La orden de restricción de un juez, que prohibía a los agentes federales detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación, fue levantada, por lo que el temor crece entre la comunidad latina de Los Ángeles.¿Qué implica la ley?Lo establecido por el tribunal les da el poder a los agentes federales para detener a personas con el fin de interrogarlas, según su idioma. Teniendo en cuenta que el español es la lengua más hablada después del inglés, alrededor de 3,46 millones de habitantes estarían en la mira de las autoridades.La polémica alrededor del perfilamiento de hispanoparlantesVarios activistas han denunciado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría perfilando a personas por el simple hecho de hablar español en lugares públicos. Defensores de derechos humanos señalan que esta práctica podría violar protecciones constitucionales y aumentar la desconfianza hacia las autoridades migratorias en una de las ciudades con mayor población hispanohablante del país.Armando Gudino, director ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, dijo que el tribunal había “fallado a favor del perfil racial” y había sentado un “precedente peligroso” para los derechos de los inmigrantes y las libertades civiles.Pese a que la orden está dada, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que había ordenado a los departamentos de la ciudad seguir cumpliendo las normas que prohíben el uso de recursos municipales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.“Esto no es solo un ataque contra la gente de Los Ángeles. Es un ataque contra cada persona de esta ciudad y de cada ciudad de nuestro país”, dijo a los periodistas.Organizaciones comunitarias en Los Ángeles advierten que el ICE estaría perfilando a personas únicamente por hablar español en espacios públicos, como estaciones de autobús y supermercados.Según activistas, algunos residentes han reportado que fueron interrogados sobre su estatus migratorio después de que agentes los escucharan conversar en español.Expertos en derechos civiles señalan que esta práctica podría violar la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra detenciones arbitrarias, y fomentar un clima de miedo entre millones de hispanohablantes que viven legalmente en el área.En contraposición, el DHS aseguró a través de la red social que Esta decisión es una victoria para la seguridad de los estadounidenses en California y para el Estado de derecho.Voceros de ICE y algunos legisladores que apoyan medidas de control migratorio sostienen que el perfilamiento lingüístico no es una política oficial, sino una herramienta de investigación cuando existe sospecha razonable. Argumentan que el idioma puede ser un indicador útil en operativos dirigidos contra redes de tráfico de personas o delitos transnacionales, y que los agentes están entrenados para actuar dentro del marco legal. “No se trata de perseguir a comunidades, sino de identificar posibles amenazas a la seguridad pública”, afirmó un portavoz de ICE en un comunicado, enfatizando que las prioridades de la agencia siguen siendo la detención de personas con antecedentes criminales graves.
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