La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que se dio en la Plenaria del Senado, en la que se eligió para ese cargo al abogado Carlos Camargo, gracias a los votos de los partidos de oposición e independencia, dejó demostrado una vez más que a Gustavo Petro se le desbarató la coalición de Gobierno.El doble rechazo a la consulta popular del fin de la legislatura anterior y el extenso proceso que tuvo que pasar el Ejecutivo para mantener con vida la reforma laboral dejaron claro que, al menos en el Senado, el presidente Petro no tiene nada asegurado.Ese panorama es desalentador para el poder Ejecutivo, si se tiene en cuenta que al mandatario aún le falta tramitar varios de los proyectos más importantes de su administración de los que depende el legado de reformas que ha querido dejar para cuando entregue la Casa de Nariño en 2026.El proyecto más urgente es la ley de financiamiento, con la que el Gobierno busca recaudar 26,3 billones de pesos mediante nuevos impuestos que afectarían productos de consumo frecuente, desde el licor y la gasolina, hasta las boletas de conciertos. De hecho, una parte significativa de esos gravámenes recaería sobre los combustibles.Aún no se han designado los ponentes del articulado y de la aprobación de ese texto depende el Presupuesto General de la Nación para 2026, que el Ministerio de Hacienda aforó por 557 billones de pesos. Por lo pronto, esa cifra está desfinanciada y poco ha podido concertarse con el Congreso por cuenta de las cancelaciones que ha hecho esa misma cartera de las reuniones que tenía pactadas con los congresistas.Otro tema que está pendiente es la reforma a la salud, a la espera del tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y que, de pasar ese trámite, llegaría a la Plenaria. Las conversaciones de los legisladores indican que el país sí necesita una reforma al sector, pero no la que propone el presidente, por lo que es probable que la ponencia mayoritaria que se estudie en la corporación sea una de carácter alternativo.Además, el estatuto para la paz total no ha comenzado su trámite en la Comisión Primera de la Cámara, tampoco la nueva reforma a la justicia prometida por el ministro de esa cartera, Eduardo Montealegre. Ambas iniciativas apenas activan su paso por el Congreso y, así en la Cámara encuentren apoyo, tendrán que llegar al Senado.Los congresistas temen que en asuntos como la ley de financiamiento y el Presupuesto General de la Nación, el presidente Petro esté buscando declarar una cifra por decreto para las finanzas públicas de 2026, con lo que volvería a saltarse el Legislativo con la misma jugada que aplicó para las cuentas de 2025.Además, el Ministerio de Salud se adelantó a la reforma publicando un decreto sobre las bases del sistema, lo que también deja claro que el Gobierno está buscando otros caminos que van más allá del Congreso para conseguir la aprobación de sus iniciativas.
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