El pasado 5 de septiembre, la Fiscalía publicó un comunicado de prensa tras las denuncias en SEMANA de un plan para llevar a la impunidad los procesos de mayor relevancia y que involucran al Gobierno Nacional. Los fiscales respondieron a ese comunicado y señalaron que se trata de una medida “caprichosa e innecesaria”. Los funcionarios de la entidad advirtieron que la resolución para la “reorganización” de la dirección de crimen organizado y contra la corrupción, se convirtió en la excusa para manipular los procesos y atacar de manera directa la independencia de los fiscales, bajo el argumento de llevar la Fiscalía a las regiones. Los fiscales redactaron unos cuestionamientos que esperan lleguen a la fiscal Luz Adriana Camargo, una vez regrese de sus vacaciones. Varias preguntas que, en su criterio, no fueron resueltas en el flaco comunicado de prensa de la entidad. Los funcionarios señalaron que no hay explicación o argumento para mantener viva la resolución de “reorganización y traslados”. “Lejos de traer un ambiente de tranquilidad al interior de la entidad, les dejó a sus servidores y a la opinión pública en general más interrogantes que respuestas satisfactorias, dicho comunicado encuentra relación con otros documentos oficiales expedidos por diferentes dependencias que a lo largo de este documento se citarán para darle un contexto”, señalaron los funcionarios que hablaron con SEMANA.Son varios los cuestionamientos que se hacen los fiscales de la Delegada Contra la Criminalidad Organizada, para advertir que la resolución no tiene sustento en las necesidades, ni la dinámica de la entidad, sino más bien intereses particulares, como designar funcionarios de poca experiencia y que “obedezcan”. Entre otras inquietudes, los fiscales advierten la contradicción de la misma entidad, pues esperan trasladar a fiscales a las regiones, sin los equipos de investigación, (agentes del CTI) correspondientes. Es claro que quienes están en las regiones son insuficientes para abordar los casos en curso, menos para conocer los que estarían por llegar. “¿Será que cada vez que un fiscal vaya a expedir una orden, planear un operativo, etc., que por la esencia del proceso penal debe hacerse con la mayor seguridad y absoluta reserva, van a tener que desplazarse los investigadores desde Bogotá?”, advirtieron los funcionarios que señalaron las contradicciones. En esos cuestionamientos, los funcionarios que hablaron con SEMANA, señalaron que mientras se habla de traslados y reorganizar la entidad, se deja por fuera la experiencia que tienen quienes, desde hace años, han adelantado las investigaciones. Al contrario, se prioriza la vinculación de nuevos servidores que poco conocen el manejo de la entidad y los procesos.La “amenaza” de la reorganización y los traslados de funcionarios, según los mismos fiscales, atenta contra el arraigo y la estabilidad familiar de muchos que son cabeza de hogar. Las resoluciones no plantean una solución o mecanismo para garantizar que los traslados firmados por las directivas de la Fiscalía, no atenten contra esos derechos. Es más, muchos advierten que la dinámica de regionalización, amenaza la estabilidad de la propia Fiscalía y de quienes por años han adelantado las investigaciones de mayor impacto en el país. Señalan acoso laboral al punto de buscar alternativas en otras direcciones e incluso renunciar a sus cargos. “Se afirmó en el comunicado del 5 de septiembre, que un equipo de “alta gerencia” de la FGN estaba detrás del análisis y toma de la decisión de redistribución de procesos y traslado de personal a otras ciudades, luego de más de 30 jornadas de trabajo y evaluación, que para el caso de la Dirección Especializada Contra la Corrupción (DECC), determinaron 14 ciudades en total con el fin de hacer presencia en los territorios”, señalaron los funcionarios. Adicionalmente, los funcionarios plantean una duda que resulta razonable. En el comunicado, la Fiscalía anticipa que los casos de connotación nacional no se van a ver afectados con la “reorganización”, lo que de plano advierte que los “otros casos” que no aparecen en los titulares de prensa, terminarían enredados. Claramente, un rasero de categorías para las propias investigaciones que se supone deben ser atendidas con la misma diligencia. “De manera que el traslado físico de los fiscales a dichas ciudades se muestra, por decir lo menos, caprichoso e innecesario y entonces cabe preguntarse ¿cuál es la verdadera intención de esa decisión? En un país convulsionado por los constantes escándalos de corrupción que comprometen especialmente a personas vinculadas, cercanas o familiares del Gobierno Nacional”, dijeron los funcionarios. Los fiscales que resultarán afectados con la resolución que pretende “reorganizar la entidad” le preguntan a la fiscal Luz Adriana Camargo por el llamado equipo de “Alta Gerencia” que se encargó de hacer el análisis de las necesidades y proyectar las resoluciones de traslados de funcionarios. “Lo cierto es que resulta imperioso que se explique con suma claridad cuáles fueron los criterios técnicos en que se basa la llamada ‘necesidad’ y que justificarían el sacrificio de Derechos los servidores judiciales y de sus familias e intereses de la sociedad en general en materia de justicia, porque hasta ahora, de lo que se conoce, brillan por su ausencia”, advirtieron los fiscales. Los funcionarios recordaron que la Corte Constitucional ha señalado que, aunque la planta de la Fiscalía es flexible y otorga facultades de movilidad, las decisiones relacionadas con traslados deben “someterse a un juicio de proporcionalidad” para garantizar que “esas necesidades del servicio” no se enfrenten con los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias.
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