César Jiménez Flechas

Gabriel Ángel, un firmante de paz que estuvo por más de 30 años en las Farc, al lado de los máximos comandantes de esa guerrilla, reconoce que nunca, en esas tres décadas de conflicto, estuvo tan cerca de la muerte como ahora, fuera de la selva, en Bogotá, donde viste traje de paño y está custodiado por un robusto esquema de seguridad. A Ángel lo intentaron matar con una poderosa bomba lapa, que se pega con imanes a las latas de un carro; 15 kilos de pentolita, suficientes para despedazar cualquier vehículo.

Desde el pasado 13 de abril, cuando se vio por última vez a Tatiana Hernández, sentada en unas rocas, frente al mar en Cartagena, han surgido diferentes versiones sobre su desaparición. La Fiscalía adelanta una investigación que, después de tres meses, ha dejado pocas pistas y resultados, pero una nueva hipótesis podría cambiar la historia. La familia de Tatiana recibió una llamada en la que advertían que la desaparición de la joven médica estaba relacionada con hechos de corrupción en el Hospital Naval de Cartagena, donde realizaba una rotación de práctica.

Hace dos semanas, la fiscal Luz Adriana Camargo asistió a un evento internacional con autoridades judiciales de distintos países y como antesala a una cumbre de mayor nivel. Allí, resaltó la importancia del trabajo “proactivo” entre instituciones. Sin embargo, lo que dijo con contundencia, lo olvidó con su propia firma. La fiscal resaltó a los asistentes de la reunión anual del Programa de Asistencia de la Unión Europea, la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

La tragedia de una familia bogotana que llegó a la isla de San Andrés para celebrar el Día del padre, se convirtió en una investigación formal en la Fiscalía.

La fiscal Luz Adriana Camargo le recordó a la Justicia Especial de Paz (JEP) que fueron 17 los informes que entregó la Fiscalía a esa jurisdicción, con un total de 223.282 casos identificados, 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El balance de esclarecimiento y decisiones de la JEP está lejos de compararse con justicia. La jefe del ente acusador aseguró que hay un cuello de botella en la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP (SRVR).

La historia de Sneyder Pinilla, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), parecía cerrada con la condena y la firma de un principio de oportunidad. Sin embargo, la Fiscalía encontró nuevos hechos que ameritan una nueva imputación. De acuerdo con el ente acusador, en el curso de las investigación fue posible establecer que los tentáculos corruptos de los exdirectivos de la UNGRD, se estiraron más de lo conocido por el país. Descubrieron nuevos contratos que estaban listos por ejecutar y que enredaban más de 8.600 millones de pesos.

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y mano derecha del presidente Gustavo Petro, se sumó al listado de implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ahora, en su contra, se libró una orden de captura. La Fiscalía le imputó los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos, hechos muy graves para un exfuncionario tan cercano al presidente Gustavo Petro.

Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela o Andrea, fue la mujer que se convirtió en protagonista del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ya que fue la encargada de llevar el arma que usó el menor para dispararle al precandidato presidencial. Alias Gabriela reveló a la Fiscalía los detalles de su participación en este entramado y ahora se conoció la declaración del responsable de llevarla a la escena del crimen. Ella solicitó un vehículo a través de las plataformas de transporte digital.

Un contrato para el suministro de materiales pétreos, de construcción, firmado en 2009 y que se extendió hasta 2012, en la gobernación del departamento de Santander, se convirtió en una investigación por hechos de corrupción que enreda a dos gobernadores, hoy uno es senador de la República.

SEMANA hizo una denuncia de lo que sería una infiltrada en el Ejército y particularmente en los anillos de seguridad del presidente de la república, Gustavo Petro. Este domingo el ministro de defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, hizo un contundente llamado a los policías y militares para estar atentos a lo que denomina un “riesgo interno”. Advirtió el ministro que un infiltrado en la fuerza pública no solo afecta la imagen institucional, sino que se convierte en una amenaza para los propios soldados y policías.