La semana pasada, Colombia entera dedicó su tiempo a ver, impotente, la emisión del sentido del fallo y la decisión final en contra de Álvaro Uribe Vélez, en una tortuosa velada que, con cada minuto, resultaba eterna por la espera de la providencia judicial. Justamente, la orden de captura inmediata que condenó al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria, con una medida de aseguramiento, excediendo la petición de la Fiscalía y con una justificación poco técnica, llevó a Uribe a convertirse en una víctima de la manipulación política del sistema penal acusatorio.