La decisión del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, de pedirle a ese tribunal que suspenda la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro tiene un claro objetivo: lanzarle un salvavidas a su exjefe. La razón obedece a que el Gobierno está sintiendo pasos de animal grande en el CNE porque este 24 de abril se cierra la etapa probatoria y vendrían los alegatos de conclusión, que se extenderían hasta finales de mayo. Es decir, a mediados de junio habría una decisión sobre el caso Petro y la única manera de detenerla y darle espacio a la caducidad es que los magistrados de la Corte aprueben la ponencia de Fernández, quien fue secretario jurídico de la Presidencia. El Gobierno tiene tanto afán por atajar al CNE que ternó para la Corte Constitucional a Héctor Carvajal, abogado de Petro.
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