Este martes, la administración de Estados Unidos se vio obligada a revelar los detalles sobre el proceso, que ha sido ampliamente cuestionado, para cancelar los registros de inmigración de miles de estudiantes extranjeros. La jueza federal, Ana Reyes, indicó que se trató de una flagrante violación del debido proceso y que era un asunto que le “preocupaba”.Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del país norteamericano, que estuvo involucrado en el procedimiento del gobierno, aseguró ante en tribunal que la administración había facilitado un registro al Centro Nacional de Información Criminal, el cual examina las interacciones de las personas con las fuerzas del orden. Por lo tanto, los estudiantes internacionales que habrían participado en delitos menores -como multas de tránsito, y delitos menores que no fueron desestimados y órdenes de arresto que nunca resultaron en cargos penales- quedaron en un limbo legal, lo que provocó que al menos 100 de ellos presentaran demandas contra la administración en los últimos días. Andre Watson, alto funcionario de la División de Seguridad Nacional del DHS, dijo que entre 20 a 30 personas revisaron los nombres de los 1,3 millones de estudiantes en las bases de datos. Así, la única revisión individualizada consistió en corroborar que el nombre que aparecía en las bases de datos de la policía, coincidiera con los datos en el portal SEVIS, que usan las instituciones educativas para garantizar que los estudiantes inmigrantes cumplan con los requisitos de las visas correspondientes. La decisión de la jueza, de que Watson compareciera para responder sus preguntas, se produjo en medio de que, en audiencias anteriores, ella y otros jueces alrededor del país encontraran limitaciones por parte de los abogados del Departamento de Justicia, La semana pasada, un abogado declaró ante unos jueces en Washington, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se había negado a brindar información sobre las acciones del gobierno. Pese a que el pasado viernes, el nuevo gobierno del país anunció que detendría los esfuerzos que estaban llevando a cabo, y que restablecería los registros migratorios de todos los estudiantes internacionales afectados, Reyes -y otros jueces de la nación- siguieron adelante con los planes de examinar las motivaciones del gobierno para perjudicar los datos de los miles de estudiantes.Por su parte, el Departamento de Justicia insistió en reiteradas oportunidades que la eliminación de los registros en SEVIS no invalida la situación migratoria de cada persona. Aun así, las actuaciones del gobierno alarmaron a los estudiantes, que optaron por dejar de asistir a las instituciones, lo que afectó el cumplimiento de las normas para mantener el visado.
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