Se registró un ataque ocurrido en un suboficina de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Yakima, Washington, donde una persona desconocida lanzó una piedra contra una ventana y, posteriormente, provocó un pequeño incendio en la parte trasera del recinto. Aunque no se reportaron heridos, el hecho ha sido catalogado como violento y está bajo investigación federal. La instalación también alberga oficinas del Departamento de Servicios Sociales del Estado, lo que genera interrogantes sobre si el objetivo era ICE específicamente o un acto contra una sede gubernamental compartida.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reportado un incremento dramático: entre el 21 de enero y el 14 de julio de 2025, los ataques contra el personal de ICE aumentaron en un 830 % respecto al mismo periodo de 2024. La subsecretaria Tricia McLaughlin atribuyó este repunte al clima de tensión política asociado a las redadas de inmigración y a un discurso público que, según DHS, difama a los agentes de ICE, alimentado presuntamente por figuras políticas demócratas.Además del incendio provocado en Yakima, en Portland, los oficiales han sido blanco de campañas de doxxing y amenazas, incluyendo la publicación de sus direcciones y fotos por grupos vinculados a Antifa en organizaciones como “Rose City Counter‑Info”. En ocasiones, se reportaron actos de vandalismo personal, como basura arrojada en casas de agentes con mensajes de odio dirigidos directamente. En ocasiones anteriores, otros ataques incluyeron uso de objetos contundentes o fuego contra vehículos oficiales durante redadas recientes en Los Ángeles.La situación ha llevado al DHS a reforzar protocolos de seguridad alrededor de varias instalaciones de ICE catalogadas como de “mayor riesgo”, e implementar nuevas medidas preventivas en respuesta al patrón ascendente de agresiones. La propia secretaria Kristi Noem emitió un comunicado advirtiendo que “cualquier persona que busque dañar a agentes federales será identificada y procesada con todo rigor”.Por otro lado, en el estado de Washington, legisladores han propuesto una ley (House Bill 1232) para permitir inspecciones del Departamento de Salud estatal en centros de detención privados como el Northwest ICE Processing Center en Tacoma, tras recibir más de 1.500 denuncias sobre condiciones precarias y hacinamiento. Aunque la medida ya fue aprobada en la Cámara estatal, aún espera votación en el Senado y enfrenta objeciones de empresas como GEO Group, contratista del centro ICE.Este panorama refleja una escalada preocupante. Un incidente aislado en Yakima expone un contexto más amplio de hostilidad creciente hacia agentes de inmigración en todo el país. Mientras tanto, las políticas estatales también buscan poner freno a situaciones críticas en detención.
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