Martha Morales Manchego

En busca de los responsables. En esas está ahora la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales –ITRC, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene la misión de proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción.

En nombre de 23 empresas de energía eléctrica y 17 empresas de gas natural, cuyo estado de la deuda que tiene el Gobierno por cuenta de subsidios causados, entre otros, los gremios que forman parte del llamado Comité Intergremial de Energía y Gas, volvieron a enviar una carta al Gobierno nacional.Esta vez, la misiva va dirigida a los nuevos ministros de Hacienda y Minas, Diego Guevara y Edwin Palma, y fue suscrita por los gremios Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia.La carta le recuerda al Gobierno el cumplimiento del compromiso frente al pago a las empresas de energía

Como llamando a lista, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue mencionando una a una las empresas convocadas a la solidaridad con Air-e, compañía distribuidora de energía en algunos departamentos del Caribe colombiano, que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno.De esa manera, fueron mencionadas las empresas AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagén e ISA Intercolombia.

De nuevo, un paño de agua tibia fue aplicado a la gran llaga que tiene el sector arrocero en Colombia, cuyas crisis, al igual que la de ahora, que desató protestas y bloqueos en 4 departamentos del país, son recurrentes.Si bien fue anunciado un acuerdo, que pone a disposición una bolsa de recursos para tratar de paliar la situación de sobreoferta, solo traería beneficio a dos zonas arroceras: Tolima y Huila; mientras que las otras áreas siguen en lo mismo, sin ver aún la salida que, por demás, implica inversiones en un país en el que lo que más escasean son los recursos públicos.

En busca de echar reversa a la medida implementada en la reforma tributaria tramitada por el gobierno de Gustavo Petro, avanza en el Congreso de la República el proyecto de ley que eliminaría los llamados impuestos saludables.Durante la jornada de este miércoles 12 de marzo, fue aprobado el proyecto de ley que elimina impuestos a productos de consumo tradicional, como Yogurt, kumis, queso, mantequilla, leche larga vida, suero costeño y manjar blanco, entre otros.La iniciativa pasó el primer debate en comisión tercera, y ahora pasa a la plenaria de la Cámara.El autor principal de la propuest

“Este producto no es leche”, es lo que se ve en las etiquetas de algunas bebidas que expenden las tiendas D1 en sus estantes.

El Grupo Empresarial Diana confirmó el fallecimiento de Jaime Abraham Murra Hilsaca, fundador de esta compañía que tiene más de 60 años de historia.El empresario, nacido en Cartagena, murió a los 80 años de edad.

Fue hecho para proteger al ciudadano usuario del transporte aéreo, pero termina siendo favorable a las aerolíneas. Eso fue lo que halló el profesor Andrés Palacios, docente de la Universidad del Rosario, alrededor del proyecto de ley que avanza en el Congreso y que, a su juicio, es un saludo a la bandera.Inclusive, para el jurista experto en temas de competencia, sería mejor que la iniciativa se hundiera, según dijo en SEMANA.Luego de una revisión a fondo realizada por Palacios, el abogado concluye que, inclusive, se le quitan facultades a la Superintendencia de Transporte.

Finalmente, en horas de la tarde de este martes 11 de marzo, hubo humo blanco en la negociación entre gremios y gobierno, para levantar el paro arrocero, que ya llevaba varios días y no veía la luz en el túnel.Fedearroz confirmó que se levanta la protesta y, por consiguiente, el Ministerio de Agricultura pidió que se desbloquearan de inmediato las vías en los departamentos del Huila y Tolima, principalmente, donde se habían concentrado las protestas y bloqueos.Lo que desató el nudo fue la plata.

Ante el acoso laboral, en el que además está involucrado el tema sexual, existen múltiples aristas.En primer lugar, las víctimas no suelen lanzarse a denunciar los hechos, precisamente, porque en la mitad está su estabilidad laboral, algo que no es fácil de dejar a un lado debido a las dificultades para encontrar empleo en un país como Colombia. No obstante, también está la preocupación de denunciar y seguir en el lugar de trabajo donde estuvo el victimario.