La increíble red de estafa en el Atlántico: autorizaban préstamos y luego las víctimas aparecían con demandas por alimentos

Todo un revuelo hay en el Caribe colombiano luego de que se destapara una presunta red que tiene varios componentes: préstamos informales, supuesto fraude procesal y hasta fallos judiciales. Las víctimas aseguran que se trata del llamado “cartel de los alimentos”, que transforma unos créditos privados en supuestas deudas por cuotas alimentarias.Aparentemente, detrás de estos hechos ilegales habría jueces y otros integrantes de la Rama Judicial no solo en Atlántico, sino en otras zonas del norte de Colombia. SEMANA tiene en su poder tres denuncias formales que siguen su curso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por personas que aseguran ser víctimas de estos hechos, al parecer, ilegales. En los documentos se encuentran los testimonios de Orlando Reyes, José Torres y Juan Pablo Aguirre, que tienen un común denominador: todos firmaron papeles para acceder a un crédito en Montería y, semanas después, sin haber sido notificados ni citados a conciliación, empezaron a ver descontado el 50 por ciento de su pensión por orden de jueces de municipios que no conocen ni han visitado nunca en sus vidas.Orlando Reyes Cogollo denuncia lo mismo y también reside en Montería, Córdoba. En el documento se lee: “Me hicieron firmar papeles para un préstamo, y al poco tiempo supe que me habían metido en un proceso de alimentos que yo no autoricé. Nadie me notificó y me están quitando la mitad de la pensión”.En los documentos, las víctimas señalan a una jueza y su secretaria privada. “Ellas deben saber lo que está pasando, porque ya varios compañeros han enviado quejas sobre lo mismo. Pero las demandas siguen llegando, y los descuentos, también”, precisó el afectado.En este presunto entramado ilegal también está inmerso José del Carmen Torres Romero, quien vive un verdadero calvario. “Me dijeron que el dueño del capital estaba en Barranquilla y que no se podía hacer nada, que eso ya estaba en manos del cartel del alimento. Que la plata se la queda un tercero que actúa como supuesto beneficiario de alimentos, pero realmente es un cobrador del préstamo”.Por otro lado, Juan Pablo Aguirre Casarrubia, otro docente pensionado afectado, relató que se percató de dos procesos en su contra en Luruaco, Atlántico, sin haber recibido ninguna notificación. “Revisé Tyba (sistema para la gestión de procesos judiciales) y me aparecían dos embargos. Luego supe que otros colegas estaban pasando por lo mismo y que todo forma parte de una estructura que opera en varios juzgados del país”. Lo que llama la atención es que los denunciantes viven en Córdoba y tienen sus domicilios plenamente establecidos, pero los juzgados implicados están en Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Cundinamarca.Los juzgados señalados en las denuncias incluyen, además del de Luruaco, Atlántico, a los de San Pablo, Morroa, Simití, Achí, Agustín Codazzi, Sasaima y Santa Rosa, entre otros. Uno de los jueces de esta presunta red, en el municipio de Sasaima, Cundinamarca, ya fue destituido e inhabilitado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por hechos similares. Sin embargo, esta práctica parece seguir vigente e incluso multiplicarse.“El patrón es idéntico en todos los casos. Una vez firmado el préstamo, se abre un proceso de alimentos con base en documentos que uno nunca ha visto, y el juzgado falla de inmediato sin hacer ninguna verificación. Nunca nos notifican, nunca nos llaman. Solo nos damos cuenta cuando ya están descontando de la pensión”, expresa Torres.Además, los denunciantes señalan que el dinero no va a manos de supuestos hijos ni dependientes, sino a personas que operan como intermediarios financieros, actuando como falsos demandantes.“Un tercero es el que aparece como beneficiario y se queda con el dinero que descuenta el Fopep o Fiduprevisora. Los jueces lo permiten, no se investiga, y nosotros quedamos atrapados en una estafa legalizada”, señala Orlando Reyes.Los denunciantes solicitan que se certifique si efectivamente existen procesos en su contra, se remitan copias a la Fiscalía General de la Nación y se investigue disciplinaria y penalmente a los funcionarios judiciales involucrados. Piden, además, la vinculación de los apoderados de los demandantes, que serían ficticios, y la terminación inmediata de los procesos con el levantamiento de las medidas cautelares.Las pruebas Las pruebas que anexan incluyen consultas en la plataforma Tyba, copia de cédulas y certificaciones de domicilio, en las que se demuestra que ninguno de los afectados reside en los municipios donde supuestamente se ventilan los procesos. Algunos aportan incluso registros de votación expedidos por la Registraduría Nacional que certifican su residencia en Córdoba. Los procesos son terminados con un acta de conciliación supuestamente suscrita por las partes. Lo curioso es que estas son llevadas a otros municipios e incluso departamentos y aun así son avaladas sin ningún cuestionamiento por los despachos judiciales.Los procesos mencionados en el informe fueron adelantados por la jueza Paola Gisela de Silvestri Saade, quien ejerce funciones en el municipio de Luruaco, Atlántico. SEMANA intentó contactarla para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero no fue posible obtener respuesta frente a las graves denuncias. No obstante, este medio pudo establecer que, luego de conocerse las denuncias en la Comisión de Disciplina Judicial, la jueza suspendió los embargos y compulsó copias a las personas que figuran como presuntas víctimas, pero no a los abogados, que son los apoderados en medio de todos estos hechos escandalosos en el Caribe. La abogada, natural de Puerto Colombia, Atlántico, no es la primera vez que ha estado envuelta en presuntos casos de corrupción, pues entre 2010 y 2011 la Fiscalía General de la Nación la investigó y logró su captura por un desfalco millonario cuando era tesorera del municipio de Aracataca, Magdalena.De Silvestri Saade fue condenada inicialmente, pero un juez en segunda instancia la absolvió en este proceso que generó revuelo a nivel nacional. SEMANA conoció por medio de fuentes judiciales que varios funcionarios de la Rama Judicial en el Atlántico, en los municipios, realizarían este tipo de prácticas irregulares para poder, presuntamente, favorecer a terceros y que esto sería de conocimiento de los funcionarios judiciales. “En la Rama Judicial y otros sectores públicos es un secreto a voces que muchos funcionarios hacen préstamos y luego se autoembargan para no pagarles a las entidades financieras. Esta práctica debe ser investigada por las autoridades competentes a fin de avanzar en la trazabilidad de cada uno de los procesos que reposan en numerosos juzgados”, detalla.Además, varias personas nombradas han alertado al sistema antisoborno para que realice las respectivas indagaciones, pero hasta el momento no ha pasado nada y todo ha quedado en los documentos. Incluso, una fuente consultada dentro de los juzgados le dijo a SEMANA que es necesario que las autoridades correspondientes puedan realizar inspecciones a varios despachos de paz de los procesos que han llevado, debido a que, supuestamente, tienen casos que no son de su competencia, pero no pasa nada. “La información que tengo por testimonios de compañeros es que estos casos del ‘cartel de los alimentos’ estarían llegando a los juzgados de paz en varios municipios del Atlántico, donde el control es mínimo. Es decir, debe haber una vigilancia mayor en estos procesos, porque los hechos de corrupción se pueden seguir presentando y son paisaje, pues nada pasa”, explica la fuente, que pide reserva de su identidad por la gravedad del caso. Del mismo modo, advierte: “El dinero que se mueve detrás de todo esto es enorme, pero uno solo cuenta y denuncia hasta donde no se ponga en riesgo, porque incluso la vida de uno o la de su familia puede verse comprometida por la gravedad del caso. Ojalá algo suceda y se tomen medidas frente a estos hechos”.