El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una campaña pública dirigida a ciudadanos estadounidenses para incorporarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la promesa de un bono de hasta $ 50.000 dólares, como parte de una estrategia agresiva de ampliación de la fuerza laboral enfocada en deportaciones masivas. Según el anuncio oficial, esta iniciativa busca atraer oficiales de deportación, fiscales e investigadores para cumplir con un objetivo ambicioso: alcanzar un millón de deportaciones anuales.El impulso proviene de una reciente inyección de fondos aprobados por el Congreso en un paquete de gastos de aproximadamente 170.000 millones de dólares destinados a seguridad fronteriza e inmigración durante los próximos cinco años. De este monto, cerca de $76.500 millones de dólares serán asignados a ICE, con unos $45.000 millones de dólares reservados para ampliar la capacidad de detención y alrededor de 30.000 millones para contratar a 10.000 nuevos agentes.La campaña de reclutamiento utiliza gráficos patrióticos al estilo de la Segunda Guerra Mundial, con lemas como “AMERICA NEEDS YOU” y “DEFEND THE HOMELAND”, e imágenes del presidente Donald Trump y altos funcionarios de seguridad nacional. En los anuncios se alienta a responder “al llamado del país” y se destacan beneficios adicionales como horas extras, planes de perdón de préstamos estudiantiles y opciones de reembolso educativo.En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha promovido un programa piloto de autodeportación voluntaria que ofrece a migrantes indocumentados un monto de $ 1.000 dólares y pago de viaje a su país de origen a través de la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One. Aquellos que se registran en la plataforma serán priorizados para no ser detenidos mientras preparan su salida, y podrían conservar la oportunidad de regresar legalmente en el futuro.Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este enfoque es “la manera más segura, digna y eficiente en costo” para quienes se encuentran en situación migratoria irregular, con un ahorro estimado de hasta un 70 % frente al costo promedio de una deportación formal, que ronda los $ 17.121 dólares por persona.Diversos expertos y voces críticas, sin embargo, advierten riesgos y contradicciones en ambas iniciativas. Exfuncionarios de ICE alertan que la rápida contratación podría implicar reducción de estándares en selección y capacitación, con precedentes en expansiones anteriores que derivaron en abusos y baja retención.Organizaciones de derechos de los migrantes señalan que el programa de autodeportación puede perjudicar a personas con casos abiertos ante cortes de inmigración, ya que abandonar el país voluntariamente podría ser considerado abandono de su solicitud de asilo u otras formas de alivio legal.
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