La investigación más grande que afronta el presidente Gustavo Petro, relacionada con las presuntas irregularidades que rodearon la financiación de su campaña en 2022, cuando se habrían violado los topes electorales, entró en la recta final. SEMANA anticipa en exclusiva que el mandatario sería absuelto en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara bajo el argumento jurídico de la “ausencia de dolo”, es decir, según los investigadores, el entonces candidato del Pacto Histórico desconocía el ingreso y salida de los dineros usados para pavimentar su llegada a la Casa de Nariño.Los abogados sustanciadores de dos de los tres ponentes le confirmaron a SEMANA que el sentido de la ponencia de absolución está casi listo, pero no ha sido radicado en la Comisión, pues actualmente el triunvirato de parlamentarios que investiga a Petro sigue recusado, entre otras razones, porque son amigos o tienen relación política directa con el primer mandatario.Se refieren al congresista Alirio Uribe, del Pacto Histórico, uno de los abogados más consultados en la izquierda y ficha clave en la unificación de un solo partido del petrismo de cara a 2026; a la congresista del Valle del Cauca, Gloria Arizabaleta, exesposa del senador Roy Barreras; y al congresista Wilmer Carrillo, del Partido de la U y cercano al Gobierno.Solo se espera la decisión de estas recusaciones para que el triunvirato pueda avanzar y oficialice su decisión. Se estima que en octubre de 2025 la ponencia, en la que se pedirá el cierre de investigación contra el primer mandatario, esté radicada oficialmente.En enero de 2025, el congresista Alirio Uribe le confirmó a SEMANA: “Este semestre habrá decisiones en la investigación contra el presidente”. Los seis meses pasaron y no cumplió. Este medio volvió a preguntarle el 13 de junio pasado por los resultados del proceso y respondió: “He estado recusado todo el semestre”.En el caso contra Petro aún faltan por recoger dos declaraciones, entre ellas las de las directivas de Supergiros, empresa utilizada por los directivos de la campaña presidencial para el pago de los testigos electorales. También están pendientes dos inspecciones judiciales, una de ellas a la Fiscalía General, con la que se busca indagar qué pruebas se han recolectado frente a la responsabilidad penal de Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña y hoy es presidente de Ecopetrol. Otra es una nueva visita al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que entregue las últimas pruebas recaudadas en la investigación administrativa contra Petro. SEMANA confirmó que esta diligencia se realizará el próximo lunes 21 de julio a las 9:00 a. m.Lo más probable es que el tribunal electoral remita el expediente completo a la Comisión de Investigación y Acusación en los próximos días, pues la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió el 26 de junio de 2025 quitarle sus competencias para investigar al jefe de Estado. El CNE aún no ha sido notificado por la Corte de su decisión.Mientras se define la recusación, los congresistas e investigadores de la Comisión de Investigación y Acusación adelantaron varias reuniones privadas con expertos jurídicos, analizaron el grueso de las pruebas y concluyeron preliminarmente que Gustavo Petro “no actuó con dolo” en los señalamientos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña. En términos legales, la ausencia de dolo significa que el investigado no actuó con la intención deliberada de cometer un delito y no hubo voluntad consciente de realizar la conducta prohibida por la ley.Si nada extraño ocurre, los investigadores argumentarán que el entonces candidato “no conoció” de dónde provinieron los dineros que ingresaron a su campaña, ni tenía por qué establecer, en ese momento, la procedencia de un avión comercial que lo movilizó por varias ciudades del país y que, según denuncias que reposan en el Consejo Nacional Electoral, era financiado por Daily Cop, un esquema de inversión ilegal en criptomonedas que estafó a centenares de colombianos.Petro –dirán los investigadores– tampoco tuvo a su alcance los informes de pauta comercial en medios que le permitieran inferir que tendría futuros dolores de cabeza con la Justicia, sumando así varios argumentos que van a levantar una polémica nacional. En términos sencillos, el triunvirato salvará al presidente con la tesis de que todo fue a sus espaldas.Como se recordará, ese fue el mismo planteamiento legal que le sirvió de salvavidas ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara al expresidente Ernesto Samper Pizano, a quien el Congreso absolvió el 13 de junio de 1996 por el escándalo del proceso 8.000, relacionado con el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña. Heyne Mogollón, el excongresista del Partido Liberal, la misma casa política de Samper, fue quien salvó en ese momento al entonces presidente.Una fuente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le confirmó a SEMANA que los investigadores del caso Petro, aunque no lo dirán públicamente, tienen claro que hubo una violación de los topes electorales en la campaña presidencial de 2022, pues las pruebas recolectadas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral, contra el presidente Petro, Ricardo Roa, la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, entre otros, son demoledoras. Sin embargo, los investigadores de la Comisión de Acusación dirán que no hay elementos contundentes que les permitan concluir que el presidente sabía y que tuvo intención de violar los topes establecidos por la ley.Los miembros de la Comisión no descartan que en el auto inhibitorio, en el que concluirán que no es necesario abrir una investigación formal contra Petro, se le dé zanahoria al primer mandatario, pero garrote al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien le compulsarán copias a la Fiscalía para que tome una decisión penal sobre sus actuaciones, porque el fuero en la Comisión de Investigación es exclusivo para el jefe de Estado. Es una estrategia con la que actuarían en justicia y con la que buscarían quedar bien ante el país, que reclama la verdad frente a uno de los mayores escándalos que ha capoteado el presidente desde 2022, cuando llegó al poder.El triunvirato de parlamentarios no descarta levantar la reserva de la investigación en el segundo semestre de 2025, tal como sucedió con las investigaciones contra los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. El objetivo es que el país escuche varios testimonios, entre ellos el de las directivas de Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes informaron a la Comisión que, aun cuando sí hubo un giro de dineros a la campaña presidencial de 2022, Gustavo Petro no sabía y, por tanto, no los tramitó.“¿Cómo se vincula al presidente por malos manejos si no sabía?”, se preguntó uno de los abogados sustanciadores consultados por este medio, quien pidió la reserva de su nombre.En la decisión, los congresistas tampoco descartarían acudir a varias tesis y argumentos que expuso en noviembre de 2024 el abogado defensor del presidente, Mauricio Pava, a los congresistas investigadores Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo. Les solicitó que se inhibieran de abrir formalmente una investigación contra Petro.Pava argumentó en su momento que el entonces candidato delegó funciones en su gerente de la campaña, Ricardo Roa, y que él se dedicó al tema político. “En lo que se refiere a la delegación en personas competentes, él designó a Ricardo Roa como gerente de campaña, confiando en su experiencia y capacidad para gestionar los aspectos financieros. Esto significa que actuó con la diligencia que se espera de un candidato presidencial, enfocándose en sus responsabilidades propias y delegando funciones específicas en su equipo”, dijo.“Desde la dogmática penal, se aborda, además, la delegación, confianza y distribución de funciones en la campaña, subrayando que la administración de los recursos, al ser una función delegada, exime de responsabilidad a quienes no han participado directamente en la toma de decisiones financieras. Se examina cómo la confianza en el cumplimiento de deberes por parte de los responsables directos, en este caso los encargados de la administración de recursos, limita la imputación penal de quienes no tienen un rol activo en la gestión de estos. Asimismo, el principio de realización mancomunada del trabajo en una campaña implica una división de responsabilidades que impide que los actos de uno sean automáticamente imputables a otro sin una participación o un conocimiento directo”, añadió la argumentación de Pava.El abogado, quien renunció a la defensa de Petro en la Comisión de Acusación porque consideró que actualmente el proceso es más político que jurídico, explicó que el entonces candidato, al delegar funciones en personas competentes y confiables, “actuó conforme al principio de confianza y no tenía motivos para sospechar de conductas ilícitas, las que al día de hoy nadie ha demostrado, ni existe una decisión jurisdiccional que determine su existencia”. En otras palabras, Pava liberó de responsabilidad a Petro, pero puso sobre los hombros de Roa el peso de las consecuencias de la financiación irregular de la campaña. Es una historia similar a lo que ocurrió con el expresidente Juan Manuel Santos, absuelto en la Comisión de Acusación por la entrada de los dineros de Odebrecht a su campaña. Quien terminó pagando los platos rotos, condenado y en la cárcel, fue su entonces gerente de campaña, Roberto Prieto.Si los congresistas Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe piden oficialmente que no se abra una investigación formal contra Petro por la presunta financiación irregular de su campaña, la decisión podría ser apelada y finalmente caerá en manos de la plenaria de la Cámara de Representantes, le confirmó a SEMANA el excongresista Edward Rodríguez, quien fue presidente de la Comisión de Investigación y Acusación.“Esa decisión puede apelarla quien interpuso la denuncia o algún congresista de la Comisión”, explicó el exparlamentario. Tan pronto se conozca la ponencia del triunvirato, la apelación debe tramitarse en los siguientes cinco días hábiles. De lo contrario, quedará firme.Eso explica el afán que tiene hoy el Gobierno de Petro por asegurarse la presidencia de la Cámara de Representantes este domingo 20 de julio. Lo más probable es que la decisión del triunvirato de congresistas sea apelada y la plenaria de la Cámara, donde el presidente tiene hoy mayorías, tome la decisión final. Wilmer Carrillo, congresista del Partido de la U, quien forma parte de los investigadores del primer mandatario, sonó fuertemente como reemplazo de Jaime Raúl Salamanca en la presidencia de la Cámara. Pero su aspiración está abortada y los ojos del Gobierno están puestos en el representante Julián López, de ese mismo partido, quien ya se reunió con Petro para abrirse paso en la presidencia de la Cámara.También sonó fuertemente para esa presidencia Juan Carlos Wills, representante del Partido Conservador, quien sostuvo un encuentro el jueves 10 de julio con el ministro Armando Benedetti en la Casa de Nariño, pero tampoco le cuajó su aspiración. Wills, quien forma parte de la Comisión de Investigación y Acusación, cerró de tajo en las últimas semanas un proceso contra Gustavo Petro por la expedición del decreto convocando a la consulta popular saltándose la decisión del Senado. ¿Buscó ganar adeptos con el jefe de Estado y avanzar en su aspiración por la presidencia de la Cámara? Esa fue la pregunta que quedó en el ambiente.Prueba de que Petro ha tenido interés en la presidencia de la Cámara es que la congresista Katherine Miranda no logró obtener las mayorías cuando postuló su nombre el 20 de julio de 2024 y fue derrotada por el boyacense Jaime Raúl Salamanca.El entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, prófugo de la Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, les informó a los congresistas de la Alianza Verde, el partido que él fundó, que Miranda no tenía el visto bueno de Petro para la presidencia, pues se convertiría en una piedra en el zapato en caso de que la decisión contra el jefe de Estado terminara en la plenaria de la Cámara. González también se lo dijo personalmente a Miranda.La decisión del triunvirato, que sin duda favorecerá a Petro, no depende de las elecciones de las mesas directivas del Congreso este fin de semana porque está casi lista. Sin embargo, servirá para medir el pulso en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que elegirá a su nuevo presidente, quien reemplazará al representante Leonardo Gallego, del Partido Liberal. El acuerdo político pactado en 2022 establece que la nueva presidencia de la Comisión de Acusación le corresponde al Pacto Histórico, una jugada estratégica que le permitiría a Petro maniobrar y tener injerencia en algunas de sus investigaciones. Hasta el cierre de esta edición estaba cantado que la nueva presidenta será la congresista Gloria Arizabaleta, quien hoy forma parte del triunvirato que investiga al presidente por presunta financiación irregular de su campaña.Arizabaleta tiene el respaldo de 10 congresistas y, eventualmente, de 12 de los 18 que forman parte de la Comisión, entre ellos el suyo, el de Alirio Uribe y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico. También el de Karyme Cote y María Eugenia Lopera, del Partido Liberal; Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde; Juan Carlos Wills, Daniel Restrepo y Wadith Manzur, del Partido Conservador; así como Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Eventualmente, la respaldaría Jorge Eliécer Tamayo, de La U, aunque él quedó molesto porque el Gobierno lo bajó de su aspiración a la presidencia de la Cámara. En el listado también aparecen William Aljure y Jorge Rodrigo Tovar, de las curules de paz.SEMANA confirmó que todo dependerá de lo que ocurra con la elección del presidente de la Cámara. Si el Gobierno insiste en incumplir los acuerdos políticos de 2022 y derrotar a Cambio Radical, al que le correspondería esa dignidad, lo más posible es que se desbarate lo pactado en la Comisión de Investigación y Acusación, y los opositores e independientes a Petro saquen su as bajo la manga: Carlos Cuenca, congresista de Cambio Radical.Cuenca supone un riesgo para el presidente, pues en tiempo récord abrió una indagación preliminar en su contra por las explosivas cartas del excanciller Álvaro Leyva. También logró que el exdiplomático se notificara y asista, posiblemente, a declarar a la Comisión este lunes 21 de julio, donde ampliará sus denuncias contra el jefe de Estado. Si esto ocurre, Gustavo Petro estaría en problemas, porque Carlos Cuenca pediría como medida cautelar un examen médico, psicológico y toxicológico contra la primera autoridad del país, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia.Desde la Casa de Nariño no se quieren equivocar con el nuevo presidente de la Comisión de Acusación, como ocurrió con el congresista Leonardo Gallego, cercano al expresidente César Gaviria. En su periodo, Gallego le entregó 20 procesos del presidente al representante Carlos Cuenca, hoy opositor del Gobierno.Sobre la absolución a la vista que favorecería a Petro, no se descartan nuevos obstáculos en su contra. Por ejemplo, SEMANA confirmó que el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, le pedirá una vez más a la Procuraduría que presente una nueva recusación contra el congresista Alirio Uribe porque habría prejuzgado, ya que en su momento se refirió en redes sociales a este proceso. Villamizar hizo la solicitud a la procuradora Margarita Cabello, pero no hubo respuesta y espera encontrar eco con Gregorio Eljach. El presidente Petro confía en que la investigación más significativa que afronta esté concluida a su favor antes del 7 de agosto de 2026. Tal y como están las cosas, los vientos soplan a su favor.
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