César Jiménez Flechas

La banda de falsificadores de billetes tenía medio país como su vitrina. Los delincuentes que lograron tecnificar su forma de elaborar los billetes se propuso, con éxito, traficarlos en Risaralda, Tolima, Cesar, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Santander, Valle del Cauca y Arauca, entre otros departamentos; y los enviaban como encomiendas a sus compradores. Se trata de Los del Occidente, una banda que tenía imprenta en Bogotá y Florencia, Caquetá. Desde allí arrancaba la cadena criminal que incluía la obtención de la materia prima, como papel y tintas.

Cuando las investigaciones arrancan, son muchos los testigos que dicen que vieron o saben algo, pero es en el juicio donde esa “verdad” tiene asiento en el proceso.

Una descarada red de corrupción se gestó en los despachos judiciales de Bogotá, justamente donde están los encargados de garantizar justicia a los ciudadanos. Los funcionarios convirtieron las montañas de expedientes y el rezago del tiempo en un negocio millonario que por décadas estuvo oculto de las autoridades. Esta es la historia del cartel de los depósitos judiciales. Una grotesca escena en los juzgados civiles de Bogotá, que algunos sindicatos convirtieron en linchamiento público en contra de un juez, terminó destapando un vergonzoso caso.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se convirtió en el primer condenado por este escándalo. El exfuncionario firmó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar responsabilidad y, a cambio, obtener una rebaja de la pena. Además, se postuló como testigo de la investigación, a través de un principio de oportunidad.El mismo Pinilla insistió en las garantías de seguridad, pues será testigo en contra de 26 personas, entre funcionarios, exfuncionarios, contratistas y hasta congresistas.

Cuando se destapó el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), saltaron algunos nombres que ahora son protagonistas en la investigación, entre ellos el de Luis Eduardo López, el famoso contratista de los carrotanques. López se acercó a la Fiscalía para advertir que quería colaborar con la justicia a cambio de asumir por completo la responsabilidad en estos hechos y, de paso, excluir a sus allegados de todo el entramado de corrupción. Esto, para recibir beneficios por colaboración.

Para la Fiscalía, el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no fue un hecho aislado, sino una estructura criminal dedicada a la corrupción.

En la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) convirtieron cada emergencia en el país en una posibilidad de negocio. La Fiscalía reveló detalles de este escándalo mientras explicaba la dinámica que llevó a la entidad, responsable de anticiparse a los desastres, a ser considerada una “empresa criminal”, donde un grupo de funcionarios fungieron de cabecillas.Para la Fiscalía es claro que la UNGRD terminó sumergida en una maraña corrupta, como nunca en la historia del país.

La investigación por la muerte, en extrañas circunstancias, de Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía, el general en retiro William Rincón, está en la Fiscalía, aunque la defensa de víctimas advierte que la actuación del ente acusador es precaria.

Aura Alexandra Rosero es magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, no por cuenta de superar los exámenes para la carrera judicial, sino en virtud de un encargo de la Corte Suprema de Justicia. Fuentes del mismo Tribunal advirtieron que Rosero no logró superar el puntaje requerido para ocupar, con todas las credenciales, el cargo de magistrada.