SEMANA: Usted ha dicho que la política criminal en Colombia tiene profundas contradicciones. ¿Qué es lo que está pasando? ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ: Es un fenómeno que no viene de ahora. Los Gobiernos y los Congresos no han tomado en serio la política criminal y eso se refleja en varias cosas, porque a veces aumentamos los delitos, los bajamos; aumentamos las penas, las disminuimos, y los procedimientos se cambian con mucha facilidad. A eso se suma que, por resolver el conflicto armado, hemos venido aceptando o aprobando leyes de amnistía e indulto por delitos políticos. Ahí hay una primera distorsión de la política criminal muy difícil de entender para la gente, porque ha habido una benevolencia frente a la delincuencia política con el argumento de que el rebelde de hoy podría ser el gobernante del mañana. Hemos tenido unas 30 leyes de amnistía o indulto. ¿En dónde se refleja la distorsión? En que para un ciudadano es difícil entender que un Estado deje de aplicar penas, e incluso les dé tratamiento político a quienes han cometido delitos graves, como homicidios, asesinatos y secuestros, bajo el ropaje de la delincuencia política. Entonces, no entienden que para alguien, por ejemplo, que haya cometido una violación, la sociedad pida penas altísimas o cadena perpetua, pero que, cuando esa misma violación la comete un grupo armado que entra en un proceso de paz, ese mismo delito ya pierde la gravedad y a sus autores no se les aplica ninguna sanción. Mire el secuestro: siempre ha sido un delito grave. En alguna época lo sometimos a la justicia penal militar. Francisco Santos, después de que lo liberaron, propuso una ley que aumentó radicalmente las penas a 60 años. A muchos grupos armados, empezando por el M-19, pero también las Farc, en distintos Gobiernos, les han dado leyes de amnistía e indulto que han comprendido la exención de pena para los secuestradores. SEMANA: Eso es lo que está pasando hoy, porque están por conocerse las condenas contra el exsecretariado de las Farc y, por ejemplo, el Estatuto de Roma dice que el secuestro no tiene nada que ver con los delitos políticos. ¿Cómo se va a entender eso?A.G.: Es un dilema difícil de resolver, porque nadie quiere la guerra permanente y se buscan salidas. Pero el asunto es que vamos de amnistía en amnistía hasta la impunidad total. Uno entiende que haya en los Estados leyes de amnistía para delincuentes políticos, pero no para toda clase de criminales, como se está haciendo. El Estatuto de Roma, en cuya elaboración tuve alguna participación, establece que el delito de secuestro no puede ser conexo con el delito político, y por eso en 2002, en la transición de los Gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, se aplazó un poco la aplicación del Estatuto de Roma para que se pudieran hacer las negociaciones de paz que se estaban adelantando en ese momento. Después hemos visto que, a pesar de esa prohibición, se les ha concedido esta clase de beneficios a acusados o incluso condenados de delitos de lesa humanidad, entre los cuales están el genocidio, el reclutamiento de menores y el secuestro, entre otros. Y creo que ese es el problema que tiene hoy Colombia para decidir qué va a seguir privilegiando. ¿Vamos a seguir sacrificando siempre la justicia para una esquiva paz? Por eso hay esa distorsión, de la que yo hablo, en la política criminal que es difícil de entender. Este tema es importante en campaña para que quienes aspiran a gobernar el país decidan cómo van a resolver este problema, si seguiremos negociando con delincuentes de todos los pelambres, aun cuando no tengan objetivos políticos, con tal de que no alteren la seguridad ciudadana. SEMANA: ¿Cómo ve el debate suscitado por las críticas desde Estados Unidos a la decisión judicial contra el expresidente Uribe?A.G.: No estoy de acuerdo con que desde el exterior, sea Estados Unidos, Francia o Noruega, nos digan cómo debemos administrar justicia. SEMANA: Muchos críticos dicen que la justicia está al revés, porque hay una condena contra el expresidente Uribe, pero hay unos exmiembros de las Farc en el Congreso y en libertad. ¿Es así?A.G.: Yo no lo veo de esa manera, porque son procesos distintos. En el caso de las Farc, fue un proceso político y aceptado. En el caso del expresidente Uribe, hay que hacer una aclaración, porque los cargos que se le imputan no son hechos en su condición de presidente y, por ahora, no ha sido vencido en juicio, ya que aún queda la segunda instancia. Diría que es una percepción distinta de los ciudadanos frente a uno u otro fenómeno, pero cada uno tiene una explicación. No obstante, entiendo que son contradicciones difíciles de asimilar por parte del ciudadano común y corriente. SEMANA: Pero la fotografía en este momento es Uribe condenado y Timochenko en libertad y protegido por el Estado. ¿Cómo explicarles eso a los ciudadanos? A.G.: Desde el punto de vista jurídico o político, hay una explicación y es lo que yo llamo la distorsión de la política criminal, pero entiendo que un ciudadano se haga esas preguntas en esos extremos y no se encuentre una justificación. SEMANA: El expresidente Uribe enfrentará una condena de 12 años, por lo menos así lo dice la primera instancia. En el proyecto de la paz total se quiere ofrecer penas entre cinco o seis años para los criminales. ¿Es viable?A.G.: Yo no concentraría este tema macro solamente con lo que está pasando con el señor expresidente Uribe, sino como un fenómeno general. Son temas diferentes. SEMANA: Entonces, ¿cuál es ese ajuste a la política criminal que requiere hoy Colombia? A.G.: Primero diría que tiene que haber un compromiso de la clase política. El Congreso no puede seguir tomando a la ligera el estar cambiando las normas penales de procedimiento sin análisis, como pasó con la imposición del sistema penal oral acusatorio, que, por cierto, no ha agilizado los procedimientos penales. Por el otro lado, ¿vamos a seguir negociando permanentemente la ley? O vamos a tener que definir un momento a partir del cual vamos a tener que decir: hasta aquí ensayamos y apliquemos lo que tenemos. Que se cumpla estrictamente la ley y que los códigos se cumplan, porque el mensaje que estamos enviando puede ser equivocado. Porque pareciera que, entre más graves los delitos, más benigno el tratamiento del Estado si esos delitos están amparados con el ropaje de delincuencia política. SEMANA: ¿Le gusta ese marco jurídico de paz total que está proponiendo el Gobierno y que radicó en el Congreso?A.G.: No soy partidario de que a los que son delincuentes se les dé un tratamiento benigno. No conozco el detalle todavía, pero lo que uno ve es que a quienes se les está tratando de dar beneficios es a delincuentes comunes, muchos de ellos narcotraficantes puros, secuestradores, extorsionistas. Y creo que a largo plazo la legitimidad de un Estado no se puede mantener cuando hay esas tremendas distorsiones en la política criminal. SEMANA: Las sentencias de la JEP se van a empezar a conocer en los casos de secuestros de las Farc y se evidenciará el sistema judicial restaurativo; eso generará mucha polémica. ¿Qué hacer en ese caso? A.G.: Hay que hacer una gran labor pedagógica, porque toda la creación de la JEP y las penas previstas fueron objeto de un intenso debate. Es verdad que, cuando Santos innecesariamente sometió eso a plebiscito, y no fue aprobado, posteriormente se aprobó por el Congreso y la Corte Constitucional. Entonces, ahora no nos podemos sorprender de que en la JEP no haya privación efectiva de la libertad. SEMANA: ¿Cuál es hoy el principal problema de la justicia en Colombia? A.G.: Que no se aplica lo elemental de la Constitución, que exista una justicia pronta y cumplida. Tampoco podemos decir que es una justicia que no funciona, pues hay luces y sombras. Pocos países de América Latina, por ejemplo, pueden mostrar casos como lo que pasó con el proceso 8.000 o la parapolítica. Ha faltado que los procedimientos sean mucho más ágiles para que las decisiones se tomen a tiempo y para que los procesos no terminen en prescripción. SEMANA: ¿Cómo ve este ambiente de polarización en el que está entrando el país de cara a las elecciones de 2026? A.G.: Depende de lo que uno entienda por polarización. A mí me parece que la polarización per se no es mala si se entiende como posiciones distintas sobre el manejo de la sociedad y el Estado. La mala es la que se hace con la lucha armada, que está descartada. Existe otro tipo de polarización, que es la que se hace de manera, llamémoslo así, irresponsable, con la calumnia, la injuria o con atacar a las personas y no a sus ideas.
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