César Jiménez Flechas

Tres ceremonias para las Fuerzas Militares son motivo de orgullo nacional y el presidente de la República, como jefe de Estado, es el encargado de presidirlas. Sin embargo, este año, el presidente Gustavo Petro decidió ignorarlas. Se trata de las ceremonias de ascenso de los oficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.La primera se realizó en Bogotá, en la Escuela Militar, y allí los altos oficiales, los graduados y sus familias, hasta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, debieron esperar por más de dos horas la llegada del primer mandatario.

Una familia conoció en carne viva la injusticia de la justicia a manos de la Fiscalía. En 2017, tres integrantes de la familia Gálvez –Ana Cristina, Isabel Cristina y Victoria Eugenia– fueron capturadas y sus bienes ocupados con fines de extinción de dominio. Entre las propiedades estaba el llamado frigorífico de la Farc.En su momento fue noticia nacional y las mujeres detenidas terminaron en la casa por cárcel. Nueve años después y tras una cuidadosa defensa, la historia escribe un capítulo contrario al que, “tozudamente”, redactó la Fiscalía cuando llevó a juicio a las tres mujeres.

La Policía recibió una llamada de emergencia en la que se advertía que un ciudadano fue atracado a mano armada por un grupo de delincuentes que lo despojaron de la camioneta en la que se movilizaba. Los hechos ocurrieron en el barrio Valladolid, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

La masacre de 11 personas en el departamento de Putumayo, sumado a otros hechos de violencia, entre organizaciones criminales que, supuestamente, están en un proceso de paz o en camino, motivó un llamado de urgencia de la Defensoría del Pueblo, acompañado de una denuncia por el riesgo que padece la población civil.La alerta de la entidad advierte hechos violentos ocurridos en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare.

“Ojalá maten a tu hijo y tú mueras”, señala un mensaje que llegó al celular de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, y que advierte una secuencia de intimidaciones justo cuando la defensa del exdiputado debe definir la ruta en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito: llegar a un acuerdo o enfrentarse en juicio con la Fiscalía.Las amenazas, acumuladas en el celular de Nicolás Petro, quedaron consignadas en un informe forense en poder de la Fiscalía, con los detalles de una extracción al celular del hijo del presidente de la república.

Álex García Mahecha, alias Chipaque, sería, según la Fiscalía, el presunto responsable de adquirir armamento, municiones y accesorios para la estructura ilegal Tren de Aragua y otros grupos criminales vinculados a secuestros, extorsiones, hurtos y sicariatos en Bogotá.La Fiscalía logró, a través de una investigación, que tardó varios meses identificar al hombre responsable de dotar de armas a estas organizaciones criminales y facilitar el transporte de la munición utilizada en actos de homicidio, secuestro y extorsiones, en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.“El hombre fue captur

Como Juan David Méndez fue identificado el hombre que, presuntamente, hizo exigencias extorsivas a una mujer mientras le atribuía la muerte de una supuesta hechicera a la que ella acudió, con el objetivo de ocultar una infidelidad.El hombre capturado en Bogotá le aseguró a la víctima de las extorsiones que, por cuenta de las solicitudes de santería que hizo a la supuesta bruja, esta falleció y sería responsabilidad suya la muerte.

Un fiscal y un juez en Valledupar se hicieron famosos en la capital del vallenato por un concierto, pero para delinquir. Los dos funcionarios terminaron enredados en un escándalo de corrupción en la justicia, con víctimas, dinero y procesos manipulados a cambio de sobornos.La justicia habló y los dos, fiscal y juez, ahora son condenados. El Tribunal de Valledupar, después de un largo proceso, determinó que los funcionarios son responsables de los delitos imputados por la Fiscalía.

Los “cosquilleros” en TransMilenio no son simples atracadores, se trata de una banda criminal con una estructura definida, roles establecidos y millonarias inversiones inmobiliarias con el dinero producto del hurto.

Una investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía permitió desarticular una organización criminal que convirtió a conductores y propietarios de vehículos en víctimas de una estafa directa al corazón de los carros, mediante la fabricación y venta de aceites adulterados.En poder de la Fiscalía están las pruebas que advierten cómo, desde casas y bodegas en Medellín, se hacían mezclas peligrosas para convertir aceite quemado, que salía de otros vehículos, en supuestos productos de calidad que luego eran distribuidos en diferentes ciudad