Exclusivo: SEMANA denuncia la existencia de un cartel que estaría vendiendo expedientes en la Fiscalía. Piden hasta 200 millones de pesos por información de grandes investigaciones

Un escándalo de corrupción golpea a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. SEMANA conoció detalles de la existencia de un cartel que estaría dedicado a traficar con expedientes reservados y en el que estarían involucrados funcionarios de la entidad. Ellos, presuntamente, se dedican a vender información privilegiada de grandes investigaciones hasta por 200 millones de pesos. Los expedientes del llamado narcochofer y algunos relacionados con el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, están en la mira porque, al parecer, se terminaron entregando en USB.Este asunto es de extrema gravedad y recuerda los momentos más oscuros de la Justicia en Colombia, en especial el llamado cartel de la toga, que arrancó con el caso de Fidupetrol. En ese momento se denunció un cobro de 500 millones de pesos por el estudio de una tutela, que, al final, terminó enredando a un magistrado de la Corte Constitucional, a fiscales, a investigadores y hasta expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.Ahora, en la Fiscalía se están vendiendo los expedientes, según la denuncia que hicieron los propios fiscales en diálogo con este medio tras advertir cómo el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif), puesto en marcha en la Dirección de Lavado de Activos luego de la llegada de la fiscal Camargo, se convirtió en un negocio para que los delincuentes se anticipen a las decisiones de la Justicia.El Muif es una estrategia de investigación que nació con una resolución a comienzos de este año y cuya misión, en teoría, es potenciar las investigaciones de la Fiscalía, coordinar actividades, orientar el trabajo y priorizar los procesos. Incluso se propone crear grupos de investigadores en coordinación con otras entidades, como la Policía, y con contadores, abogados, administradores y expertos en el área financiera.Los fiscales de la misma Dirección de Lavado de Activos afirmaron que en la presentación de ese modelo de investigación, realizada a mediados del año pasado, se vaticinó su éxito con un antecedente particular. “Es un método de investigación que trajo la fiscal Camargo luego de su trabajo en Guatemala”, señalaron los funcionarios que hablaron con los reporteros de este medio en los últimos 15 días. El modelo parecía innovador. Sin embargo, un año después de su funcionamiento, los resultados son escasos. Por el contrario, ha dado pie al surgimiento de este escándalo de corrupción, según los fiscales consultados. SEMANA pudo constatar que en los últimos meses se filtraron al menos cinco expedientes a causa de la información cargada en un archivo compartido como parte de la estrategia del Modelo Único de Investigación Financiera. La ruta corruptaSEMANA conoció detalles de las denuncias que señalan puntualmente cómo en la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía se estaría traficando con delicados expedientes. El cartel les puso precio a los procesos; los documentos los entregan en una USB y cobran hasta 200 millones de pesos por conocer los detalles, incluso anticiparse a las decisiones de los fiscales, como las órdenes de captura. “Un abogado se acerca y me dice: ‘Doctor, yo sé que usted va a solicitar la captura de mi cliente. Aquí se lo presento para que lo escuche en interrogatorio. Yo sé que usted pidió una búsqueda en bases de datos, que tiene pensado hacer inspecciones’. Es ahí cuando empezamos a preocuparnos porque se estaba filtrando la información”, le contó un fiscal a SEMANA.Uno de esos cinco expedientes que terminaron en venta incluye el que tiene que ver con Manuel Castañeda, el llamado narcochofer, por lavado de activos. En poder de la Fiscalía está una denuncia que indica cómo la información de ese caso, que se supone estaba únicamente en poder de los fiscales e investigadores, terminó en las manos de los narcotraficantes. Hace varias semanas y en distintas conversaciones, de acuerdo con las fuentes consultadas, se le advirtió de esta grave situación a la delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo. Incluso, una funcionaria de nombre María Isabel, que ahora forma parte del grupo de asesores de esa delegada, recibió la denuncia en voz del propio narcochofer y en la misma sede del búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá.Junto con la denuncia se incluyeron todas las pruebas que confirmarían de qué forma esos expedientes, cargados en una especie de drive del Muif, fueron a parar a los narcos investigados o afectados por la investigación. Esa filtración se habría materializado en una USB y por ella se habría pagado una importante suma de dinero, según la propia denuncia radicada en la Fiscalía.Otro de los expedientes que terminó en subasta incluye, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, a un megacontratista salpicado en la investigación por lavado de activos contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. Ese supuesto empresario hizo millonarios aportes a la campaña Petro Presidente en 2022. El dinero, al parecer, habría sido tomado por Nicolás y usado en joyas, viajes, ropa, carros y casas, en hechos que son materia de investigación. SEMANA conoció el detalle de este expediente y, de acuerdo con las fuentes de la propia Fiscalía, se habría pagado una millonaria suma de dinero por conocer los documentos que reposan en la Dirección de Lavado de Activos. El contratista, presuntamente, habría estado interesado en conocer los pormenores de su caso y no lo hizo de la forma tradicional, mediante oficios o memoriales de sus abogados, como es lo usual. Habría acudido a una ruta corrupta que tiene encendidas las alarmas entre los fiscales. Al contratista le habrían advertido que en la Dirección de Lavado de Activos sí era posible anticiparse a las decisiones de los fiscales, conocer las actividades pasadas y futuras de los investigadores, y hasta los elementos de prueba, que, se supone, deben estar bajo reserva. “A esto se le conoce como un carpetazo”, afirmó una de las fuentes al explicar la gravedad de las filtraciones. El problema que habría facilitado estos hechos de corrupción, según los propios funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos, está en algunas actividades que incluyó el Modelo Único de Investigación Financiera. Entre ellas, cargar un archivo en red con la actualización de los actos de los fiscales en cada uno de los procesos. En últimas, se trata de una carpeta compartida a la que un número indeterminado de funcionarios pueden tener acceso sin restricciones. “Ese modelo lo trajo la fiscal y lo copió de Guatemala. Indica que los fiscales deben incluir la información del caso en una carpeta a la que tienen acceso desde la Delegada para las Finanzas Criminales hacia abajo, incluyendo los investigadores. De esta forma vigilan y se meten en todo el proceso; se pueden anticipar y conocer lo que se supone que está en la autonomía de los propios funcionarios”, le contó un fiscal a SEMANA. En el modelo puesto en marcha por la fiscal Camargo, se supone que la información es recibida por unos asesores de la Delegada para las Finanzas Criminales. Ellos la analizan y toman “decisiones” para el desarrollo u orientación en las investigaciones. Esta situación tiene molestos a los fiscales, pues la ven como una clara intromisión en los procesos que deben realizarse bajo absoluta reserva y autonomía, como dice la ley. El Muif, de acuerdo con los fiscales, exige que cada proceso debe cargarse a una carpeta y allí se incluyen los documentos escaneados, que quedan compartidos, y los asesores revisan el material. Ese es justamente el problema: la información sometida a reserva está quedando expuesta, y con ello las oportunidades de traficar con los expedientes se han multiplicado. Así fue cómo, de acuerdo con los fiscales de la Dirección de Lavado de Activos, los cinco procesos que se habrían filtrado quedaron en manos de los propios investigados.“Entregaron el carpetazo”, le sostuvo una fuente a SEMANA mientras reveló los detalles de las investigaciones que se abrieron en la Fiscalía para establecer de qué forma los expedientes fueron comprimidos en una USB y negociados hasta en 200 millones de pesos. Denuncia olvidadaOtra negociación criminal con los expedientes de lavado de activos quedó en una denuncia que se radicó este año en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén, en el norte de Bogotá, y que advierte cómo los “afectados” alcanzaron a pagar 200 de 500 millones de pesos exigidos, al parecer, por los funcionarios corruptos de la Fiscalía. Este trueque quedó al descubierto con la denuncia, pero el escándalo se mantuvo en silencio hasta ahora. En el listado de expedientes que habrían sido vendidos aparecen investigaciones relacionadas con una conocida tienda de ropa de muy bajo precio que hace años fue objeto de extinción de dominio en Barranquilla, justamente en un proceso de lavado de activos. El inventario de documentos traficados, según la denuncia, incluyó una investigación que se adelantó contra un famoso restaurante de comida mexicana y cuyo expediente, según las fuentes, también salió a la venta. Un fiscal de lavado de activos señaló cómo un abogado se anticipó a las decisiones de su despacho y terminó revelando que la información, supuestamente reservada, estaba en su poder y que sus clientes la obtuvieron gracias a la intervención de funcionarios que la ofrecieron como una simple mercancía. La advertencia quedó en las denuncias, y en la Fiscalía no hubo decisiones. Todo permanecía oculto hasta que los fiscales y denunciantes decidieron contactar a SEMANA y romper su silencio.“Ahí está la consecuencia de implementar estrategias que en Colombia se convierten en un negocio corrupto. La matriz señalaba que era necesario y obligatorio cargar las actuaciones con la evidencia escaneada en las carpetas y, obviamente, sin la reserva, pues la información se filtra. Eso para los narcos es un manjar”, señaló una fuente del ente acusador. Aunque el Muif estaba diseñado para la Delegada contra las Finanzas Criminales en las condiciones que advierte la resolución, otras delegadas y direcciones tenían participación en la implementación de la estrategia, pero en condiciones distintas. Ahí también saltaron algunas advertencias. Fiscales que luchan contra el narcotráfico señalaron que en el curso y en la implementación del Muif había reuniones con asesores de Finanzas Criminales, en mesas técnicas para compartir información y, supuestamente, diseñar estrategias para abordar los casos de manera articulada. “Muchos no entregaban la información simplemente por desconfianza. La experiencia advierte que compartir la información en casos de relevancia es un problema de seguridad para el proceso, incluso para los fiscales que llevan las investigaciones, algunas de ellas en coordinación con agencias internacionales como la DEA o la Embajada de Estados Unidos”, dijo un fiscal. Las advertencias fueron más allá. SEMANA conoció los correos electrónicos que enviaron los asesores de la Dirección contra el Narcotráfico a los fiscales para pedirles, de forma insólita, el listado y detalle de las órdenes de captura que han realizado y que se piensan desarrollar durante el resto del año. “Se solicita comedidamente su colaboración para recopilar la información correspondiente a las órdenes de captura emitidas durante el periodo comprendido entre el primero de enero hasta la fecha… Asimismo, se solicita reportar todas las órdenes de captura que se emiten durante el resto del año”, reseña el correo enviado a los fiscales contra el narcotráfico y al que tuvo acceso este medio. En otras palabras, los fiscales que investigan a los narcotraficantes más peligrosos de Colombia deben reportar por correo electrónico a los asesores las órdenes de captura que tienen pendientes por concretar. Se trata de un asunto que los propios funcionarios consideraron un “despropósito y un atropello” con la garantía constitucional de independencia que debe hacer valer la propia Fiscalía. Desde el ente acusador, manifestaron que el Modelo Único de Investigación Financiera se creó con el ánimo de organizar la cantidad de actuaciones que estaban dispersas por los despachos. Señalaron que, si bien se incluyó cargar la información en un sistema, aclararon que no todos los fiscales estaban obligados a hacerlo. “La información que se compartía era de casos priorizados o de organizaciones estructuradas, pero solo un grupo reducido de funcionarios tenía acceso a esos expedientes”, señalaron desde la Fiscalía. Aseguraron que no tenían conocimiento de las filtraciones a través del Muif. Sin embargo, quienes dejaron constancia con sus denuncias por la venta de expedientes en la Dirección de Lavado de Activos indicaron que las directivas de Finanzas Criminales estaban enteradas; incluso fueron ellas quienes recibieron las alertas luego de conversaciones que datan de mayo de este año. Es decir, sí recibieron las denuncias. Llama la atención que, ante el cuestionamiento de SEMANA, este viernes lo negaron. En momentos en que Colombia afronta una grave amenaza de orden público y un crecimiento desbordado del negocio del narcotráfico, lo peor que puede ocurrir es que los expedientes de la Dirección de Lavado de Activos terminen en un mercado negro, alimentado por algunos funcionarios y en beneficio de los mismos criminales que la Justicia debe perseguir y condenar sin tregua.