Detención arbitraria: trabajador humanitario colombiano lleva un año preso en Venezuela sin que la dictadura rinda cuentas sobre su proceso

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Cuando Víctor Manuel Tique dejó a su hijo, Manuel Alejandro Tique Chaves, en el aeropuerto, antes de viajar a Venezuela, le pidió que no se fuera para ese lugar porque temía por la situación del país. No le hizo caso. Tenía programada una visita a Apure por su labor como trabajador humanitario del Consejo Danés para Refugiados y tomó un vuelo rumbo a Arauca para cruzar la frontera de forma terrestre. Era 14 de septiembre de 2024 y esa fue la última vez en la que el ingeniero industrial estuvo en libertad.Esa noche, cuando llegó al puesto de control migratorio, fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y desde entonces está en la cárcel El Rodeo, señalado por supuesto terrorismo, en medio de un proceso en el que Venezuela no ha permitido que le den asistencia consultar, tampoco que reciba llamadas habituales o visitas, y sin que un equipo de defensa pueda llevar su caso. Él está solo en una celda que comparte con un ciudadano iraní.Han pasado 372 días desde entonces y su caso es único en la región: es la primera ocasión en la que un trabajador humanitario de una organización internacional es detenido por tanto tiempo, sin que se tenga información sobre su proceso judicial o su estado de salud porque en todo este periodo solo le han permitido hacer dos llamadas telefónicas para reportarle a su familia en Colombia que está bien.“Nunca habíamos tenido una situación como la de Manuel Alejandro con 12 meses de detención en el marco de su labor humanitaria. Es la primera ocasión en la que tenemos una detención larga sin entender lo que está pasando”, afirmó Yann Cornic, director para Latinoamérica del Consejo Danés para Refugiados. Su caso será presentado por la directora internacional de la organización al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la Asamblea General que se celebrará esta semana.Al menos 38 colombianos están detenidos en Venezuela señalados por supuestos cargos de terrorismo o narcotráfico, y todos los casos son similares: estaban cruzando la frontera de forma regular, con documentos al día, fueron detenidos y sus familias no han podido comunicarse con ellos, mientras que la Cancillería del régimen de Nicolás Maduro no le da respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, porque señala que la información de los presos es responsabilidad del Ministerio de Justicia, a cargo de Diosdado Cabello, el político chavista que es señalado por Estados Unidos de ser un capo del narcotráfico. Esa estadística fue levantada por los mismos familiares y ninguno de ellos ha obtenido respuestas sobre la situación de sus seres queridos, pese a que cada semana envían a emisarios o documentos apostillados hasta Venezuela pidiendo que les notifiquen sobre su proceso. Y las solicitudes a la Cancillería tampoco les han dado frutos, porque ese despacho siempre les dice que, a ellos, Venezuela no les da respuesta. En una ocasión el embajador Milton Rengifo acudió a la cárcel para llevarles asistencia, pero ni siquiera lo dejaron ingresar.Mientras que exfuncionarios como la excanciller Laura Sarabia o el actual viceministro Mauricio Jaramillo Jassir sí han escuchado sus casos, la nueva canciller les canceló la única cita que les dio y nunca reprogramó su agenda para recibirlos en su despacho. Las conversaciones de Manuel Alejandro con su familia se dieron en mayo y en julio, ambas desde líneas desconocidas. Esas dos ocasiones, la familia pasó el día esperando que el teléfono sonara porque los allegados de los otros colombianos les contaron que algunos se estaban reportando.“Son llamadas muy cortas y con la incertidumbre de que no sabemos si le permitan volver a llamar”, afirmó Diana Marcela Tique, su hermana.Víctor Manuel no sabe cuándo podrá volver abrazar a su hijo, Manuel Alejandro, y le preocupa que el régimen fuerce un proceso penal en el que lo condenen por terrorismo sin que le permitan defenderse. Como padre, él ya sabe que las instancias diplomáticas no dieron frutos para conseguir liberar a su hijo y su única esperanza está en que el presidente le pida directamente a Maduro que libere a su primogénito: “Ellos son colombianos y Gustavo Petro decidió ser el presidente de los colombianos. Nosotros no hemos tenido descanso por la incertidumbre de no saber cómo está”, agregan.El 14 de septiembre, cuando Manuel Alejandro cruzó la frontera, cargaba en su equipaje productos típicos colombianos para sus colegas de ese país y en su mente llevaba el deseo de conocer los paisajes venezolanos. No pudo cumplir su deseo, porque el régimen lo encerró en una cárcel, pero ahora su familia espera alcanzar su sueño de tenerlo de regreso.

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