Jorge Enrique Vélez

En Colombia, lastimosamente, no pasa un solo día sin que conozcamos un nuevo y aberrante caso de corrupción. Estos hechos se presentan tanto en el ámbito municipal y departamental, como en los cada vez más frecuentes escándalos a nivel nacional, como los relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las intervenciones a las EPS o las actuaciones sobre empresas de servicios públicos.

Los colombianos seguimos lamentando profundamente lo ocurrido con el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien hoy lucha por su vida tras un atentado que, a todas luces, parecería motivado únicamente por su postura crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que, en Colombia, ser opositor al actual Gobierno implica también confrontar a las organizaciones narcotraficantes que, según las propias palabras del presidente, se esconden detrás de estructuras ilegales como las disidencias o el ELN.No se trata de una interpretación aislada.

En marzo de 2020, todos los colombianos fuimos obligados a encerrarnos debido a la llegada de un virus que ya causaba miles de muertes en Europa y Asia. El Gobierno de turno tomó medidas drásticas para evitar su propagación, buscando mitigar primero el impacto en la salud pública y luego en la economía.Se implementaron restricciones severas: cancelación de eventos masivos, cierre del comercio y confinamientos obligatorios. Aunque muchas familias lamentan la pérdida de sus seres queridos, es innegable que esas decisiones permitieron salvar miles de vidas.

Colombia se aproxima a una nueva elección presidencial, y el próximo mandatario deberá reemplazar a un gobierno que, para muchos, ha sido nefasto y ha intentado socavar las bases de la democracia hasta su último día. Este contexto ha dado lugar a una proliferación histórica de precandidatos presidenciales de todas las tendencias ideológicas.

Con ese término se refirió el ministro del Interior, Armando Benedetti, al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario de la corporación, Diego González, tras la histórica derrota sufrida por el hoy desprestigiado gobierno de Gustavo Petro en el Senado de la República. En dicha sesión, las mayorías legislativas rechazaron su propuesta de consulta popular, disfrazada de reforma laboral.

A medida que avanza el actual Gobierno y a un año de las elecciones presidenciales que elegirán al próximo mandatario de los colombianos, lo único que parece quedar claro, tanto para nosotros como para la comunidad internacional, es que en nuestro país impera un profundo desgobierno.

Cuando en el año 2022 los colombianos elegimos al actual Senado de la República, con una participación superior a los 18 millones de votos, lo hicimos con la confianza y la certeza de que los senadores elegidos cumplirían con las funciones que les otorga la Constitución.

Durante su mandato, el presidente Gustavo Petro ha recurrido a cortinas de humo: temas superficiales lanzados al debate público para desviar la atención de los problemas más graves de su gobierno. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta estrategia ha sido sustituida por declaraciones cada vez más confusas. En lugar de ofrecer soluciones claras y coherentes, el presidente parece envuelto en errores técnicos y afirmaciones desacertadas que preocupan a muchos.En un reciente consejo de ministros transmitido en vivo, Petro hizo una declaración sorprendente sobre la crisis del gas en el país.

La semana pasada, los colombianos vivimos un momento que, para muchos, representó un dolor profundo por nuestra patria. En un acto que resulta difícil de calificar, el presidente Gustavo Petro entregó la Cruz de Boyacá al expresidente y exguerrillero uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, generando serios cuestionamientos sobre lo que un jefe de Estado no debería hacer.