Un grupo de delincuentes amenazaba e intimidaba a comerciantes de huevo en Buenaventura, para quedarse con el monopolio de este alimento y levantar un emporio que, además, se convirtió en la fachada de una millonaria operación de lavado de activos, con dineros del narcotráfico. Se trata del llamado “cartel del huevo”. La Fiscalía, junto con la Dijín de la Policía, adelantó una investigación que permitió poner al descubierto una organización criminal dedicada al lavado de activos a través de empresas fachada. En Buenaventura, los delincuentes escogieron el sector de los huevos para completar la millonaria estrategia de convertir el dinero del tráfico de drogas, en ganancias por la venta de huevos. “Como titulares figuran personas que no cuentan con la capacidad económica ni con ingresos suficientes para tener inmuebles o vehículos a su nombre. Por estos hechos, recientemente fueron judicializadas por lavado de activos, entre otros delitos”, dijo la Fiscalía.Para hacer realidad este delito, fue necesario quitar del camino al resto de comerciantes que estaban en el mercado del huevo en esta región del país. Lo hicieron mediante amenazas, intimidaciones y advertencias de hombres armados para dejar el negocio y hasta huir de la zona. Las denuncias por las amenazas terminaron en una investigación por lavado de activos. Dos mujeres fueron judicializadas por liderar la organización criminal que acaparó la venta de huevo en Buenaventura y luego lavar los millones que dejaba el narcotráfico. Un negocio que ahora las tiene procesadas y con medida de aseguramiento. Sin embargo, alcanzaron a darse una vida de lujo. “En evidencia quedaron los bienes adquiridos por una red señalada de darle apariencia de legalidad a los dineros obtenidos por un grupo delincuencial que amenazaba y constreñía a los comerciantes de huevo de Buenaventura (Valle del Cauca) para monopolizar el precio del producto”, explicó la Fiscalía.La investigación llegó a la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía que, tras los análisis financieros y patrimoniales, identificó la compra de 14 propiedades y como dueñas personas que no contaban con la capacidad económica, ni con ingresos suficientes para tener inmuebles o vehículos a su nombre. “En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los bienes identificados, los cuales están ubicados en Cali (Valle del Cauca)”, advirtió el ente acusador. Se trata de cuatro apartamentos, dos casas, tres parqueaderos, un establecimiento de comercio, dos vehículos de gama alta, una motocicleta y un título valor. Las propiedades avaluadas en más de 3.160 millones de pesos fueron ocupadas en diligencias realizadas por la Policía Nacional.
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