Jhon Jairo, un mototaxista de Ocaña, tuvo que dejar de trabajar durante varios días luego de que su moto fuera inmovilizada por no tener vigente el SOAT. Al intentar recuperarla, se encontró con una barrera económica casi insuperable: debía pagar cerca de dos millones de pesos entre comparendo, grúa y parqueadero. Como él, miles de ciudadanos enfrentan a diario el mismo drama.Para atender este problema estructural, el representante a la Cámara Wilmer Guerrero radicó el proyecto de ley ordinaria “Camabajas y patios en su sitio”, que busca modificar el Código Nacional de Tránsito y frenar lo que denomina una cadena de abusos institucionalizados alrededor del negocio de grúas y parqueaderos.El proyecto propone seis medidas clave:No más pagos por grúa y patios si se paga la multa a tiempo: el ciudadano solo deberá pagar la sanción dentro del primer día hábil posterior a la inmovilización. No tendrá que cubrir costos de grúa ni patios si actúa dentro de ese plazo.Atención los fines de semana: muchos vehículos se inmovilizan un viernes y no pueden ser retirados hasta el lunes. Esto genera cobros injustificados por días no hábiles. Con la ley, los municipios deberán garantizar atención continua o eximir del cobro durante esos días. Cese al cobro por retiro de cepos: actualmente, se exige un pago adicional por quitar un cepo, aun habiendo pagado la multa. El proyecto elimina ese cobro extra.Grúas más justas: hoy, una camabaja que transporta 10 motos cobra el mismo valor a cada conductor, multiplicando por diez el costo real. La iniciativa exige dividir el valor total entre los vehículos transportados.Reembolso si el infractor es absuelto: cuando un ciudadano impugna el comparendo y la decisión le es favorable, hoy no recupera lo pagado en patios y grúa. Con esta ley, ese dinero deberá ser devuelto.Condiciones dignas en patios: se pondrá fin al uso de potreros como parqueaderos. Los patios deberán contar con pavimento y techo como mínimo para poder cobrar por el servicio.La propuesta nace de un diagnóstico preocupante: el 90 por ciento de quienes usan moto como herramienta de trabajo pertenecen a estratos bajos y terminan priorizando el pago de patios y grúa sobre la multa misma. Esto, según el autor, ha convertido la sanción administrativa en un negocio lucrativo para concesionarios y privados, que desincentiva el pago de la multa y deja al Estado con un bajo nivel de recaudo (solo el 34 por ciento de los comparendos se pagan; por inmovilización, apenas el 27 por ciento).Además, cada día en Colombia se inmovilizan en promedio 4.600 vehículos. En Bogotá, hay 37.000 automotores abandonados en patios desde hace más de un año. Y la desigualdad persiste: mientras los parqueaderos en malas condiciones cobran tarifas altas, las autoridades locales no garantizan mecanismos eficaces para retirar los vehículos en tiempos razonables.El proyecto, que será discutido en el Congreso, busca equilibrar el sistema sancionatorio y devolverle su función pedagógica y correctiva, sin seguir engordando negocios privados a costa de la ciudadanía.
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