El incendio Lee, que se declaró el 2 de agosto en la zona occidental de Colorado, se ha convertido en uno de los mayores registrados en la historia del estado y obligó a las autoridades a evacuar preventivamente el Centro Correccional Rifle, ubicado cerca de la población de Rifle.El Departamento de Correcciones de Colorado informó que 179 personas privadas de la libertad fueron retiradas del centro por abundancia de precaución y trasladadas temporalmente al Complejo Correccional de Buena Vista, a aproximadamente 150 millas del foco del incendio; no se reportaron heridos entre internos ni personal durante la operación.Las llamas del Lee Fire han consumido ya más de 167 millas cuadradas, casi 433 kilómetros cuadrados, entre los condados de Garfield y Río Blanco, y presentan una contención limitada, por lo que el fuego continúa avanzando por zonas de terreno escarpado con combustible vegetativo seco.Más de mil bomberos, apoyados por aeronaves y equipos terrestres especializados, trabajan en el frente para contener el fuego y proteger vías y comunidades; las autoridades han citado como líneas críticas la carretera estatal Colorado 13 y la County Road 5, donde se concentran numerosos esfuerzos de supresión.Las autoridades locales y estatales emitieron órdenes de evacuación y preevacuación en comunidades montañosas cercanas, mientras que las autoridades sanitarias activaron alertas por la mala calidad del aire debido al humo, potenciado además por el cercano incendio Elk y pidieron a residentes y visitantes limitar actividades al aire libre. El gobernador Jared Polis declaró emergencia verbal y movilizó recursos estatales y federales para reforzar la respuesta.El episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras críticas ante eventos extremos: la evacuación de una prisión obliga a replantear planes de contingencia y coordinación interinstitucional para garantizar seguridad y control durante traslados masivos. Informes sobre grandes incendios recientes, como el Cameron Peak de 2020, el mayor registrado en el estado con más de 208.000 acres, muestran que la tendencia a megaincendios se repite y exige políticas de prevención y adaptación más ambiciosas.Los costos directos de combate, la pérdida potencial de infraestructura y los gastos asociados a la recuperación suponen una carga económica para comunidades rurales que dependen del turismo y la ganadería; expertos piden evaluar inversiones en gestión de combustibles y sistemas tempranos de alerta para reducir impactos futuros.Organizaciones locales, oficinas de manejo de emergencias y voluntarios han habilitado refugios y centros de recepción para desplazados y coordinan transporte, atención médica y controles de calidad del aire; la logística penitenciaria implicó, además, colaboración entre distintas agencias para mantener la custodia y la seguridad durante el traslado.Analistas y meteorólogos advierten que, si continúan veranos más secos y episodios de vientos intensos, la frecuencia e intensidad de incendios que ponen en riesgo vidas, infraestructuras y ecosistemas podría aumentar, por lo que la lección inmediata es fortalecer protocolos, invertir en brigadas y modernizar planes de evacuación que contemplen incluso instituciones de alta seguridad.
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