La Marina de México enfrenta una crisis de credibilidad tras la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por autoridades federales por su presunta participación en una red de robo de combustible y manipulación aduanera vinculada a operaciones emblemáticas del partido Morena.Junto a Farías Laguna, la Fiscalía ordenó aprehensiones contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, su hermano, y el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, lo que ha encendido alarmas sobre posibles tramas de corrupción al interior de la Secretaría de Marina (SEMAR).Este caso surgió en un momento crucial. Días antes, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, se entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum un “démarche” diplomático donde se exigían “acciones visibles” contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Aunque el gobierno lo negó, la presión internacional evidenció una creciente preocupación sobre la militarización y falta de transparencia en proyectos de gran envergadura.Expertos advierten que desde la administración de López Obrador, y ahora bajo Sheinbaum, se ha dado un avance sostenido en la militarización de la gestión pública. Pues los militares administran puertos, aeropuertos, aduanas e infraestructura como el Tren Maya, lo que ha deteriorado los contrapesos civiles y abierto espacios de corrupción. En este contexto, el caso SEMAR se percibe como un síntoma de una problemática más amplia, donde faltan mecanismos de rendición de cuentas y proliferan sobrecostos en los proyectos públicos.Datos recientes del Índice de Percepción de Corrupción (2024) sitúan a México en su peor posición histórica, con apenas 26 puntos sobre 100, ocupando el lugar 140 de 180 países. Esto refleja una percepción profunda de impunidad institucional que podría agravarse si no se fortalecen los controles civiles y judiciales independientes.Además, el gobierno de Sheinbaum impulsó la eliminación de siete organismos reguladores y autónomos, una medida que, según críticos, reduce la transparencia y concentra poder en manos del Ejecutivo. En este entorno, casos como el de la Marina cobran una relevancia política y social significativa.Aunque aún falta información pública sobre la participación exacta de los implicados y los detalles de los proyectos involucrados, la atención se centra en si la justicia actuará con plena independencia, y si el modelo de militarización será revisado. La ciudadanía y analistas coinciden en que este episodio debe convertirse en catalizador para reforzar instituciones civiles, transparencia en licitaciones y fiscalización real.Según el comunicado del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI), la red de corrupción habría operado bajo un modelo sistemático que combinó redes internas y oscuros contratos. La expectativa ahora está puesta en las indagatorias, su alcance y si alcanzarán a altos mandos. En última instancia, este caso podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Fuerzas Armadas y Estado civil, y definir cómo se lidia con la corrupción en el corazón de los proyectos estratégicos del país.
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