César Jiménez Flechas

Fue la defensa de Nicolás Petro la que solicitó una agencia especial de la Procuraduría para el juicio en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, porque consideró necesaria una vigilancia particular al proceso. Ahora, es la misma Procuraduría, con su agencia especial, la que advierte que la defensa se equivocó con un listado de pruebas. “Al juicio no se va de pesca”, dijo el procurador delegado de manera especial para este proceso que está a las puertas de un juicio.

Una sacudida le dio la Procuraduría a la defensa de Nicolás Petro por un listado de pruebas que, en criterio del Ministerio Público, pueden enredar el proceso, en lugar de darle celeridad. El procurador, designado de manera especial, hizo duros reparos a las pruebas solicitadas por la defensa, por eso le advirtió que al “juicio no se viene a pescar”. Cuando el delegado de la Procuraduría terminó, la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro pidió una suspensión de la diligencia tras advertir que tenían otros compromisos en otras instancias y con otros procesos.

“Preparación obligatoria”. De esta forma, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a las víctimas del llamado macrocaso 01, secuestros de las Farc, a una extraña diligencia de “preparación” de cara a la audiencia de este 31 de julio, en la que, se supone, se conocerán las primeras decisiones de esta jurisdicción luego de casi diez años de funcionamiento. La JEP redactó un documento, el Auto 014-2025, en el que advierte a las víctimas y sus representantes que tienen que asistir a un “encuentro técnico preparatorio obligatorio” un día antes de la audiencia.

Más de 180 ciudadanos recibieron un mensaje o una llamada de una entidad bancaria, una notificación de que el crédito o tarjeta de crédito fue aprobada, el problema es que ninguno había solicitado ese producto. Todos se convirtieron en víctimas de una banda de delincuentes sobrados en ideas y escasos de moral. La Policía adelantó una investigación que estableció un modus operandi, una forma efectiva para de sacar créditos a nombre de otras personas, con cédulas falsas o robadas.

La pena contra los exdirectivos de la multinacional Bananera Chiquita Brands, señalados de conformar y apoyar grupos paramilitares, llegó a los 11 años de cárcel y por el delito de concierto para delinquir. El caso, que estaba por prescribir, logró completar el juicio y fijar una sentencia condenatoria que se convierte en un importante logro para la Fiscalía y la confirmación de que los procesados sabían y apoyaban la conformación de los grupos paramilitares en norte del país.

La difícil y corta historia del menor de edad, quizá como la de muchos adolescentes en Colombia, pero que convirtió los problemas familiares y la pobreza en una herramienta para el crimen, en un intento de asesino, se volvió protagonista en el caso por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Ahora la Fiscalía lo acusó formalmente y el próximo 4 de agosto se realizará la audiencia. El ente acusador radicó el escrito de acusación en su contra por los delitos de tentativa de homicidio y tráfico de armas.

Ada Paola Baracaldo fue identificada y judicializada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Pasó de trabajar en el cielo a defenderse de señalamientos en la tierra. Era azafata y de acuerdo con la Fiscalía, aprovechó su cargo para meter miles de dólares a Colombia. La Fiscalía presentó a la mujer ante un juez de control de garantías para imputar cargos y explicar en detalle por qué su trabajo en el cielo se convirtió en la excusa para delinquir.

Ante un juez de control de garantías, fue presentado Cristian Camilo González, señalado de participar en el plan criminal para atentar en contra del senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en Bogotá.Cristian Camilo González, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, tenía una misión específica, sacar del lugar de los hechos al menor de edad que disparó al precandidato presidencial. Su objetivo terminó frustrado tras el alboroto luego de los disparos.A la cárcel fue enviado el sexto capturado por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Gabriel Ángel, un firmante de paz que estuvo por más de 30 años en las Farc, al lado de los máximos comandantes de esa guerrilla, reconoce que nunca, en esas tres décadas de conflicto, estuvo tan cerca de la muerte como ahora, fuera de la selva, en Bogotá, donde viste traje de paño y está custodiado por un robusto esquema de seguridad. A Ángel lo intentaron matar con una poderosa bomba lapa, que se pega con imanes a las latas de un carro; 15 kilos de pentolita, suficientes para despedazar cualquier vehículo.

Desde el pasado 13 de abril, cuando se vio por última vez a Tatiana Hernández, sentada en unas rocas, frente al mar en Cartagena, han surgido diferentes versiones sobre su desaparición. La Fiscalía adelanta una investigación que, después de tres meses, ha dejado pocas pistas y resultados, pero una nueva hipótesis podría cambiar la historia. La familia de Tatiana recibió una llamada en la que advertían que la desaparición de la joven médica estaba relacionada con hechos de corrupción en el Hospital Naval de Cartagena, donde realizaba una rotación de práctica.