La ‘contratitis’ en la Fiscalía, que generó tanto revuelo en la administración de Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia, se repite, según los propios funcionarios de la entidad. Un inventario de contratos de personas que se suman, sin experiencia, a la Fiscalía: “Cuotas de los directores”. Mientras advierte que en direcciones como jurídica, planeación y financiera, se elevaron los contratos por prestación de servicios, allí mismo se amenaza con el traslado de funcionarios a otras dependencias, incluso en área misional, al lado de fiscales e investigadores. Se supone que la Fiscalía no puede ampliar la planta de personal más allá de los cargos previamente autorizados, y la vinculación se hace a través del concurso de mérito o resoluciones de provisionalidad, que resultan ser la mayoría. Sin embargo, y de acuerdo con los funcionarios, las directivas le hicieron conejo a la disposición a través de la contratación por prestación de servicios. Los sindicatos de la entidad señalaron que la planta de personal en direcciones como la jurídica aumentó de forma desmedida. Pasaron de 90 funcionarios a 170 en menos de dos años y algunos servidores fueron advertidos de traslados a otras dependencias, sin mayor explicación que abrir los espacios para los nuevos contratistas que están llegando. “Esta situación, además de desconocer la experiencia, la formación y la capacitación de los servidores afectados, inquieta gravemente la estabilidad laboral y el arraigo de estos, cuyas funciones actuales se ajustan a sus perfiles y experiencia profesional, en consideración al manual de funciones que, de ninguna manera puede ser desconocido pues, de vulnerarse, estaríamos ante una flagrante ilegalidad y desviación de poder”, advirtieron los sindicatos de la Fiscalía. Los funcionarios remitieron un documento con destino a la fiscal Luz Adriana Camargo con una serie de cuestionamientos para entender lo que estaría pasando en las direcciones donde se advierte la salida de servidores y la llegada de otros sin más experiencia que una buena referencia. “Llama poderosamente la atención que esta decisión, que presumiblemente fue evaluada con anterioridad, haya sido comunicada a los servidores apenas en días pasados, sin mediar comunicación oficial por parte de su despacho o de la dirección ejecutiva, en consideración a la trascendencia y repercusiones de la misma y que, incluso, está en contravía de una de las banderas de esta administración: el respeto es la clave”, señalan sindicatos de la Fiscalía. El asunto que preocupa más a los funcionarios es que quienes tienen la advertencia de salir de direcciones administrativas, podrían llegar a unidades misionales, esto es, despachos de fiscales o escenarios de investigación como el CTI, sin la experiencia necesaria para asumir estos cargos, incluso sin los requisitos mínimos para cumplir con su función.De acuerdo con los sindicatos, lo que pretenden las directivas de la Fiscalía, es enviar secretarios y funcionarios administrativos a cargos misionales, de responsabilidades muy distintas. Servidores que se dedicaban a asuntos financieros y secretariales, a despachos de fiscales, con las complejidades que implica semejante transición. Esos cambios terminarán afectando no solo la dinámica de la Fiscalía, en la actividad principal, avanzar en las investigaciones, sino que serán los ciudadanos los que tendrán que esperar la actualización o el empalme de los funcionarios que no tienen la experiencia y esperan asumir o apoyar los procesos judiciales.
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