La descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia por la poca efectividad en la lucha contra las drogas sigue generando todo tipo de reacciones en el país. Diferentes sectores políticos han acusado directamente al presidente Gustavo Petro por la decisión que tomó la Casa Blanca y se ha desatado una tormenta política. En medio de todo ese panorama, el expresidente César Gaviria fijó su postura y le pidió a los colombianos entender que “el descertificado es Petro, no el país” y que seguramente, cuando haya un cambio de gobierno el 7 de agosto de 2026, las cosas cambiarán radicalmente a favor de Colombia. “Desde el Partido Liberal exigimos al Gobierno rectificar de inmediato su política antidrogas, abandonar las concesiones a criminales —que tanto pregona el ministro (Eduardo) Montealegre—, retomar metas serias de erradicación, apropiar recursos para fortalecer la presencia de la fuerza pública en los territorios y restablecer relaciones de confianza con nuestros aliados estratégicos", dijo Gaviria.Agregó: “Colombia no puede permitirse ser señalada como un país complaciente con el narcotráfico ni sacrificar décadas de avances en cooperación internacional por la improvisación y la ideología de un gobierno que ha perdido el rumbo o que cree encontrarlo en su acomodamiento con las organizaciones criminales y los pactos de impunidad que les ha ofrecido”. El jefe del Partido Liberal aseguró que Colombia ya vivió un aislamiento internacional por cuenta de una descertificación durante el gobierno de Ernesto Samper y que repetir la historia, tres décadas después, sería desastroso para la estabilidad del país. “Las causas de la descertificación son claras y han sido expresadas sin ambigüedad por el propio Departamento de Estado norteamericano. Son dos, ambas atribuidas específicamente al Gobierno: el fracaso de la política antidrogas del Gobierno Petro y, lo más grave, el acomodamiento del Gobierno Petro con las organizaciones narco terroristas”, reiteró Gaviria. Lea el documento completo de César GaviriaLa decisión del Gobierno de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas constituye un hecho de enorme gravedad, sin precedentes en las últimas tres décadas, y un golpe directo al Presidente Petro, porque es considerado el responsable exclusivo de la descertificación.En cambio, el Gobierno de los Estados Unidos reconoce el esfuerzo de las instituciones, la valentía de las Fuerzas Armadas, la determinación de las autoridades regionales y el sacrificio de millones de colombianos. Gracias a ese reconocimiento, se le otorgó el waiver a Colombia y la descertificación no vino acompañada de sanciones para el país. Las causas de la descertificación son claras y han sido expresadas sin ambigüedad por el propio Departamento de Estado norteamericano. Son dos, ambas atribuidas específicamente al Gobierno: el fracaso de la política antidrogas, el Gobierno Petro y, lo más grave, el acomodamiento del gobierno Petro con las organizaciones narco terroristas.De hecho, el general Mora cuestionó al presidente Petro por haber llevado a la Fuerza Pública a una situación en la que no puede defender al país de los grupos ilegales. Seguimos atrapados en el fallido experimento de la ‘paz total’, donde el Alto Comisionado prefiere dar legitimidad a los criminales y el Ministro de Defensa expone a los ciudadanos a la vulnerabilidad. Esta política se ha convertido, en la práctica, en una política de brazos cruzados frente a la criminalidad.Por eso no es extraño que bajo este gobierno, el cultivo de coca y la producción de cocaína han llegado a máximos históricos. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 Colombia registró más de 253.000 hectáreas de coca y una producción de 2.664 toneladas métricas de cocaína, lo que representó un incremento del 53% frente al año anterior. Estas cifras demuestran el fracaso del gobierno Petro en su política de drogas que ha llevado a que el país, hoy, atraviese el peor momento en décadas en esta materia.Carece de verosimilitud el argumento de que Estados es un consumidor de la cocaína colombiana. Lo que ha ocurrido en los últimos años es la sustitución por productos de laboratorios farmacéuticos como lo son las metanfetaminas, igualmente otro producto de laboratorios farmacéuticos como el fentanilo, que no solo es altamente adictivo sino letal. Están muriendo en el año cerca de 100.000 personas por la adicción a este producto de laboratorio. La afirmación del presidente Petro de que Estados Unidos es un gran consumidor de nuestra cocaína no corresponde a ninguna realidad y tal afirmación va a ser fácilmente controvertidaNo es menos grave que el Gobierno Petro no haya cumplido ni siquiera con sus propias metas de erradicación, ya de por sí reducidas. Hasta junio del presente año, apenas se habían erradicado manualmente 1.500 hectáreas frente a una meta oficial de 30.000. El incumplimiento sistemático de estos compromisos debilitó años de cooperación internacional y, como lo advierte el documento oficial del Departamento de Estado, la responsabilidad de este fracaso recae directamente en el liderazgo político del presidente Petro. No se trata de un señalamiento genérico: la descertificación es la consecuencia directa de decisiones equivocadas, de la improvisación de políticas sin sustento y de la debilidad frente al crimen organizado.A ello se suman los intentos fallidos de negociación con grupos narcoterroristas, enmarcados en la mal llamada “paz total”, que solo ha fortalecido a estas organizaciones criminales. Esta política, presentada como un proyecto de “reconciliación”, se convirtió en un verdadero pacto de impunidad donde el Gobierno concede ventajas a narcotraficantes y grupos armados que hoy expanden su control territorial, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de millones de colombianos. El resultado no ha sido la paz, sino la consolidación de un poder criminal que avanza sobre regiones enteras mientras el Estado retrocede. Esta segunda causa de la descertificación es la más grave porque, según el Departamento de Estado, el gobierno intenta acomodarse a las organizaciones narcoterroristas. Además, en vez de prepararse para abandonar esa política de paz total tan absolutamente ineficaz y sangrienta. Ni considera la posibilidad de abandonar una política de tan nefastos resultados que a mi juicio debería ser la opción a adoptarEl gobierno Petro no solo ha abandonado los compromisos históricos de Colombia en la lucha contra las drogas, sino que ha establecido una peligrosa alianza tácita con grupos criminales —el “Pacto de la Picota”— mientras recorta recursos a las Fuerzas Militares y a la Policía. Estos errores estratégicos han dejado al país a merced de mafias que hoy dictan la ley en vastas regiones del territorio nacional con la sustitución de la cocaína colombiana por anfetaminas producidas por laboratorios farmacéuticos. En esta apreciación coincide la reciente resolución del Parlamento Europeo, aprobada por una abrumadora mayoría, la reprocha el lenguaje incendiario del Presidente que “contribuye a la violencia política” y denuncia “la proliferación y consolidación” de las organizaciones criminales y terroristas bajo esta administración debido a la “paz total”. El mensaje es unánime y contundente: la comunidad internacional observa con preocupación que hoy la explotación del oro ilegal, Petro ha debilitado las instituciones de seguridad y ha abierto espacios a quienes basan su poder en la violencia y el narcotráfico. La descertificación no es un gesto simbólico ni un simple llamado de atención. Habría podido estar acompañada de sanciones que por fortuna no fueron impuestas por el reconocimiento a Colombia, que durante décadas ha enfrentado con determinación y coraje a las organizaciones narco terroristas. Sorprendentemente, el Presidente Petro anunció que no le comprará armas a Estados Unidos ni le pedirá ayuda, como si quisiera sanciones para Colombia. Es otro intento más por debilitar, como ya lo ha hecho con Israel y el Reino Unido, la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos, la cual es indispensable para enfrentar a las disidencias de las FARC, al ELN y al Clan del Golfo.Ya vivimos en el pasado, con el gobierno de Ernesto Samper, las consecuencias del aislamiento internacional y la pérdida de confianza derivadas de la descertificación. Repetir ese error histórico hoy sería desastroso para la estabilidad política, económica y social de la Nación.Desde el Partido Liberal Colombiano exigimos al Gobierno Nacional rectificar de inmediato su política antidrogas, abandonar las concesiones a criminales —que tanto pregona el ministro Montealegre—, retomar metas serias de erradicación, apropiar recursos para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los territorios y restablecer relaciones de confianza con nuestros aliados estratégicos. Colombia no puede permitirse ser señalada como un país complaciente con el narcotráfico ni sacrificar décadas de avances en cooperación internacional por la improvisación y la ideología de un gobierno que ha perdido el rumbo o que cree encontrarlo en su acomodamiento con las organizaciones criminales y los pactos de impunidad que les ha ofrecido.Invito a los colombianos a que en las elecciones de 2026 rechacen a los candidatos que insisten en debilitar las instituciones de seguridad para continuar con la connivencia funesta con las organizaciones criminales. Los invito a respaldar a los candidatos que proponen un cambio profundo que fortalezca nuestras instituciones democráticas para que puedan enfrentar al narcoterrorismo y proteger la vida de los colombianos que piden una oportunidad para trabajar por sus familias y por Colombia.
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