El próximo miércoles 13 de agosto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentará el recurso con el que busca que se revise la condena contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En la acción, que será radicada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quedarán consignadas las que consideran fallas en la valoración probatoria por parte de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.Con esta decisión, al caso Uribe le quedará aún tela por cortar. Ahora será el Tribunal Superior el que tome la palabra y para eso tiene plazo hasta el 15 de octubre. De lo contrario, precluirá el caso. Los encargados de asumir esta segunda instancia son los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. Nuevamente, la polémica estará servida en esta etapa del proceso. El magistrado Merchán será el encargado de proyectar el fallo, pero no es ajeno al caso. Desempeñó un papel controvertido cuando la defensa del expresidente pidió declarar nula la irregular interceptación al teléfono del expresidente. La orden judicial era realizar escuchas al celular del senador Nilton Córdoba Manyoma y terminaron chuzando a Uribe Vélez, entre el 9 de marzo y el 9 de abril de 2018, incluidos los diálogos con su abogado Diego Cadena, que tienen reserva constitucional.Así las cosas, la llegada del caso Uribe al Tribunal Superior de Bogotá se inicia cuesta arriba y contra reloj. Si hay decisión antes del 15 de octubre, sin importar si se ratifica la condena o es absuelto, habrá una nueva apelación en la Corte Suprema de Justicia. Ahí el asunto es a otro precio y los tiempos se prorrogan. La Corte, a instancias de un recurso de casación, tendrá cinco años para estudiar los argumentos y decidir si ratifica o rechaza el fallo. Si al expresidente le ratifican la condena, le quedará una última carta: presentar una acción de tutela cuyo argumento, en este caso, sería la violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Además, aunque todavía no se ha puesto sobre la mesa, el caso Uribe podría llegar a instancias internacionales por las presuntas violaciones a los derechos del expresidente a lo largo del proceso.Justamente, los argumentos de la apelación han sido advertidos a lo largo del juicio por la defensa del expresidente Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, empezando por las interceptaciones que validó el magistrado Manuel Antonio Merchán, del Tribunal Superior de Bogotá.Asimismo, los videos grabados por el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, en los que el abogado Diego Cadena buscaba la retractación, pero que fueron manipulados según los peritos de la misma Fiscalía y de la defensa del expresidente.Igualmente, las contradicciones de Monsalve en las declaraciones a la Fiscalía y la Corte Suprema, mediadas por la búsqueda de beneficios judiciales y una cómoda reclusión en la cárcel La Picota, de la mano del senador Iván Cepeda.Entre ellas se encuentra su versión sobre la presunta participación de Uribe Vélez y su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro de las Autodefensas en la finca Guacharacas, ubicada en Yarumal, Antioquia, en los años noventa, aunque ellos no volvieron a ese predio luego del asesinato de su padre en 1983. El papá y el hermano de Monsalve también lo desmienten. El otro punto tiene que ver con las acciones del abogado Diego Cadena, quien buscó retractaciones de los testigos. Cadena, pese a que se comunicaba diariamente con el expresidente, le habría ocultado información, y en las interceptaciones no hay una sola prueba o presión de Uribe para lograr esos testimonios. Se escucha que pedía que contaran la verdad. Con estos argumentos, se insistirá en que no existe ninguna base o sustento para concluir que el expresidente Uribe fue “determinador” de los delitos, pues no dio la orden para que se cometiera una conducta contraria a la ley.
Section
Medio
Escrito por