César Jiménez Flechas

Los protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) están por concretar la negociación con la Fiscalía que los convirtió en testigos del caso y de paso recibir beneficios como el principio de oportunidad por algunos delitos. En otras palabras, cambiar información por restar delitos de la imputación.

Hace más de un año, el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, fue capturado por presuntos vínculos con la banda criminal de La Inmaculada. Sin embargo, a las puertas de un juicio, la Fiscalía lo acusa de algo muy distinto: irregularidades en dos contratos, nada relacionado con un concierto para delinquir, que fue el primer anuncio del ente acusador tras su captura. John Jairo Gómez estuvo ocho meses privado de la libertad y habló con SEMANA.

Un trabajo rápido, pero dispendioso, fue el que hizo la Fiscalía. Tener los resultados que hoy conoce el país en la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres es, sin lugar a duda, un logro importante.

Larry Arley Ogaza Molina, alias Domingo o Jesús María, logró infiltrar la Fuerza Pública a punta de sobornos.

Sneyder Pinilla y Olmedo López escucharon los cargos que la Fiscalía sumó a los procesos en su contra, pero un dato saltó en la imputación y enreda de forma directa al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. De acuerdo con la Fiscalía, fue el exministro el encargado de “direccionar” los contratos que estaban destinados a mitigar el impacto de las lluvias en el norte del país.

El 13 de agosto de 2002, en el norte de Bogotá, hombres armados secuestraron a Fernando Balda, el líder político y opositor del Gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Minutos después cayeron en un puesto de control de la Policía y fueron capturados. La fiscal encargada de llevarlos a la cárcel, según el Tribunal de Bogotá, terminó favoreciéndolos. Se trata de la fiscal Consuelo Montañez, que de acuerdo con los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, no cumplió con su función en el proceso que se adelantaba contra los hombres capturados por el secuestro del líder político ecuatoriano.

Tanto la Fiscalía como el Consejo Superior de la Judicatura advirtieron que el día cívico no es con ellos.

Lix Verónica Novoa es una mujer que, en Villavicencio, departamento de Meta, logró convertirse, de acuerdo con la Fiscalía, en la reclutadora de víctimas para las redes de trata de personas en México. Se encargó de ubicar a otras mujeres en redes sociales y hacer falsos ofrecimientos de trabajo en hoteles de cinco estrellas, pero todas terminaban secuestradas y obligadas a trabajar en prostitución.

Fueron 14 las personas entre funcionarios y exfuncionarios de la Armada Nacional, además de contratistas de la entidad, los que resultaron capturados luego de 13 meses de investigación de la Fiscalía, contra una red de tráfico de drogas que se gestó en el interior de la Armada y en los principales puertos del Caribe y Pacífico colombiano.Se trata del llamado Cartel de la Armada, una organización criminal integrada por oficiales e infantes de marina que por años lograron construir su propio emporio criminal, con la información privilegiada que obtenían producto de sobornos a otros funcionari