La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para emitir un fallo decisivo en un caso que pondría fin a la ciudadanía automática de miles de recién nacidos, hijos de inmigrantes, cada año. El origen del enfrentamiento es la orden ejecutiva 14160, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que busca derogar el derecho a la ciudadanía al nacido en suelo estadounidense para hijos de padres indocumentados o con visas temporales.Diversos tribunales federales en Washington, Massachusetts y Maryland han bloqueado esta orden a través de injunciones nacionales (un mecanismo legal que usan los jueces para impedir que una ley entre en vigor), argumentando que viola la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, la cual otorga ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”. Estas acciones han sido solicitadas por gobiernos estatales, procuradores generales y organizaciones defensoras que aseguran que más de 150.000 bebés podrían ser afectados anualmente.El foco actual está en sí la Corte debe permitir que los estados bloqueados enfrenten la orden solo individualmente, limitando el alcance de las injunciones nacionales. La administración Trump argumenta que los jueces federales no tienen autoridad para emitir bloqueos que apliquen a todo el país, lo que retrasaría la implementación de la política. Durante la audiencia del 15 de mayo, los jueces conservadores parecían dispuestos a restringir el uso de estas órdenes, sin emitir opinión sobre la constitucionalidad de la política en sí.La decisión de la Corte Suprema, esperada este viernes, también determinará si la orden puede aplicarse en parte del país mientras se litiga la constitucionalidad. Un fallo que permita implementar la política en algunos estados marcaría un precedente para limitar el alcance de futuras metodologías judiciales a nivel nacional. Sin embargo, los jueces liberales han advertido que ceder en este terreno podría erosionar los derechos de millones, además de contradecir precedentes centenarios como el caso Wong Kim Ark de 1898.Las voces críticas enfatizan las implicancias humanitarias, pues la pérdida de ciudadanía podría dejar niños sin acceso a programas federales, salud pública y empleo legal, generando una categoría de personas en riesgo de “apátridas”. Por el contrario, defensores del orden de Trump lo presentan como un mecanismo para fortalecer la seguridad nacional y frenar el llamado “turismo de nacimiento”.Más allá del caso puntual, la Corte analiza si seguirá limitando el poder de los jueces de distrito para emitir bloqueos de impacto nacional, un debate que vincula la constitucionalidad con la estructura del sistema legal.El fallo definitivo definirá no sólo el futuro de la ciudadanía por nacimiento, sino también el equilibrio entre poderes y el alcance de la protección jurídica en Estados Unidos. Si la Corte opta por permitir la orden en parte del país, se abriría un panorama fragmentado con consecuencias políticas y sociales profundas. De lo contrario, prevalecería una interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda y de las garantías judiciales amplias.
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