El presidente Donald Trump firmó este lunes, 25 de agosto, una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a procesar con rigor a quienes quemen la bandera estadounidense durante protestas. Según Reuters, la directiva ordenó “procesar vigorosamente” los casos que infrinjan leyes existentes contra la profanación de la bandera y promover litigios que busquen redefinir los límites de la Primera Enmienda. Durante la ceremonia en la Casa Blanca, Trump calificó la bandera como “un símbolo sagrado” cuya quema constituye una “afrenta provocativa” hacia la nación.La orden no se limita a sanciones penales, sino que incluye consecuencias para inmigrantes. Según medios locales, el gobierno podrá revocar visas, permisos de residencia o naturalización, además de promover la deportación de extranjeros implicados en estos actos. Con ello, la administración refuerza simultáneamente su discurso de unidad nacional y su postura migratoria.Las reacciones no se hacen esperar desde el ámbito jurídico y constitucional. Time recuerda que en el fallo histórico Texas vs. Johnson (1989), la Corte Suprema determinó que quemar la bandera es una forma de discurso simbólico protegida por la Primera Enmienda. Robert Corn-Revere, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), aseguró que “el presidente no puede borrar la Primera Enmienda con la pluma”, argumentando que aunque resulte ofensivo, el acto sigue siendo legal.La firma de esta orden ejecutiva se enmarca en un paquete más amplio anunciado hoy, que también incluye la eliminación de la fianza sin efectivo, medida que Trump considera “una política indulgente” y que busca suspender fondos federales a jurisdicciones que la aplican, como Washington D. C.Según The Washington Post, esta acción pretende imponer mayor presión financiera a gobiernos locales que flexibilizan la libertad bajo fianza.La narrativa oficial se apoya en imágenes recientes de protestas donde manifestantes queman banderas, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington D. C., lo cual se presenta como justificación de la medida. Sin embargo, activistas y juristas insisten en que este tipo de disposiciones desafían un precedente constitucional de más de tres décadas.El paso que da Trump abre un nuevo capítulo en la pugna entre patriotismo libertad de expresión, al instruir al fiscal general a buscar formas legales de criminalizar la quema de la bandera y aplicar consecuencias migratorias a los involucrados, la administración coloca al país ante un inminente debate jurídico que podría volver a la Corte Suprema.
Section
Medio
Escrito por