El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló desde el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco que envió una comunicación al Gobierno de Estados Unidos encendiendo las alarmas por el alcance de las conversaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro y las estructuras criminales más temidas de la ciudad. La carta fue remitida el pasado 2 de julio al Departamento de Estado, a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a la Embajada norteamericana en Colombia, “con el fin de expresar una profunda preocupación institucional”.La versión de Federico Gutiérrez es que en el Gobierno Petro, presuntamente, se favorecería de forma directa e indirecta a estructuras criminales que, históricamente, han afectado tanto la seguridad de la capital de Antioquia como la de sus aliados internacionales, como Estados Unidos; enumeró a diez grupos ilegales.“El actual gobierno de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, ha promovido una política que, bajo el discurso de la paz total, ha legitimado públicamente a cabecillas criminales con graves antecedentes judiciales, muchos de ellos, al parecer, aún activos en el tráfico de drogas, explotación de menores, tráfico de armas, trata de personas”, se lee en el documento de siete páginas.En medio de la narración, Gutiérrez reconstruyó el ‘tarimazo’ que protagonizó Petro con estos cabecillas, ocurrido el 21 de junio de 2025 en el centro administrativo de La Alpujarra. La lupa la puso sobre dos nombres: Juan Carlos Mesa, alias Tom, y Freyner Alfonso Ramírez, alias Pesebre, que están incluidos en una lista de alerta de los norteamericanos por su alcance criminal.Frente a esto último, el alcalde afirmó: “Pese a tener condenas en firme por crímenes atroces, y a que, al parecer, siguen controlando sus estructuras delictivas desde el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos”. Y enumeró, uno a uno, a los altos funcionarios y congresistas que acompañaron al jefe de Estado en esta apuesta que generó polémica.El alcalde insistió en que este acto público significó una grave afectación institucional y manifestó que los ilegales han accedido a información sensible sobre operativos que se plantean en contra de las estructuras que lideran y las supuestas presiones de la senadora Isabel Zuleta ante las autoridades para beneficiarlos en materia judicial.En la carta también se mencionan los procesos de paz con las disidencias de las FARC, los intentos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo: “Todos ellos señalados por su participación en narcotráfico hacia Estados Unidos, secuestro, terrorismo y otras actividades delictivas transfronterizas”.Finalmente, el alcalde de Medellín hizo una petición al Gobierno norteamericano para que ponga su mirada sobre los procesos de paz en Colombia: “Acudo respetuosamente ante sus agencias para alertar que lo que está ocurriendo en Colombia tiene un impacto directo en la seguridad de Estados Unidos, toda vez que los principales capos responsables del tráfico de estupefacientes hacia su país no solo, al parecer, siguen operando, sino que ahora son promovidos por el Gobierno como interlocutores válidos en nombre de la paz”.Y concluyó: “Hago un llamado respetuoso, pero urgente, para fortalecer los canales de cooperación bilateral y analizar de forma conjunta esta coyuntura, que amenaza con desestabilizar los avances logrados en materia de seguridad en las últimas décadas, tanto en Colombia como en los países aliados”.
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