Remezón en la Policía Nacional: 4 oficiales fueron llamados a calificar servicios y otros 11 pidieron el retiro voluntario

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Se conocieron las resoluciones mediante las cuales el Ministerio de Defensa Nacional oficializó el retiro de 15 oficiales de la Policía, bajo dos modalidades: cuatro por “llamamiento a calificar servicios” y once por solicitud propia. Los documentos fueron revelados por Caracol Radio. La primera resolución, fechada el 17 de septiembre de 2025, ordena el retiro de cuatro uniformados tras el concepto favorable de la junta asesora del Ministerio de Defensa. Entre ellos están la teniente coronel Yasmín Berrio Toro, quien se desempeñó como jefe de armamento de la institución, y el teniente coronel Francisco Quitián Bustos, quien además de ser reconocido por su participación en la operación Agamenón y en la captura de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo; se venía desempeñando como comandante operativo de la Policía del Meta. También fueron retirados el teniente coronel Johan Fabián Peña Valderrama y el mayor Elkin Fernando Chávez Bello.La causal aplicada en este caso, denominada “llamamiento a calificar servicios”, está contemplada en la Ley 857 de 2003 y se utiliza para apartar del servicio a oficiales y suboficiales que cumplen con los requisitos legales para pensionarse o pasar a la reserva activa.Por otra parte, una segunda resolución expedida el mismo día autorizó el retiro de once oficiales que solicitaron voluntariamente su salida de la institución. Entre ellos figuran el teniente coronel Juan Carlos Blanco Mendoza, la teniente coronel Paola Andrea González Orozco, el teniente coronel Sergio Andrés Fuentes Gómez, y el teniente coronel Germán Puentes Guzmán. A la lista también se suman el teniente coronel William Fernando Nieto Ordóñez, la teniente coronel María Emilce Peña Reyes y el mayor Manuel Felipe Lizarazo Rojas, entre otros.De acuerdo con los documentos oficiales, todos los oficiales retirados cuentan con más de 22 años de servicio y continuarán dados de alta en la Policía por tres meses, periodo en el que recibirán los pagos correspondientes, según lo establece el Decreto 1212 de 1990.

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