecciones presidenciales de 2024 (28 de julio) se ha agudizado la represión contra los actores de la sociedad civil, incluidos casos de detenciones arbitrarias y situaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en los centros de detención”, reconocieron los diplomáticos colombianos en ese oficio al que tuvo acceso SEMANA. Incluso, en el documento detallan que ese organismo de Naciones Unidas y la CICR son las instancias que les han brindado atención a los colombianos detenidos en Venezuela, pues el acceso a esta población ha sido limitado para las autoridades consulares.Los llamados internosLas gestiones no terminaron ahí. Colombia prestó apoyo diplomático durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó durante la última semana de junio para pedir ante las más altas instancias de la política exterior que se garantice la presencia de los delegados de Naciones Unidas en Venezuela. El memorando de la embajada deja claro varios asuntos. Primero, que, aun cuando el presidente Gustavo Petro no condena las violaciones a los derechos humanos del régimen públicamente, sus funcionarios sí han hecho movidas internas para alertar sobre esa situación. Segundo, que el Palacio de Miraflores ha estado a punto de impedir el accionar de los organismos internacionales en su territorio. Es más, a las organizaciones de derechos humanos de carácter nacional, como Provea y Foro Penal, las ha señalado de generar violencia en el marco de las elecciones solo por presentar las denuncias sobre las irregularidades que ocurren en el país.Llama la atención el silencio en redes sociales de la administración Petro para condenar lo que sí cuestiona en reuniones privadas. En febrero de 2025, esa oficina borró un comunicado en el que les solicitaba a las autoridades venezolanas proceder con la liberación de los colombianos detenidos y les reclamaba entregar información a los consulados sobre la situación de estas personas. SEMANA pudo corroborar, mediante un derecho de petición enviado a la Cancillería, que esa misiva de dos páginas advirtiendo sobre las violaciones a los derechos humanos de los connacionales fue eliminada de las redes sociales por solicitud de un asesor del Ministerio. Mientras no persiste una condena pública a las detenciones arbitrarias para los colombianos, las familias de estas personas han contactado a SEMANA pidiendo volver a publicar sus casos, pues, aseguran, el Gobierno Petro no las ha escuchado ni las ha ayudado a conseguir la liberación de sus seres queridos. Estas personas están esperando que la canciller encargada, Rosa Villavicencio, les abra un espacio de reunión para presentar sus casos.El problema presupuestalOtro memorando de la Embajada de Colombia en Venezuela enviado a la excanciller Laura Sarabia advirtió sobre el recorte del 50 por ciento de los fondos de cooperación de Naciones Unidas para Venezuela, disminución de recursos que tendrá un especial impacto para los programas que se desarrollan en la frontera binacional.A la Cancillería colombiana le preocupa la reducción de presupuesto para programas de salud, educación, migración y salud sexual y reproductiva en 25 municipios pertenecientes a 9 estados venezolanos. El Ministerio también estuvo advirtiendo sobre este tema en medio de una reunión con el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, y cinco embajadores de los países que pertenecen a la Comunidad del Caribe (Caricom).La Embajada de Colombia en Caracas cree que se activó una política de “máxima presión” contra el régimen para afectar la economía del país y en ese memorando citó datos como el retroceso en el crecimiento del producto interno bruto y, además, se documentó un repunte en la inflación.En ese sentido, las movidas diplomáticas de Colombia para evitar que se agrave la crisis con el Estado vecino también estuvieron encaminadas a propender por una reducción de los recortes presupuestales, punto en el que resaltaron la necesidad de mantener esfuerzos humanitarios y de desarrollo.“Se hizo una solicitud explícita por parte del coordinador residente para que, por favor, a través de nuestras misiones diplomáticas, se solicite a nuestras cancillerías desarrollar gestiones y buenos oficios ante las oficinas centrales de Naciones Unidas en Nueva York”, se lee en el memorando con fecha del 7 de mayo.Ese documento también describió las presiones del régimen a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pues señaló que la dictadura no había autorizado para entonces el ingreso al país de los funcionarios de la oficina. Entonces, el despacho lleva varios meses trabajando solo con una persona.La administración Petro decidió mantener relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro a pesar de los señalamientos internacionales que existen contra el Palacio de Miraflores por los casos de violaciones a los derechos humanos que han documentado las organizaciones que hacen presencia en el país. Esa amistad, sin embargo, no ha dado frutos para liberar a los colombianos detenidos de forma arbitraria en Venezuela. ¿Servirá para evitar una ruptura con las instancias de Naciones Unidas?
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