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María Fernanda Rojas, la nueva ministra de Transporte, fue aliada de la entonces alcaldesa de Bogotá Claudia López en el Concejo. Claudia invitó a votar por Mafe, como es conocida, en 2019. Aunque ambas se distanciaron, el nombramiento de Rojas tiene indignado a un sector radical del petrismo. La verdad es que algunos desconocen que ella cuenta con la plena confianza del presidente y que cuando fue alcalde de Bogotá, Petro la nombró directora del IDU.

Tras la renuncia de David Luna al Senado, hay especulación en Cambio Radical en torno a quién podría reemplazarlo. El que sigue en la lista de los más votados es Temístocles Ortega, quien obtuvo 57.999 votos. Le sigue Yefer Vega, con 54.635, y luego César Lorduy, con 54.633. SEMANA conoció que Ortega en ningún momento renunció a la colectividad, pese a que fue embajador en Chile del Gobierno de Gustavo Petro y, por ende, le correspondería esa silla en el Senado. En caso de no aceptarlo, por la renuncia de Vega a la colectividad, seguiría en la lista el magistrado del CNE.

Cuando Gustavo Petro era candidato, en sus discursos insistía una y otra vez en la necesidad de la reconciliación. Sin embargo, una cosa fue lo que se dijo en la campaña y otra la realidad. Para la muestra, lo que ha ocurrido en la famosa Consejería para la Reconciliación, con oficina en la Casa de Nariño.Desde que Petro se posesionó como presidente, el 7 de agosto de 2022, por ese despacho han pasado cuatro consejeros (Eva Ferrer, Álvaro González, Margarita Barraquer y ahora Luz Karime Fernández).

Esta semana, una llamada de una procuradora delegada en Bogotá puso en alerta a la mayoría de procuradores provinciales y regionales porque la funcionaria les pidió que presentaran su renuncia protocolaria.Sin embargo, de manera extraña, minutos después, ella misma les envió un mensaje por un grupo en WhatsApp: “Señores procuradores regionales, provinciales y distritales de instrucción de juzgamiento, cordial saludo. Respecto a lo solicitado en las llamadas de esta tarde realizadas desde la coordinación territorial de la Procuraduría, les solicito hacer caso omiso a lo indicado.

Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali que falleció en 2022, en una prisión en Estados Unidos, escribió un libro con sus memorias, que ya está a la venta en las principales librerías del país. Alexandra Rodríguez, su hija, le reveló a SEMANA que el trabajo más duro fue registrar los derechos intelectuales y de explotación del texto. Gilberto no quiso que ese trámite se hiciera en Colombia ante el riesgo de que se filtrara el contenido del libro.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está en el ojo del huracán luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró en SEMANA que el 15 de noviembre del año pasado le entregó una alerta temprana sobre lo que iba a ocurrir en el Catatumbo.“El Ministerio convocó a una reunión virtual de bajo perfil, de bajo nivel, en la que no pudimos constatar compromisos específicos y extraordinarios, tal y como lo ameritaba la situación.

En medio del hueco que hay en las finanzas del Gobierno Petro, el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, anunció la eliminación de 300 contratos de prestación de servicios. Asimismo, expidió el Decreto 018 de 2025, en el que modificó la planta de personal de la entidad, pues incluía algunas funciones similares a las del Ministerio de la Igualdad. El dato que sorprende es que a partir de ahora el despacho del director del DPS tendrá a su cargo 20 asesores grado cinco.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar a Cuba del grupo de países que apoyan el terrorismo está estrechamente vinculada a Colombia. En primer lugar, durante su anterior mandato, Donald Trump incluyó a la isla en ese listado tras el atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander, en 2019. Ahora fue el Gobierno Petro el que intercedió ante la Casa Blanca para revertir la medida.

El próximo 23 de enero se definirá si se reactiva la demanda de la firma Thomas Greg & Sons contra el Estado colombiano por 120.000 millones de pesos, luego de que el entonces canciller Álvaro Leyva declarara desierta la licitación de pasaportes que les iba a ser adjudicada. La empresa estaría pensando en reactivar el recurso una vez se cumplan los plazos. Esto, a pesar de que se había llegado a un acuerdo con la Cancillería para que ellos formaran parte de la transición al nuevo modelo de pasaportes, en el que participarán Portugal y la Imprenta Nacional.

La recusación de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, al magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, en medio del estudio de la demanda contra la reforma pensional, demorará aún más la revisión de esa ley en el alto tribunal. En principio, la discusión se efectuaría a comienzos de febrero, pero eso no ocurrirá. Fernández responderá que no está impedido para decidir sobre la suerte de la pensional, pese a que fue secretario jurídico de la Presidencia, y la Sala Plena tendrá que decidir acerca de su impedimento.