Donald Trump afirmó en una entrevista con CNBC haber sido rechazado como cliente por JPMorgan Chase y Bank of America después de dejar la Presidencia en su primer mandato, acusando a esos bancos de discriminarlo por razones políticas y obligándolo a dispersar más de mil millones de dólares entre múltiples bancos más pequeños. Según Trump, JPMorgan le dio 20 días para cerrar sus cuentas y Bank of America rechazó recibir su depósito en bloque, acusándolo de trato injusto. Esta situación alimentó una crisis de confianza sobre prácticas bancarias opacas.La Casa Blanca, por su parte, se encuentra ultimando un decreto ejecutivo que busca castigar a las instituciones financieras que cierren cuentas de clientes por sus creencias políticas, religiosas o su participación en industrias como la criptomoneda. El borrador, revisado por el Wall Street Journal, propone que los reguladores investiguen posibles violaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades Crediticias, leyes antimonopolio o de protección al consumidor, con sanciones potenciales como multas o acuerdos voluntarios.Las entidades implicadas han negado categóricamente que su decisión haya estado motivada por razones políticas. Un portavoz de JPMorgan afirmó que no cierran cuentas por afiliación política y que están a favor de aclarar normas regulatorias. Bank of America, aunque se declaró dispuesto a cooperar con el Gobierno para mejorar el marco regulatorio, aseguró que no cierra cuentas basándose en creencias políticas.Expertos legales y analistas indican que no existe evidencia pública de un patrón sistemático de cierre de cuentas por opiniones políticas. Según el análisis del Comité Sénior de Banca del Congreso, más de 8.000 consumidores presentaron quejas ante la CFPB en los últimos tres años por cierres presuntamente indebidos de cuentas bancarias. Sin embargo, no hay datos que confirmen que tales cierres estuvieron motivados por ideología.La práctica conocida como “debanking” o desbancarización se refiere a la terminación abrupta de relaciones bancarias por razones de riesgo reputacional, legal o regulatorio. Frecuentemente, se realiza sin explicación ni posibilidad de apelación, lo cual puede generar graves impactos en la vida económica de personas o empresas.En este contexto, el decreto ejecutivo en preparación representaría un giro político significativo: impulsaría supervisores a revisar si los bancos incumplieron normas federales, al negar servicios con criterio ideológico y a aplicar sanciones correspondientes. También resalta una tensión creciente entre criterios regulatorios tradicionales, como el riesgo reputacional, y las demandas de transparencia e igualdad de acceso al sistema financiero.La respuesta pública continúa dividida: simpatizantes conservadores y líderes de la industria cripto respaldan la medida como defensa ante discriminación ideológica, mientras que la banca argumenta que las decisiones respondieron a evaluación de riesgos y presiones regulatorias, no a política. Ambas posturas coinciden en reclamar una regulación más clara y previsible. La espera gira ahora alrededor del momento en que el presidente firme oficialmente la orden.
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