La Fiscalía ordenó interceptar las comunicaciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el marco de una investigación que adelanta en su contra por hechos ocurridos hace seis años. Hay fuertes cuestionamientos por el actuar del ente de acusación. Las escuchas se extendieron por 70 días durante este 2025. El hecho fue confirmado por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Diana Yolima Niño Avendaño, cuando pidió legalizar las conversaciones que tuvo el mandatario departamental para incluirlas en el proceso de 2019.Junto a Rendón, la Fiscalía interceptó a Carlos Andrés Gómez, Hugo Alberto Parra, Carlos Andrés Moreno, Hernán Darío Álvarez, Carlos Enrique Lopera, María Teresa Vélez, Duverney Pérez, Guillermo Antonio Castro y Martha Patricia Correa ―actual secretaria General de Antioquia―, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro, Antioquia.La investigación se adelanta en contra del gobernador por los presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contratos, por dos aparentes CAI de la Policía que habrían representado un presunto detrimento patrimonial cuando estuvo a cargo de esa administración local. El argumento es que no se entregaron, pero la Policía desmiente la acusación y reconoce que sí los recibió. Cuando la fiscal pidió la legalidad de las interceptaciones, la magistrada Marcela Márquez, del Tribunal Superior de Bogotá, se opuso y cuestionó fuertemente el actuar del ente de investigación. Así quedó registrado en un video de la audiencia que se celebró ese día.“No está debidamente justificada y soportada esa razón por la que, luego de varios años, desde la presunta comisión de las conductas punibles, no era viable que las conversaciones monitoreadas registren algún tipo de hallazgo relevante sobre el trámite contractual objeto de indagación”, comentó la togada, como lo reveló El Colombiano.La Fiscalía apeló la decisión y, en segunda instancia, los magistrados Yaneth Liliana Martínez y Alexandra Ossa revocaron la primera determinación y le dieron legalidad a la interceptación de las comunicaciones al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.Hay fuertes cuestionamientos sobre el proceder de la Fiscalía. La defensa del mandatario departamental considera que son improcedentes las escuchas, dado que tienen lugar seis años después de los hechos que hoy son materia de investigación.
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