La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no goza de un amplio margen de credibilidad, sin embargo, resulta un paso casi obligatorio para que denuncien a altos funcionarios, como magistrados o a la propia fiscal general de la nación.Al abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, le sobran las denuncias; una, justamente, se radicó ante la Comisión de Acusaciones y advierte que el exdirector jurídico de la presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, incurrió en el delito de tráfico de influencias, por lo que tiene que se