Con lupa tendrán que revisar las comisiones económicas el articulado del proyecto de Presupuesto 2026, que se tramita en el Congreso de la República y que sigue allí, pese a que se deshizo el cuórum cuando se intentaba votar por aprobar o no el monto, aforado en 556,9 billones de pesos.La propuesta radicada tiene 97 artículos, mientras que una iniciativa de esta trascendencia, debería ser simple, para su fácil comprensión, estudio y aprobación.En el documento, según ha venido advirtiendo el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, hay artículos preocupantes. Es más, al menos 37 tienen que ser estudiados con detenimiento.Pérez mencionó casos como el de las modificaciones a fuentes de financiamiento, o las transferencias temporales de liquidez, alrededor de lo cual se pregunta si se trata de “legalizar las operaciones por fuertes sumas de dinero en francos suizos que están haciendo”.Y el parlamentario no dejó de mencionar el espinoso tema de las vigencias futuras, pues su interrogante está en torno a la seguridad jurídica de las inversiones realizadas ya en infraestructura. Además, esas normas ya fueron aprobadas por el Congreso, de manera que estarán atentos a lo que se sustente en los debates del presupuesto, alrededor de los cuales dijo que se darán, ya que hay muchos que, al parecer, no estarían interesados en que se abordaran, para que la carta financiera del próximo año salga por decreto, sin ningún polo a tierra.Principalmente, hay especial atención en aquellos artículos que le dan facultades al presidente para tomar decisiones de grueso calibre, sin mayores reparos de otras instancias del poder público.Algunos ejemplos de facultadesDentro de las varias propuestas en el articulado del proyecto de Presupuesto de 2026, que, en todo caso, tendrá que traducirse en una ponencia construida en el Congreso de la República, con los ponentes y coordinadores ponentes, hay medidas que darían cierto poderío al gobierno para tomar decisiones. Por ejemplo, se faculta al gobierno para reprogramar vigencias futuras del sector transporte, con el fin de dar flexibilidad sin aumentar el gasto total.Además, podrían usar excedentes de fondos (FAZNI, FAER, PRONE) para subsidios y energías alternativas, con el propósito de mantener la política de subsidios y transición energética.También se puede mencionar el referido a anticipos en deuda pública, con el cual, se autorizan anticipos en el pago de deuda y se cubren con cargo a 2025 algunos compromisos de 2026, inclusive, hasta obligaciones de enero de 2027. Con ello se buscaría dar flexibilidad al manejo de deuda, adelantando pagos.
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