La mendicidad de niños indígenas es un problema social que tiene origen en organizaciones criminales. Así lo pudo confirmar la Fiscalía tras una investigación que en la ciudad de Medellín destapó una red dedicada, por años, a explotar a los niños, con la presunta autorización de los padres. El ente acusador reveló detalles de la investigación y de cómo llegaron a los cabecillas de esta explotación de menores con fines de mendicidad. Los criminales, de nacionalidad venezolana, básicamente alquilaban los niños para dejarlos en las esquinas y parques de la capital de Antioquia. En estos espacios eran sometidos a pedir limosnas en dinero o especie, a turistas y locales. Buena parte de estas limosnas eran supuestos elementos de primera necesidad como comida o productor de droguerías que, al final de la tarde, eran agrupados y vendidos en establecimientos. “Los actos investigativos desplegados por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red de explotación infantil que instrumentaliza a niños y niñas indígenas para ejercer prácticas de mendicidad en parques y otros lugares públicos de Medellín (Antioquia)”, señaló la Fiscalía tras las audiencias preliminares. La investigación permitió llegar hasta los cabecillas y capturar a ocho personas relacionadas con estos actos de explotación de menores con fines de mendicidad, a través de diligencias de allanamiento se hicieron efectivas las órdenes de captura de los principales responsables de la actividad criminal que tenía como víctima a los niños indígenas.“Ocho personas que estarían involucradas en estas prácticas ilícitas fueron presentadas ante un juez penal de control de garantías e imputadas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad, cargos que no fueron aceptados”, dijo la Fiscalía.Los niños que no superan los cinco años de edad eran abandonados en esos parques y calles con el único propósito de abordar a turistas para pedirles supuestas ayudas que incluían pañales, algunos alimentos, todos acumulados por la organización criminal y que, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía, dejaba ganancias hasta por 180 millones de pesos mensuales. “De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal especializado de la Seccional Medellín, con apoyo de la Policía Nacional, esta red habría utilizado a menores de edad de la etnia embera katío, que no superaban los cinco años, para abordar a turistas nacionales y extranjeros, y pedirles elementos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales”, explicó la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo.Los operativos para la captura de los responsables y el rescate de los menores se adelantaron con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia. Se logró el restablecimiento de derechos a los menores de edad involucrados en más de 900 casos ocurridos durante los últimos dos años. “Asimismo, fueron cerradas y selladas tres farmacias que estarían involucradas en el entramado de explotación infantil”.Por considerar que son un peligro para libertad y por disposición del juez de control de garantías, los capturados fueron cobijados con una medida de aseguramiento en centro carcelario. Tendrán que enfrentar su proceso en una cárcel.
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