La reforma judicial promete reducir estos tiempos de 10 años a máximo 12 meses, pero, mientras tanto, las empresas deben navegar un sistema que las obliga a aprovisionar miles de millones por litigios interminables. Este panorama está transformando radicalmente cómo las empresas colombianas abordan sus riesgos legales, con un giro masivo hacia mecanismos alternativos de resolución de conflictos y estrategias preventivas basadas en tecnología.Las cifras son contundentes: mientras el Doing Business del Banco Mundial reportaba que resolver un conflicto comercial en Colombia tomaba 1.288 días con costos equivalentes al 46 % del valor del litigio, la realidad actual es aún más dramática. Con 1.9 millones de procesos activos y solo el 20 % de los casos evacuados anualmente, las empresas enfrentan una lotería judicial donde el tiempo es su peor enemigo. El impacto económico trasciende los honorarios legales. Según datos de la ANDI, el 32 % de las empresas reportan afectaciones significativas por conflictos judiciales, con costos promedio de inseguridad jurídica que alcanzan el 1.7 % de sus ventas. Para el sector de construcción, el más litigioso, según Supersociedades, la cartera vencida asociada a disputas legales alcanza el 11 %, comparado con apenas el 1 % en sectores más regulados como telecomunicaciones y financiero.Colombia ha dado pasos valiosos hacia la modernización judicial. La Ley 2213 de 2022 estableció la virtualidad como regla general para actuaciones judiciales, eliminando la necesidad de firmas manuscritas y permitiendo audiencias remotas. El sistema PretorIA de la Corte Constitucional usa inteligencia artificial para analizar tutelas, mientras que el expediente digital promete eliminar el transporte físico de documentos que costaba $11 mil millones anuales. Sin embargo, la implementación enfrenta obstáculos monumentales: si la meta es alcanzar el 100 % de despachos digitales, debe darse solución a la brecha tecnológica en regiones apartadas; y también enfrentar la resistencia cultural al cambio.La Ley 2430 de 2024 fortalece el uso de tecnologías de la información en la administración de justicia, pero su impacto real dependerá de la capacidad de implementación. Mientras tanto, las empresas, aunque pueden radicar demandas electrónicamente y asistir a audiencias virtuales, los tiempos de resolución son los mismos: procesos que legalmente deberían resolverse en tan solo un par de años, pueden extenderse por uno o varios lustros.La reforma judicial aprobada en mayo de 2025 representa el cambio más ambicioso en décadas. Sus promesas: reducir los tiempos de resolución de más de 10 años a máximo 12 meses, evitar la prescripción de 43.000 casos anuales y descongestionar el 30 % del inventario judicial en cinco años. Sin embargo, nuestro país enfrenta una paradoja judicial: mientras construye el sistema de justicia del futuro, las empresas deben sobrevivir en el presente. La solución no vendrá solo de reformas legales o inversiones tecnológicas. Requiere un cambio profundo: empresas que prioricen la prevención sobre el litigio, abogados que dominen tanto códigos como algoritmos, y un sistema judicial que entienda que cada día de retraso en la justicia es un día perdido para el desarrollo económico del país. Ante la parálisis judicial, las empresas han encontrado refugio en los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y en sofisticadas estrategias para navegar este entorno: la prevención contractual adquiere dimensiones críticas. Las empresas incorporan cláusulas de resolución anticipada, protocolos de escalamiento antes del litigio y mecanismos de notificación temprana. El due diligence ya no se limita a aspectos financieros: incluye evaluación exhaustiva de antecedentes litigiosos de contrapartes y análisis de riesgos regulatorios.Si bien la reforma promete un futuro mejor, el presente demanda acción inmediata. En Colombia, prevenir un litigio no es solo más económica que ganarlo; podría ser la única forma segura de no perderlo.