La teoría del presidente Gustavo Petro de que la mayoría de los funcionarios públicos del Gobierno nacional son uribistas ha generado una guerra interna sin precedentes en el Ejecutivo. SEMANA revela testimonios de empleados de ministerios, departamentos y direcciones que sufren la persecución por no ser contratados en la era del Pacto Histórico.Luz Yolanda Morales es funcionaria de carrera administrativa del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y alertó que el simple hecho de pertenecer a ese grupo de trabajadores la ha puesto en el ojo del huracán, pues se ha creado el imaginario de que pertenecen a una estructura política que quiere afectar los proyectos y tareas del jefe de Estado.Bajo esta sospecha, la jefa directa de la profesional le notificó verbalmente que no podía seguir cumpliendo las funciones porque no la necesitaba en su despacho: le restringió el acceso a la información que por años fue su insumo laboral y frenó los objetivos que están en su contrato. Su caso está en la Procuraduría y, aparentemente, no ha avanzado.“La actual jefe ha pretendido invisibilizarme negándome sistemáticamente el cabal cumplimiento de mis funciones legales y conferidas por el manual. No me permite tener funciones de asesoría jurídica en el despacho del que dependo. Según los discursos del Gobierno, todos nosotros somos paramilitares y uribistas que no dejamos trabajar”, afirmó Morales.Lo mismo ocurrió con Sandra López, cuyo nombre real fue modificado por petición propia. Ella se desempeñó como contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante dos décadas y su salida estuvo antecedida por un arrebato de funciones, supuestamente, por no pertenecer al proyecto político de Gustavo Petro.Con una voz angustiada y con el miedo de quedar en evidencia ante la opinión pública, la mujer describió que durante muchos años trabajó por el país, prestó sus servicios a varios presidentes y fue acusada de ir en contra de los intereses del actual Gobierno nacional, un discurso que cada vez más estaría tomando fuerza en las entrañas de la administración.“El director me quitó las funciones y no sabía a qué venía a la oficina, no me volvió a hablar. Lo único que yo he hecho es servirle al país. Hay persecución, acoso. En el Dapre están pasando cosas muy raras”, agregó la fuente, que es una de las más de 600 personas que han salido del Departamento Administrativo de la Presidencia desde el 7 de agosto de 2022 hasta ahora.Persecución judicialEl Ministerio del Trabajo también sería un foco de abuso laboral que estaría mermando con la llegada de Antonio Sanguino, según varios testimonios recogidos por SEMANA. Hay registros de retenciones de pagos de nómina, limitaciones de tareas en las oficinas y ataques sistemáticos por pensar diferente de las políticas del Gobierno nacional.Una de las funcionarias que ha padecido este viacrucis, que solicitó reservar su identidad porque continúa en esa cartera, denunció que los líderes del ministerio se pasaron por encima las normas hasta comienzos de 2025, acompañados de una persecución legal y administrativa para tratar de afectar, principalmente, a los empleados de carrera.“(La exministra) Gloria Inés Ramírez nos desconoció como funcionarios públicos, como sindicalistas; nos atropelló, nos persiguió, no nos pagó, nos puso denuncias penales, disciplinarias. Hay personas, en este momento, que no les han pagado salarios del año pasado y eso no puede ser, pues Hacienda manda la nómina completa y eso es intocable”, dijo la profesional.El tormento también se siente en la Agencia Nacional de Contratación Pública. Uno de los empleados que lleva varios años reconoció que el Gobierno de Gustavo Petro llegó en 2022 con múltiples resistencias que han afectado el clima laboral y el desarrollo de la misión de la entidad, principalmente por diferencias de carácter político.Él cree que no se puede confundir el acoso con los despidos masivos que tienen lugar actualmente, pues cada administración hace los movimientos que necesita para cumplir sus objetivos y está en la libertad de hacerlo. Sin embargo, piensa que no se pueden tolerar otros episodios que han alterado la convivencia en los pasillos de la institución.“En algunos casos, ponen trabajo de más, en otros ponen menos trabajo. Es un problema si llegaste cinco minutos tarde o si te fuiste a una pausa activa, pues no estás en tu puesto de trabajo. Algunas conductas sí son nuevas, debido al liderazgo de ciertas personas que por primera vez trabajan con el Estado, y otros casos sí se presentaban desde mucho antes”, mencionó el hombre.“Ha afectado mi salud”En el Ministerio de Relaciones Exteriores hay reportes de persecución entre los empleados que llegaron con el Pacto Histórico y los de carrera. Una de ellas, fiel al programa político de Gustavo Petro, se vio en la obligación de salir del cargo por las presiones que estaba recibiendo en público. Ella presentó la queja por convivencia laboral ante la Cancillería.“Esta situación ha afectado mi salud emocional, ya que no solo ha generado desmotivación en mi labor, sino que siento pánico de que se repita en las instancias regionales. (…). Me siento paralizada y siento que he perdido toda legitimidad. (…). Siento que no tengo garantías para desempeñar las funciones propias de mi cargo”, se lee en el documento conocido por SEMANA.La mujer renunció a su puesto y, como ella, cientos de personas han salido del Gobierno nacional en los últimos meses por presiones y discursos incendiarios que no solamente han comprometido las funciones públicas, sino la salud mental de los empleados del Estado, según las fuentes consultadas en diferentes carteras.“Estuve a punto de quitarme la vida en la oficina, incluso llegó una ambulancia de la Secretaría de Salud de Bogotá. Ese episodio fue muy doloroso. La presión y persecución de mi jefe fueron insoportables. A pesar de lo que pasó, no cambió la situación y no volvieron a prestarme atención”, reveló una mujer que labora en el Ejecutivo, quien solicitó omitir la entidad y el nombre para evitar su identificación.Diferentes sindicatos también afirmaron a SEMANA que la alta rotación de personal, producto de renuncias y declaraciones de insubsistencias, compromete la continuidad de proyectos, debilita la memoria institucional y envía un mensaje contradictorio frente a la idea de un Estado profesional, eficiente y transparente.Lo que está pasando genera “preguntas legítimas sobre el estilo de gestión que se está implementando y sobre las condiciones internas que están llevando a tantos funcionarios a abandonar sus cargos o a ser retirados de ellos. Esto no solo impacta negativamente la gestión gubernamental, sino que erosiona la credibilidad del Gobierno del cambio”, narró una de las agremiaciones.¿Qué se está haciendo?El Gobierno nacional no desconoce los episodios y, de la mano del Ministerio del Trabajo, ha impulsado protocolos para proteger a los empleados, aunque son fuertemente cuestionados por las víctimas debido a su bajo nivel de efectividad.“Los comités de convivencia laboral deberán resolver las quejas presentadas en un plazo máximo de 85 días calendario; cada entidad deberá diseñar e implementar un plan anual de convivencia laboral; se realizarán campañas educativas y formativas para visibilizar las consecuencias de acoso laboral”, se estableció en una circular que fue enviada a todas las entidades del Estado en 2024.Además de la preocupación por las condiciones laborales en el Gobierno Petro, algunas fuentes llamaron la atención sobre los nombramientos que se están haciendo, pues desconfían de la idoneidad de algunos profesionales, que llegan a reemplazar a las personas que abandonan las instituciones por presiones o que son declarados insubsistentes.
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