A través de un derecho de petición, algunos sindicatos de la Fiscalía denunciaron que en las direcciones de Políticas Públicas, Asuntos Jurídicos, Planeación, Criminalidad Organizada y Seguridad Territorial se anticiparía una barrida de funcionarios, con el fin de abrir los cupos o cargos para contratistas que fueron vinculados a la entidad. En direcciones como Asuntos Jurídicos, de acuerdo con los funcionarios de los sindicatos que radicaron el derecho de petición, la planta de personal habría pasado de 90 a 170 en menos de un año y bajo la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo.“Es justamente allí de donde saldrán más de 150 funcionarios para meter a los contratistas que incluyó la directora Andrea del Pilar Verdugo”, dijeron los funcionarios. Advierten los sindicatos que la nueva ‘contratitis’ recuerda los momentos más complejos de la administración de Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia, cuando la Fiscalía se convirtió —según ellos— en una suerte de “bolsa de empleos” para recomendados del Gobierno nacional y la rama Judicial.Advierten que la directora Verdugo es la esposa del actual secretario de transparencia de la Presidencia de la República. “Llama poderosamente la atención que esta decisión, que presumiblemente fue evaluada con anterioridad, haya sido comunicada a los servidores apenas en días pasados, sin mediar comunicación oficial por parte de su despacho o de la Dirección Ejecutiva, en consideración a la trascendencia y repercusiones de la misma y que, incluso, está en contravía de una de las banderas de esta administración: “El respeto es la clave”, señalan sindicatos de la Fiscalía. La advertencia de los sindicatos coincidiría con las denuncias reveladas en SEMANA sobre una resolución de la delegada contra el crimen organizado, que anticipó una “reorganización” de la entidad y de los funcionarios, bajo el argumento de llevar la Fiscalía a las regiones, pero que incluiría frenar, entorpecer y hasta sepultar procesos complejos en manos de fiscales.Ahora, la denuncia de los sindicatos señala que la Fiscalía les apostaría a los contratos de prestación de servicios para incluir así una planta de personal o nómina “paralela” con contratistas de escasa experiencia en derecho penal, mientras los funcionarios que por años han manejado los procesos administrativos y operativos trabajarían con la amenaza del traslado. “Esta situación, además de desconocer la experiencia, la formación y la capacitación de los servidores afectados, inquieta gravemente la estabilidad laboral y el arraigo de estos, cuyas funciones actuales se ajustan a sus perfiles y experiencia profesional, en consideración al manual de funciones que, de ninguna manera puede ser desconocido pues, de vulnerarse, estaríamos ante una flagrante ilegalidad y desviación de poder”, advirtieron los sindicatos de la Fiscalía. La información que tienen los sindicatos es que los funcionarios de áreas administrativas que estarían bajo la amenaza del traslado llegarían a direcciones o cargos misionales (operativos), donde su poca experiencia en estos temas terminaría afectando el trabajo y misión de la propia entidad. “Secretarios en puestos de asistentes de fiscal finalmente terminarán afectado la presentación del servicio, haciendo más complejo el trabajo de los fiscales. Este tipo de cambios, con funcionarios sin experiencia en despachos con una elevada carga laboral, resulta un problema medular”, señalaron los funcionarios que hablaron con SEMANA. El otro problema que plantean los sindicatos es que no se trataría solo de experiencia: los funcionarios que serían trasladados tampoco cuentan con los requisitos para el desarrollo de la actividad judicial, no tendrían funciones de policía judicial y aun así serían nombrados en esos cargos. En este punto, crucial para definir la forma de trabajo y la necesidad de los traslados, el vicefiscal general —de acuerdo con los sindicatos— se habría sacado de la manga una carta para convertir, en menos de 120 horas, a secretarios en investigadores judiciales. Un curso que habría quedado fijado en una directiva firmada por el vicefiscal. Así, no habría excusa para que cualquier funcionario, antes dedicado a sacar fotocopias o archivar documentos, se convirtiera en un “experto” investigador a cargo de la información y los datos de relevancia en la entidad.Todo, mientras otras personas, presuntamente vinculadas a la entidad como Profesional Investigador II, terminarían destinadas a direcciones administrativas y a ejercer labores muy distintas a la judicial.
Section
Medio
Escrito por