La Constitución Política de Colombia acaba de cumplir, el pasado 4 de julio, 34 años desde su promulgación. Un hito en la construcción democrática de nuestro país que aún tiene una promesa incumplida: la descentralización. Después del cambio constitucional, los departamentos quedaron con una estructura fiscal precaria –con impuestos correctivos que tienden a decrecer– a diferencia de los municipios que fueron autorizados para gravar la propiedad inmueble. Además, dos reformas constitucionales redujeron de 46 a 20 por ciento el traslado de los ingresos de la nación a los entes territoriales. A esto se suma el centralismo derrochón del Gobierno de Gustavo Petro, que gasta a manos llenas, priorizando en inversiones que poco o nada ayudan al desarrollo regional. Las regiones tienen grandes necesidades y retos, pero no cuentan con los recursos suficientes para responder a las demandas de la ciudadanía. Por ello, valoro la propuesta que impulsa un grupo de ciudadanos para posibilitar un cambio constitucional, por medio de un referendo. Ellos proponen cambiar el artículo 298 de la Constitución para que sean los departamentos y el Distrito Capital los únicos que puedan gravar la renta de las personas naturales y jurídicas que allí residen. Para que no haya lugar a un desequilibrio entre las regiones, el recaudo será propiedad de los 32 departamentos y el Distrito Capital en su conjunto, con una distribución bajo los principios de solidaridad territorial, concurrencia, coordinación, subsidiariedad, equidad social y eficiencia.Históricamente, la aplicación de los tributos más importantes de la nación no ha mejorado las condiciones de los colombianos en las regiones. Qué testimonio sobre esto tienen Chocó, San Andrés o Vichada. Si el referendo se aprueba, las regiones duplicarán sus ingresos y el beneficio será para la gente. Por ejemplo, las personas naturales y jurídicas de Antioquia le aportaron en 2024 más de 40 billones de pesos a la Dian por concepto de renta; las de Bogotá cerca de 70 billones de pesos. Con el referendo en marcha, recibirían no menos de 10 billones de pesos. Su reglamentación –que no debería tomar más de dos años– y de las mal llamadas “transferencias” comparten un efecto positivo: eliminar los excesos del nivel central. Cuando los habitantes de un territorio sienten que con sus impuestos financian la producción de más y mejores bienes y servicios públicos para su provecho, eligen mejores gobernantes y son más vigilantes de la inversión pública. Gobiernos regionales autónomos competirían por tener más ciudadanos y empresas, incentivando la productividad territorial. Si hay más autonomía, hay una mayor eficiencia y transparencia del gasto público.Con el referendo y una ley de competencias, las regiones tendrían que encargarse de resolver tareas como los servicios públicos, la infraestructura vial, el ordenamiento territorial, la vivienda, entre otros; mientras que el nivel central estaría a cargo de la seguridad, la justicia, las relaciones internacionales y la política macroeconómica. La nación no se va a quebrar por cuenta de profundizar la autonomía fiscal de las regiones, trámite que avanza en el Congreso de la República. Es hora de honrar la promesa de descentralización que quedó plasmada hace 34 años en la Constitución del 91. *Gobernador de Antioquia
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