En la Comisión V del Senado, donde se instaló oficialmente un grupo especial que está pendiente de la situación de Air-e, por la importancia estratégica del servicio que presta en la región Caribe, se destaparon varias realidades de la compañía que, este 12 de septiembre cumple un año de haber sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.José David Name, integrante de la comisión accidental que se encargará de hacer seguimiento a las estrategias para llegar a una solución, dio una conclusión contundente y preocupante: “los resultados después de un año no son satisfactorios”.Al debate de control político asistían el ministro de Minas, Edwin Palma, el nuevo superintendente de servicios públicos Felipe Durán, y el interventor de la empresa, Nelson Vásquez, el cuarto en ocupar ese cargo.Ante las cifras expuestas por Name, según las cuales, la deuda de la empresa asciende a $3,6 billones, de los cuales el 67 % ($2,4 billones) se les debe a los generadores de energía, Palma entregó sus argumentos.El congresista recordó que antes de la ‘toma’ por parte de la SuperServicios, la deuda era de $927 mil millones y en la pos-toma se agregaron otros $1,4 billones. ”Un lastre que golpea no solo a Air-e, sino a todo el sistema eléctrico nacional", indicó Name.Por su parte, Palma dibujó el panorama desde su perspectiva, teniendo en cuenta además que él mismo fue uno de los 4 interventores de Air-e. El funcionario recordó que la problemática energética en el Caribe lleva más de 2 décadas, con múltiples intentos de solución al problema.En el caso de Air-e, se trata de 1,4 millones de familias, lo que implica que hay más de 4 millones de colombianos afectados con la situación.Según dijo el ministro de Minas, no fue el Estado el que buscó a la empresa sino que ellos alzaron la mano para pedir la intervención. Desde entonces, se habrían dedicado a interponer acciones jurídicas y derechos de petición, con lo cual, enfatizó: “ellos no son testigos simplemente, ni observadores. Intervienen con poderosos grupos de abogados”.Otro de los mensajes que dejó Palma en el debate es que, según lo hallado durante su paso por la interventoría de Air-e, “hay una responsabilidad política histórica. Hace menos de 4 años se destinaron billones de pesos en el Plan de Desarrollo del gobierno Duque, para una solución energética en el Caribe y 3 años después estaba vigente el mismo problema”. Air-e, sin garantías no le fíanDurante el debate en la comisión accidental de la Comisión V del Senado, habló del informe, de más de 700 páginas, en el que se describe el panorama de la compañía. Recordó así que justo cuando el Estado iba a iniciar la intervención se produjo un ataque cibernético que congeló los sistemas, luego de lo cual se vieron reducidos los niveles de recaudo, mientras que ellos fueron denunciados por falsedad en dichos informes.Pero la realidad es que la situación de Air-e es tan crítica que “nadie le quiere vender un tornillo. La energía con la que sigue prestando el servicio se tuvo que contratar en prepago, porque no hay garantías bancarias”, manifestó.Dentro de sus explicaciones ante el Congreso, Palma dijo que en la pos-toma creció la deuda de Air-e porque la intervención fue pedida justo cuando llegaba el fenómeno del Niño, durante el cual se encareció el precio de la energía. Además, agregó, “hay que insistir en que mucha de la deuda la dejaron los dueños, le deben a entidades del Estado como Findeter”.En línea con los mensajes que ha enviado en días anteriores, según los cuales, Air-e no volvería a los dueños, el ministro de Minas indicó que se requiere buscar quien preste el servicio de energía en la región Caribe y “ojalá sea una empresa pública”, subrayó, al tiempo que recordó que, “de no haber sido por la intervención estatal, ya varios municipios en los que hay usuarios del servicio de Air-e, habrían tenido apagones.”
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