El viernes pasado, 20 de junio, se adelantó la conciliación de los artículos que conforman la reforma laboral, el florero de Llorente por el cual el presidente Gustavo Petro anunció una consulta popular a través de un ‘decretazo’, que despertó serias controversias jurídicas. La aprobación de la reforma bajó la espuma a la discusión y hasta el mismo gobierno celebró la conciliación. Después de conocer las votaciones de la conciliación de la reforma laboral en Cámara y Senado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo: “el Gobierno Nacional y el presidente de la República recibimos con enorme alegría y satisfacción lo que acaba de acontecer”.“Este agrado obedece a que, por la vía del trámite parlamentario de un debate álgido, candente, pero leal, le estamos entregando a los colombianos y colombianas, a los de ahora, los del futuro y a los no nacidos, una reforma laboral democrática, progresista en clave de derecho y de trabajo digno y decente”, señaló. Y agregó: “Es una reforma, que protegerá los derechos de los trabajadores, recuperará los perdidos, incorporando nuevos, pero al mismo tiempo, contribuyendo a la consolidación del aparato productivo del país. Además, honra compromisos de Colombia con la comunidad internacional y con organismos como la OIT”.Sin embargo, hay otra cara de la moneda. Para las micro y pequeñas empresas (MiPymes), la reforma avanzó sin un enfoque diferencial claro que reconozca sus capacidades limitadas frente a las grandes empresas. “Reiteramos que los cambios estructurales en la legislación laboral deben tener en cuenta el principio de progresividad y establecer regímenes especiales o fases de implementación diferenciadas, como lo reconoce la misma Constitución Política”, señaló Rosmery Quintero, presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme y directora ejecutiva de Acopi Atlántico.En este contexto, la firma de abogados Posse Herrera Ruiz preparó un análisis sobre los puntos más sensibles de la reforma. Advirtió que el texto “mezcla las banderas del Gobierno Petro y algunas de las modificaciones y ajustes que con gran esfuerzo se lograron por parte de sectores moderados, cambios estos que si bien aligeran la catástrofe que hubiera sido el texto de partida sigue siendo un duro golpe a muchos sectores e inclusive a los ciudadanos”.Dentro de los aspectos más relevantes y los puntos más controversiales destacó los siguientes:Jornada y recargos nocturnos. El horario diurno será de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.; el nocturno, de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. entrando en vigor seis meses después de la sanción presidencial de la reforma y se ratifican las 8 horas diarias y 42 horas semanales como jornada máxima. El recargo por trabajo nocturno afectará de manera grave a las micro, pequeña y mediana empresa que, además, son las generadoras de más del 75% del empleo en el país, advierte el análisis. “Negocios de barrio, pequeños comercios, restaurantes familiares y otros negocios similares tienen sus ventas importantes después de las 7 de la noche. Esa carga no podrá ser soportada, forzando a su cierre o a la informalidad. No se tuvo en cuenta este sector que ha sido muy golpeado en últimos años con impuestos, regulación excesiva y ahora con cargas adicionales. Por otro lado, el sector hotelero, restaurantes, entretenimiento y cualquiera que opere en la noche verá un impacto importante”, agrega el informe. En su análisis, la firma resalta que Colombia es de los países en el mundo y en la región en que la jornada nocturna comienza más temprano. “En muchos se considera nocturno desde las 9 o 10 de la noche, pero aquí seguimos ajustando la norma laboral a la luz del sol”.Recargo dominical y festivo del 100%. Es otra disposición que, si bien se implementará de manera gradual hasta 2027, implica un mayor costo con impacto negativo de nuevo en la pequeña, micro y media empresa. “No se consideró alivio alguno tampoco y se vuelve un factor de aumento de la informalidad en muchos sectores que en los últimos años se habían formalizado”, señala el estudio. Aprendices Sena. Este controvertido artículo que obliga a contratar laboralmente a los aprendices, la firma lo calificó como “altamente perjudicial” para el proceso de crecimiento e incorporación a la vida profesional de miles de estudiantes jóvenes. Si a los empresarios se les obliga a contratar aprendices como trabajadores con el costo, proceso y consecuencias que ello implica, muchos preferirán cerrar sus puertas a las prácticas profesionales y pagar la cuota de compensación, anticipa el informe. “Contrario a beneficiar a los aprendices les cierra las puertas, pero, eso sí, el Sena se convertirá en otra fuente de recaudo debilitándose como institución educativa. Recibirá dinero y dejará de formar jóvenes”, concluye.Contratos a término fijo. Se prohíbe en la reforma la prórroga más allá de cuatro años en los contratos a término indefinido en línea con la intención del Gobierno de privilegiar los contratos a término indefinido. De acuerdo con el informe, no atiende claramente la reforma la realidad y dinámica empresarial, pues les resta flexibilidad a los empleadores en la administración de su personal.“Mucho se habló durante la discusión del “trabajo por horas”. La propuesta inicial no era trabajar por horas, ni comprimir la semana a 4 días. Era la intención de quienes promovieron estos artículos no aprobados, darle flexibilidad a la relación laboral. Muchos jóvenes, trabajadores independientes, empleados del sector salud y otros no pueden trabajar tiempo completo ni a término indefinido como lo propone el Gobierno. Les cerraron la puerta de nuevo y se da la espalda a una realidad de nuestros días”, sentencia la firma de abogados en su informe.Y concluye: “El texto se ve más como un esfuerzo para detener la consulta popular, pero poniendo a los empresarios especialmente pequeños y medianos a pagar el precio. Es una reforma que le costará al país mucho en términos de eliminación de plazas de trabajo, liquidación de empresas y crecimiento de la informalidad. Los efectos los veremos desde ya con los empleadores anticipando medidas para mitigar su impacto”, puntualiza.
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